El Tribunal de Cuentas condena al exdirector de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso a devolver 82.341 euros

El Tribunal de Cuentas ha condenado a Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), a devolver 82.341 euros cobrados indebidamente cuando estaba al frente del citado organismo. La propia OAC y la Fiscalía habían reclamado más del doble de la cantidad a la que ha sido condenado a reintegrar, en concreto 205.000 euros. El motivo de la rebaja reside en que la resolución dictada entiende que la deuda ha prescrito parcialmente. De Alfonso estuvo al frente de la oficina catalana Antifraude entre 2011 y 2016.

La consejera encargada del caso, Elena Hernáez —nombrada a propuesta del PP— explica en su resolución que en este caso “tiene que considerarse prescrita la responsabilidad contable derivada de todos los pagos injustificados antes del día 27 de marzo de 2013”, porque “respecto a estos pagos se habría completado el plazo de prescripción de cinco años”. La fecha fijada a efectos de prescripción fue la del 27 de marzo de 2018, día en que quedó aprobado el Informe de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre la OAC.

La sentencia del departamento segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas explica que la conducta del exdirector de la Oficina Antifraude fue “gravemente negligente”, en la medida en que entre 2012 y hasta su cese en 2016, cobró 7 trienios de su carrera judicial por un importe correspondiente a los devengados en la propia OAC. Ello supuso —añade la consejera Elena Hernáez— que De Alfonso percibiera en ese período una cantidad sustancialmente superior a la que le correspondía. El fallo puede ser objeto de recurso ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas.

Daniel de Alfonso ocupó el cargo de director de la Oficina Antifraude durante cinco años. Su mandato se interrumpió en 2016 cuando fue destituido por el Parlament, tras hacerse públicas grabaciones de conversaciones que mantuvo con el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP). La destitución fue aprobada por 120 votos a favor, procedentes de Junts pel Sí (JxSí), Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP en la asamblea autonómica. Sólo los 11 diputados del PP se opusieron a esta medida.

En las grabaciones, de las que dio cuenta el diario Público, De Alfonso se refería a supuestos casos de corrupción de dirigentes políticos de ERC y CDC. El entonces director de la OAC le explicaba en ellas al titular de Interior que “nosotros estamos investigando cosas de Esquerra”, y le añadía que “son muy débiles, esa es la verdad ministro”. El diálogo entre De Alfonso y Fernández Díaz se produjo en 2014.

Las “cosas” a las que se refería De Alfonso estaban relacionadas con la sociedad Cespa, una filial de Ferrovial, en la que trabajaba entonces el hermano del líder de ERC, Oriol Junqueras. El propio director de la OAC admitía en la conversación la debilidad de la investigación, pero el ministro insistió en que el volumen de facturación de Cespa se había disparado en las fechas a que se remitían las indagaciones. De Alfonso también le expuso a Fernández Díaz que había otro asunto que podía interesarle, relativo al ascenso de dos cuñadas de Felip Puig —exconseller de Empresa y Ocupación—, por parte del también exconseller —de Presidencia— Francesc Homs, promoción que tal vez hubiera podido ser favorecida irregularmente. A preguntas del ministro, el director de la OAC precisaba que “Felip Puig no aparece, lo que pasa es que casualmente son sus dos cuñadas”. Hasta que en un momento determinado, el titular de Interior le pide a De Alfonso una copia de su informe, a lo que este le contesta que “te la voy a dar, te la he traído para eso”, aunque también le explica a su interlocutor que el problema es que “no lo tengo cerrado”. El ministro, a su vez, le contesta ante sus dudas que “esto la Fiscalía te lo afina”.

La resolución que aprobó el Parlament sobre la destitución del director de la Oficina Antifrau de Cataluña argumentaba que el contenido de las conversaciones suponía “un notorio y grave incumplimiento” de los deberes y obligaciones inherentes al cargo que ocupaba De Alfonso. En concreto, la asamblea autonómica catalana consideró que se habían incumplido desde la dirección de la OAC los deberes de “independencia y objetividad”, así como los de “reserva y confidencialidad”.