Los abogados catalanes se movilizan para mejorar las pensiones de los letrados del turno de oficio
Junts lleva al Congreso de la mano de unos colegios profesionales divididos una enmienda a la Ley de la Seguridad Social
Los colegios de abogados de Cataluña votaron el pasado 1 de diciembre a favor, aunque divididos, del contenido de una enmienda presentada por Junts en el Congreso a la reforma de la Ley de la Seguridad Social. La iniciativa pretende compensar un agravio que hace años denuncian los letrados encargados de cubrir el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita: tener unas pensiones contributivas dignas y acabar con un modelo que provocaba que profesionales que se han dedicado al turno de oficio acaben con unas prestaciones cuando se jubilan que a veces se quedan en los 300 euros.
Pese al propósito de la enmienda, el apoyo salió adelante pero con múltiples abstenciones. El colegio de Barcelona, el mayor de los catalanes, ha decidido crear un grupo de trabajo para estudiar la medida tras el cambio de junta. El Colegio de la Abogacía de Tarragona está detrás del impulso de la enmienda, aunque colectivos de otros territorios de España también han mantenido una interlocución con el conjunto de las formaciones políticas para que sacaran adelante peticiones que van en el mismo sentido de mejorar las condiciones de su jubilación. Junts ha rehusado hablar de la iniciativa, que está pendiente de votación en el Congreso.
El antiguo sistema de mutualidades de previsión social vinculadas a los colegios profesionales está detrás de la situación que intenta resolver la enmienda presentada en el Congreso. Los abogados y los procuradores (también afectados) son en muchas ocasiones trabajadores autónomos que hace décadas confiaban en mutualidades para canalizar fondos que les ofrecieran prestaciones tras la jubilación. En contra de lo que sucedió con otros colectivos profesionales, los abogados no pudieron hasta 1995 decidir si cotizar en la mutua, como hasta entonces, o en la Seguridad Social, con el riesgo de perder sus aportaciones.
La enmienda presentada ahora por Junts llama a crear una disposición adicional en la Ley General de Seguridad Social que da cobertura a los abogados inscritos en el turno de oficio de los colegios de abogados de toda España con un reconocimiento equivalente a cotizaciones sociales. Para su cálculo, la propuesta utiliza un coeficiente máximo, el resultante de dividir el importe bruto anual recibido por el turno de oficio entre el salario mínimo interprofesional (SMI) con un máximo de ocho meses al año. Los abogados demandan asimismo que tenga carácter retroactivo hasta 1995.
En todo caso, la propuesta no alcanza plenamente la reclamación de los colectivos de abogados, que demandan que se tenga en cuenta por plena equivalencia sus aportaciones de capital a las mutualidades y que se habilite una pasarela para pasar todos los fondos aportados a las mutualidades al sistema RETA (el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social).
“La propuesta”, señala el texto, “persigue corregir esta desigualdad histórica, estableciendo un sistema de reconocimiento equivalente a cotizaciones para los letrados de oficio en ejercicio, en términos proporcionales a los ingresos percibidos y con un límite razonable”. Considera así que se les ofrece la misma condición que a cualquier empleado de un servicio público esencial. Si acaba aprobándose, quedarían excluidos del cobro de esa prestación quienes ya perciban prestaciones superiores a dos veces el SMI.
“Con esta prestación ponemos fin a un agravio histórico”, explica David Rocamora, decano del Colegio de Tarragona. La medida, sin embargo, no ha logrado un consenso unánime en el sector. Desde su punto de vista, esa negativa surge del temor de que los colegios tengan que asumir esos pagos, que Rocamora considera que tiene que asumir quien es el empleador de los turnos de oficio, la administración de Justicia, y del miedo de que frene la consecución de otras reivindicaciones que siguen pendientes.
El problema actual de los abogados es que la evolución de sus aportaciones a las mutualidades ha sido muy baja y, con ellas, el resultado de sus pensiones. Por ello, los abogados demandaban que se habilitara una pasarela que permitiera convertir los recursos aportados a las mutualidades en cotizaciones en el régimen RETA (de trabajadores autónomos) de la Seguridad Social, de forma que pudieran optar a una pensión contributiva mayor. El Gobierno opta por que esa vía fuera solo para quienes pudieran encontrarse en “situación de vulnerabilidad”, lo que no agradaba a los colectivos que han liderado los últimos años las protestas. Esa vía alternativa sigue entre las peticiones de los colegios profesionales.
“No tengo nada: tengo 59 años, 32 años de oficio y mi pensión se quedaría en 387 euros”, se lamenta la abogada sevillana Ana Gil, una de las portavoces del colectivo #J2 (Jodidos). En su opinión, es necesario que se habilite una puerta de salida de los abogados y de los procuradores de las mutualidades a las que han aportado fondos durante años de forma obligatoria y se les abran las puertas de la Seguridad Social como un trabajador autónomo más.