La Generalitat valenciana recupera 609.000 euros de la malversación de fondos públicos del ‘caso Blasco’
La consejera Rosa Pérez Garijo destaca que se reintegra el dinero expoliado a la cooperación en la etapa en la que el político condenado dirigía el departamento
La Consejería de Cooperación de la Generalitat valenciana ha ingresado 609.006 euros del caso Blasco, que se destinarán a la gestión de políticas de cooperación valenciana. El Tribunal de Cuentas comunicó el pasado 1 de junio a este departamento el mandamiento de pago de 609.006,54 euros, correspondiente al importe de la finca rústica subastada en la Partida de El Carrascal de Alzira, propiedad del exconsejero del Gobierno valenciano ...
La Consejería de Cooperación de la Generalitat valenciana ha ingresado 609.006 euros del caso Blasco, que se destinarán a la gestión de políticas de cooperación valenciana. El Tribunal de Cuentas comunicó el pasado 1 de junio a este departamento el mandamiento de pago de 609.006,54 euros, correspondiente al importe de la finca rústica subastada en la Partida de El Carrascal de Alzira, propiedad del exconsejero del Gobierno valenciano Rafael Blasco, condenado por malversar fondos públicos destinados a la cooperación.
El Tribunal de Cuentas condenó en 2015 a Blasco y otros ex altos cargos del Consell, además de a dos empresarios, a pagar de forma solidaria 1,6 millones de euros al Gobierno autonómico por la malversación.
Pérez Garijo ha destacado que “continuamos reintegrando poco a poco el dinero expoliado a la cooperación valenciana en la etapa del señor Blasco como conseller, un dinero que se tenía que haber destinado a programas de cooperación en países desfavorecidos pero que acabó en sus bolsillos”.
La consejera de Cooperación ha subrayado que “esa es la diferencia entre un gobierno que gestionaba para sus propios intereses particulares y un gobierno, como el actual, que lo hace para el interés general”.
Pérez Garijo ha detallado que “esta cuantía que ahora ingresamos irá destinada a las partidas de cooperación, de donde nunca tenía que haber salido”, un dinero que entre otras acciones “se utilizará para poner en marcha la Oficina de la Agenda 2030 en los pisos de la antigua Fundación Cyes en la Avenida Ausiàs March, que ahora son propiedad de la Generalitat”.
Dicho importe, se destinará a través de la línea presupuestaria “Restitución de fondos indebidamente dispuestos”, a la convocatoria de subvenciones a Organizaciones o Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD). Dicha línea de ayudas financiará proyectos y programas de cooperación internacional al desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente empobrecidas.
En este sentido, la cantidad actualmente prevista en la convocatoria, y que asciende a 22.000.000 de euros, se completará con parte de estos fondos, aproximadamente 550.000 euros más.
El resto irá destinado a la rehabilitación y puesta en funcionamiento de los locales de la avenida de Ausiàs March, antigua sede de la Fundación Cyes, y que también fueron adjudicados a la Generalitat, en ejecución de sentencia. El pasado mes de octubre dichos locales fueron adscritos a la Consejería de Cooperación, a través de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo.
Estos espacios cuentan con una superficie de 576,5 metros cuadrados y albergarán un espacio para el desarrollo de actividades propias en materia de cooperación internacional al desarrollo, tales como talleres, jornadas, coworking para ONGD, sala de exposiciones, así como la ubicación de la Subdirección General para la Implantación de la Agenda 2030.
La Fundación Cyes compró estas oficinas con el dinero procedente de dos subvenciones recibidas a través de convocatorias de cooperación internacional durante la época en la que Rafael Blasco ejercía el cargo de consejero. Estas ayudas se deberían haber destinado a proyectos de cooperación en Nicaragua. La sentencia del caso Blasco obligó a la Fundación Cyes a devolver el dinero recibido, en este caso en forma de bienes inmuebles.