Alcaldes de Junts y del PSC pugnan en el Congreso por la ley de la multirreincidencia
La entidad Arc Metropolità, con mayoría de ediles socialistas, reivindica la norma. “La gente que hurta de forma reiterada la quiero en la cárcel”, dice Marta Farrés
El Congreso aprobará este jueves la ley de la multirreincidencia pactada por Junts, PSOE y PP. La norma la reivindica tanto Junts, que ha abanderado la negociación, como Arc Metropolità, la asociación que agrupa a una decena de alcaldes de la segunda corona de Barcelona de diferente color político aunque en su mayoría son del PSC. Las dos formaciones pugnan por la autoría de una ley clave cuando se otea en el horizonte las elecciones municipales de 2027. “Ya la reclamábamos desde la pasada legislatura. Y de la misma manera que la reivindicamos, también cuando conseguimos éxitos queremos formar parte”, dice la alcaldesa de Sabadell, la socialista Marta Farrés, rechazando que su objetivo sea que Junts capitalice la ley al apelar al carácter transversal de la asociación. Alcaldes de un sector y otro reivindican celebran en cualquier caso la norma al considerar que mejorará la seguridad de sus municipios.
La decena de alcaldes de Arc Metropolità se han reunido este miércoles con grupos parlamentarios en el Congreso y su plan era asistir al debate. Sin embargo, el grupo ha decidido regresar a Cataluña, en coche, para estar presencialmente al frente de los Ayuntamientos durante la emergencia por el vendaval. No estarán por tanto en el debate de la nueva ley que prevé a partir de ahora que los hurtos dejen de ser tratados como algo aislado y que se castiguen con entre uno y tres años de prisión cuando haya reincidencia; que los Ayuntamientos puedan advertir a la Fiscalía y personarse como acusación particular o que las policílocales puedan acceder a la información judicial centralizada.
La tramitación de la ley se desbloqueó en diciembre pasadao gracias al acuerdo entre Junts y el PSOE. Los socios progresistas del Gobierno la rechazan. Junts reivindica la autoría de la ley -“Es nuestra”, dicen fuentes del partido- y Míriam Nogueras, líder del grupo parlamentario, comparacerá en el Congreso tras el debate acompañada de media docena de sus alcaldes (Calella, Cabrera de Mar, Sant Vicens de Castellet y Vila-seca) y concejales de Terrassa, Girona, Manresa, Roda de Ter y Manlleu. Los alcaldes de Martorell e Igualada forman parte de los dos grupos.
La asociación Arc Metropolità se fundó en 2021 y en 2022, por tanto, antes de las las últimas elecciones municipales, ya se reunió en el Congreso con todos los grupos. La delegación acudió entonces con una doble carpeta: la de evitar las ocupaciones y la de la multirreincidencia. La alcaldesa de Rubí, la socialista Ana María Martínez, que preside ahora Arc Metropolità, ha expresado la satisfacción por la inminente aprobación de la ley al sostener que desde hace tiempo reclamaban introducir cambios legislativos. “La pequeña delincuencia, a menudo vinculada con hurtos reiterados, se ha visto favorecida con determinados vacíos legales”, ha afirmado señalando que ha eso ha afectado a la tarea de las policías municipales y de otros cuerpos policiales en la prevención de delitos. “Con la ley se refuerzan los instrumentos para combatir la multirreincidencia”.
La entidad, que actúa como como lobby y agrupa a las ciudades medianas que envuelven a Barcelona, cuenta con los alcaldes socialistas: Rubí, Sabadell, Vilanova, Vilafranca, Granollers, Mollet, Mataró, todos ellos dirigidos por el PSC; Martorell (Junts); Terrassa, de TotxTerrassa -un candidatura nacida de una escisión del PSC- e Igualada. El PSC, empezando por el president Salvador Illa y siguiendo por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, habla desde hace tiempo de seguridad como política de izquierdas y defiende que debe afrontarse sin complejos.
“No se trata de que me lo pida la gente (La ley de la multirreincidencia). Lo veo como alcaldesa. La gente que comete muchos hurtos de manera reiterada no los quiero en las calles de Sabadell. Los quiero en la cárcel”, expone la alcaldesa de Sabadell. Farrés arguye que la multirreincidencia afecta al comercio de proximidad, genera sensación de impunidad y desgasta a la policía local. “Tenemos claro desde hace tiempo que hablar de seguridad es hablar de una política pública más y en ningún caso es política de derechas. Es al contrario”, recalca. “Hacer políticas de seguridad coherentes y justas es tener más calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades. Es hablar de progreso”. Farrés señala que la diferencia con las fuezas de derecha es que solo habla de seguridad y criminaliza siempre a los inmigrantes sin apostar por las políticas sociales.