La renta garantizada no logra sacar de la pobreza severa a dos de cada tres familias con hijos que la perciben
Dos informes de Ivàlua, la agencia de evaluación de políticas públicas de la Generalitat, concluyen que la prestación está muy lejos de sus objetivos
La desigualdad que se ha instalado entre la población catalana y española pese a la buena marcha de la economía en términos macroeconómicos hace que la pobreza se haya cronificado, y que se haya llegado a situaciones ins...
La desigualdad que se ha instalado entre la población catalana y española pese a la buena marcha de la economía en términos macroeconómicos hace que la pobreza se haya cronificado, y que se haya llegado a situaciones insólitas: no solo tener un empleo no evita la pobreza, sino que ni las prestaciones sociales más básicas logran sacar a las familias vulnerables de la privación. Dos informes de Ivàlua, la agencia de evaluación de políticas públicas de la Generalitat, concluyen que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) está lejos de cumplir sus objetivos, especialmente en lo que atañe a los menores de edad y a las mujeres. En los informes, Ivàlua alerta de que dos de cada tres familias con hijos que perciben la prestación continúan en situación de pobreza severa a pesar de tener esta ayuda, y que las mujeres que la perciben sufren más vulnerabilidad que los hombres. La Generalitat está impulsando una reforma de la RGC para que llegue a más gente y para que sea compatible con otras ayudas y situaciones, pero el sindicato CC OO lo considera insuficiente y reclama medidas “urgentes”.
Los dos informes de Ivàlua analizan la prestación en el periodo entre 2021 y 2023. Mirnaya Chabas, responsable de Protecció Social en CC OO de Cataluña, explica que se ha hecho poco desde entonces para mejorar la situación que denuncian los informes, pese a que el Govern tiene en marcha una reforma legal de la RGC, que recientemente pasó por el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. El informe que la analiza desde la perspectiva de género indica que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres por causas estructurales como su responsabilidad en los cuidados familiares, y esto se ve en la RGC: el 55,4% de los beneficiarios son mujeres. Uno de los aspectos que destaca el informe es que las mujeres que reciben esta ayuda tienen “desincentivos para acceder al mercado laboral”, ya que tienen miedo de perder la prestación. En este sentido se enmarca una de las propuestas de reforma de la ley, que es que la RGC sea compatible con las rentas del trabajo hasta un cierto límite, para que sea posible una transición más progresiva. En su informe, Ivàlua destaca que en el caso de las mujeres la RGC “protege de la vulnerabilidad extrema, pero es insuficiente para poder acceder a algunos bienes y servicios esenciales para garantizar una vida digna”. Esto debido, sobre todo, a un aumento del coste de la vida y de la vivienda que no se compensa con la cuantía de la prestación.
En el informe sobre la RGC desde la perspectiva de la infancia y la adolescencia, las conclusiones de Ivàlua son muy graves. El organismo considera que la cuantía de la prestación “es adecuada para los hogares más pequeños pero resulta insuficiente para los hogares más grandes, de más de tres miembros, donde suelen vivir menores”. El resultado es demoledor: una vez reciben la prestación, solo el 4,4% de los hogares sin hijos continúa en situación de pobreza severa, mientras que en el caso de los hogares con hijos, el 66% continúa en pobreza severa. Es decir, que la prestación no funciona como vehículo para salir de la pobreza en el caso de las familias con hijos.
Estar en pobreza severa, una situación en la que se encontraban más de 167.000 menores de edad en Cataluña en 2023, significa que los ingresos del hogar son menores de 697,79 euros. La pobreza infantil en Cataluña, que afecta al 26,74% de los menores de edad (uno de cada cuatro menores está bajo el umbral de la pobreza) es siete puntos porcentuales más alta que la media europea. La pobreza severa, que afecta al 12,35% de los menores, es 5,5 puntos más alta que la media europea. El informe critica la confusión entre la RGC y el Ingreso Mínimo Vital, la falta de elasticidad de la prestación para los hogares con más hijos, y que la cobertura de la prestación catalana es insuficiente con respecto a todos los menores de edad que podrían percibir esta ayuda, entre otras cosas.
La Generalitat creó la Renta Garantizada de Ciudadanía en 2017 a raíz de una iniciativa legislativa popular que logró dos grandes hitos: que el Parlament votase por unanimidad a favor de esta prestación, y que esta se fijase como un derecho subjetivo. Es decir, que a partir de ese momento se le reconoció el derecho a recibir la ayuda a cualquier persona que cumpliera los requisitos. Esta novedad, con la que se pretendía unificar las ayudas sociales y ampliar su rango de cobertura, se ha incumplido sistemáticamente: en anteriores informes Ivàlua señalaba que la cobertura de la RGC apenas superaba el 40% de los hogares que tienen derecho a esta prestación. Con los datos del pasado mes de septiembre, en Cataluña hay 136.343 beneficiarios de la RGC, pero en Cataluña el 24% de la población, unos 1,92 millones de personas, está bajo el umbral de la pobreza, según la tasa Arope.
La RGC es subsidaria del Ingreso Mínimo Vital desde que esta prestación estatal entró en vigor en 2020. Esto significa que las familias que piden una ayuda primero obtienen el IMV y luego, si cumplen los requisitos, obtienen la RGC hasta que el montante total de las dos prestaciones llegue al límite que marca la ayuda catalana (en el rango que va entre los 778,49 euros para un hogar con una persona y los 1.416,86 euros para hogares de más de cinco personas)
El despliegue ha sido lento y complicado, y hasta llegó a judicializarse por parte de posibles beneficiarios que veían sus solicitudes rechazadas. También ha habido episodios como la reclamación, por parte de la Generalitat, de pagos indebidos que se habían realizado por la lentitud y desorganización del sistema. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha intentado atajar todos estos problemas en primer lugar impulsando una amnistía para las personas que tenían que retornar el dinero de prestaciones que les fueron abonadas indebidamente; y en segundo lugar impulsando una reforma legal de la RGC para que esta sea compatible con rentas del trabajo hasta un límite —los ingresos familiares no deberán superar, entre ayudas y salarios, los 1.550 euros al mes— y para que la prestación pueda llegar a más gente.