La jueza que investiga a Eduardo Zaplana prorroga la instrucción seis meses

La jueza que investiga al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, dentro del caso Erial por el supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano, ha decidido prorrogar la instrucción otros seis meses más, hasta el 29 de julio ...

La jueza que investiga al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, dentro del caso Erial por el supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano, ha decidido prorrogar la instrucción otros seis meses más, hasta el 29 de julio de 2022. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha dictado este miércoles un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ordena continuar la investigación y recalca el interés por “llegar a la verdad”.

La magistrada ya había propuesto la prórroga de las actuaciones sobre el supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano en un escrito previo, algo a lo que se habían opuesto la mayoría de las defensas, incluida la de Eduardo Zaplana.

En su resolución de hoy, la jueza defiende el proceso de investigación y rechaza que haya dilaciones injustificables tal y como había expresado alguna de las partes, al tiempo que defiende que a su parecer no se puede dar por finalizada la instrucción, pues falta analizar —por ella y por la UCO— documentación intervenida al exconsejero valenciano Fernando Castelló y la contestación a varios requerimientos emitidos.

Recuerda el volumen de la documentación que forma parte de la causa, mucha de ella de carácter bancario, que ha hecho que se generen datos que hacen necesario seguir trabajando sobre ellos, y cuyo resultado “puede sustentar no solo la acusación sino también la defensa”, recuerda la magistrada, que apunta que el caso no es el único que se trata en el juzgado ni por parte de la UCO. En esta línea, no acepta que se valore como “sesgado y erróneo” el análisis de la documentación.

Esgrime también que solo cuando se finalice el análisis de la información se puede hacer necesaria la práctica de diligencias que puedan llevar también a mantener en la causa a uno o varios investigados o a excluirlos de la misma. “No habiendo mayor interés que llegar a la verdad de lo acaecido y a la participación o no en los hechos de los investigados”, asevera.