Los Mossos desalojan el B9 de Badalona, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña
El Ayuntamiento accede al recinto tras recibir la autorización judicial y después de más de dos años de ocupación
No ha habido sorpresa de última hora en el antiguo instituto B9 de Badalona. Los rumores que circulaban se han cumplido pese al intenso aguacero que, la víspera, anegó parte de la ciudad: a las 7.00 de la mañana de este miércoles, un amplio despliegue policial ha empezado el desalojo del que, hasta ahora, era el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña. Aunque algunos se han marchado en los últimos días, conscientes de que el desahucio era inminente, el grueso de los residentes —llegaron a ser más de 400— ha decidido permanecer, hasta el último minuto, en el viejo centro de enseñanza que, durante más de dos años, ha sido su techo y refugio.
Los habitantes del B9, la mayoría migrantes subsaharianos, han empezado ya a recoger sus pertenencias bajo la vigilancia de un amplísimo despliegue policial que incluye efectivos de la policía local, los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía, este último con competencias en materia de extranjería. Ni la protesta convocada a primerísima hora por las organizaciones que dan apoyo a los residentes del instituto ni los recursos judiciales de último minuto han hecho virar un desenlace que quedó fijado el pasado 4 de diciembre. Ese día, la jueza accedió a la petición del Ayuntamiento de Badalona de entrar al local y echar a los ocupantes en un plazo máximo de 15 días y en horario “diurno”. Es la solución que el alcalde, Xavier García Albiol (PP) llevaba meses reclamando con el argumento de que los migrantes del B9 son en su mayoría delincuentes y causan problemas de inseguridad e incivismo.
Ibrahim N., nigeriano, llegó a España hace un mes y vivió algunos días en el asentamiento. “Salí la semana pasada. Había mucha gente y ya se decía que la policía podía llegar en cualquier momento”, ha explicado junto al primer grupo que ha salido del recinto al son de tambores y batuques. Allí, en el exterior, se han concentrado activistas en protesta por el desalojo y con críticas a la policía. “A mí me pagan el sueldo por echar a la gente del pueblo a la calle”.
Tras perder la batalla en los tribunales, los abogados del colectivo presentaron un escrito al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para reclamar la paralización temporal del desalojo. El tribunal, con sede en Estrasburgo, les dijo que no el martes, a pocas horas de que se ejecutase la orden judicial. La resolución especificaba que los ocupantes podrían volver a reclamar medidas si había “un cambio de circunstancias”, y citaba como ejemplo que “los servicios sociales fallaran a la hora de proveer de asistencia adecuada”.
Y esa es, precisamente, la gran incógnita de esta operación de desalojo colectivo de un asentamiento de migrantes, una de las mayores llevadas a cabo en España. En sus escritos a la jueza, el Ayuntamiento de Badalona dejó claro que no iba a proporcionar una solución “habitacional” a los ocupantes, ni siquiera a las 166 personas que están en seguimiento de los servicios sociales. En conversación con este diario, Albiol explicó que una treintena de personas, las más vulnerables, sí recibirían una primera asistencia “muy temporal” (pensión u hotel).
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles en la última sesión de control del año que el desalojo se está haciendo “con valores” y procurando “atender a todos los que hay que atender”. Illa ha justificado el desalojo porque “hay que cumplir las leyes” y, en este caso, ha habido una juez que ha dado el mandato de proceder a este desahucio, “que no ha instado el gobierno de Cataluña, sino el Ayuntamiento de Badalona”.
La líder parlamentaria de Comuns, Jéssica Albiach, ha denunciado que el desalojo es una “vulneración de los derechos humanos”, ha protestado, y ha urgido a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Regularización Ya y a acabar con los problemas de infravivienda.
La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, también ha salido al paso para defender el cumplimiento de las sentencias judiciales. “Debemos recordar que hay una orden judicial en marcha a raíz de una petición del Ayuntamiento de Badalona para desalojar a unas personas de unas instalaciones que no reúnen las garantías y no es sitio para ellas. Servicios sociales sí que está, y el departamento también, y se han hecho gestiones para derivar a 59 personas”, ha dicho.
Forzados a moverse en los últimos años, a golpe de desalojo, de nave en nave y de local en local, no hay soluciones al alcance para la inmensa mayoría de los ocupantes. Los que se han ido antes del desalojo, explican personas del colectivo que les apoya, se han instalado “en otros asentamientos” o, directamente, en tiendas de campaña al raso. El resto, o sea la mayoría, no tienen tampoco un lugar adonde acudir".