El Club de Mar de Sitges asume su desahucio y vacía su sede
El juez cita a la directiva el jueves a las ocho de la mañana para que entregue las llaves
Tablas de pádel surf, kayaks y patines de vela salían la mañana de este martes del almacén del Club de Mar de Sitges. Su dirección acababa de presentar un recurso de reposición ante la Justicia para frenar in extremis el desahucio de su histórica sede de la asociación, ubicada entre el paseo marítimo y la arena de la playa de la población del Garraf y condenada por incumplir la Ley de Costas, pero empezaba a dar su brazo a torcer. Tras años de lucha, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado que el jueves a las ocho de la mañana sean entregadas las llaves. Si no cambian las cosas otra vez a última hora, el siguiente paso será la presentación de un concurso de acreedores que permita liquidar las propiedades del club y pagar a la plantilla, una quincena de trabajadores, la mayoría del restaurante, con algunos de los cuales ya hubo despedidas el pasado domingo.
“Hasta el jueves a las ocho de la mañana vamos a batallar”, asegura por teléfono Gemma Marcé. La presidenta del club encargada de los temas económicos era consciente de que solo se podían salvar en el caso de obrarse “un milagro” en un club que llegó a tener más de 400 asociados y que ahora, tras confirmarse su final, había sufrido un goteo imparable de bajas. El golpe definitivo llegó el pasado 16 de octubre con el sello del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Un auto dictaba la autorización al Ministerio de Transición Ecológica para que accediera a las instalaciones “con el propósito de recuperar los bienes del demanio marítimo-terrestre que viene ocupando esa entidad pese a carecer título para ello”. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrán auxiliar y proteger a los funcionarios ejecutantes”, señalaba también la decisión judicial.
Acabará así un litigio iniciado en 2003. Desde entonces, el Club de Mar se quedó sin la concesión administrativa sobre las instalaciones, ya que ocupaba espacio protegido, junto a otros locales colindantes, el Kansas y el Picnic. En un principio, tras el abandono del recinto, el Ministerio podrá recuperar una pastilla de unos 10.000 metros cuadrados de playa seca, si es que el inmueble, construido por Josep Antoni Coderch y calificado como Bien Cultural de Interés Local, acaba siendo derruido, porque ahora mismo pesan unas medidas cautelares judiciales que bloquean ese paso. La junta actual está convencida de que esa demolición llegará, pero como considera que la Administración tardará en tomar esa decisión, considera mejor que siga albergando las actividades actuales hasta justo antes de la demolición. “Tenemos que intentar evitar que esto se quede vacío, porque veremos cómo se va degradando y acaba siendo ocupado”, avisa Anna Rosés, vicepresidenta y responsable de temas económicos.
La historia del Club de Mar no es única. Otras asociaciones náuticas catalanas han padecido la presión de la Ley de Costas y la advertencia de cierre por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Según esa norma, aprobada en 1988 y modificada en 2014, las instalaciones costeras no pueden superar los 300 metros cuadrados en dominio público, con una licencia máxima de 30 años. El CN de Cabrera de Mar y el CN Pineda de Mar ya cerraron por el mismo motivo.
Las últimas juntas de la asociación sitgetana han protagonizado un rifirrafe con la justicia en los últimos años en un intento desesperado de no ver la liquidación del club. En julio, en plena campaña de casals veraniegos, ya se produjo una, cuando se previó el cierre y fue finalmente suspendido. Han buscado alternativas, pero ni la Costa Dorada ni, en especial, Sitges tienen espacios próximos a la playa que permitan ofrecer los servicios que el Club de Mar ofrecía a sus socios: guardar su material náutico y el de la propia asociación.
Ahora, los gestores ven una concatenación de hechos traumáticos: entrega de llaves, presentación de concurso, liquidación y despido de los trabajadores, que probablemente tendrá que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para asegurarse su indemnización. Si nada cambia, será el fin de una entidad con 73 años de historia.