La lluvia empuja a los desalojados del B9 de Badalona a refugiarse bajo una salida de la C-31

Un grupo de personas desalojadas esta semana del antiguo instituto B9 de Badalona ha pasado la noche de este viernes refugiado bajo una salida de la C-31, en el barrio de Sant Roc, después de que la Guardia Urbana les prohibiera de montar las tiendas de campaña en la la plaza donde se habían concentrado tras el desalojo.

El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, ha asegurado que ordenará la retirada de las tiendas de campaña para evitar que “se consolide un campamento”, aunque ha afirmado que actuará con “mano izquierda” debido a las lluvias que afectan a la zona. “No se puede normalizar la ocupación del espacio público”, ha señalado en declaraciones a Rac1.

Ante la inacción del Ayuntamiento de Badalona para dar solución a esta situación, la Generalitat y un grupo de entidades han alcanzado este sábado un acuerdo para dar cobijo temporal a las personas que se han quedado sin alojamiento, según informa el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión en un comunicado. “Se trata de un dispositivo de emergencia debido a las condiciones climáticas adversas, situado en Badalona, y que funcionará como servicio de pernocta, de 20:00 de la noche a 08:00 horas de la mañana, con el apoyo del centro diurno Flore”, detalla. En este dispositivo participarán, además de la Generalitat, Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials, y la Fundació Llegat Roca i Pi.

La lluvia intensa durante la madrugada de este sábado y la presencia policial han ido dispersando al medio centenar de personas que permanecían en las inmediaciones del antiguo centro, desalojado el miércoles con un gran operativo policial celebrado por el alcalde. Muchas de ellas, en su mayoría migrantes, han buscado refugio en otras zonas de Badalona, bajo el puente de la autovía, así como en portales y descampados cercanos.

Desde el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña denuncian un “acoso policial” y advierten de que las personas desalojadas “no pueden desaparecer”. El desalojo del B9, donde llegaron a vivir cerca de 400 personas, ha suscitado críticas de relatores de la ONU para el derecho a la vivienda y para los derechos de los migrantes, que han calificado la operación como una “grave violación” de las libertades fundamentales.