El alcalde de Sant Cugat impondrá controles previos para acceder al padrón: “No puede ser un coladero”
El municipio, uno de los más ricos de Cataluña, prepara un protocolo que incluirá inspecciones de la policía local en los domicilios antes de tramitar el alta
Sant Cugat del Vallès se ha unido a la batalla emprendida por algunos municipios para fiscalizar el acceso al padrón municipal. Tras destapar este verano un fraude masivo, con más de 320 contratos falsos de alquiler, el ayuntamiento impulsará un nuevo protocolo que busca “endurecer las condiciones de acceso” al trámite. El alcalde, Josep Maria Vallès (Junts per Catalunya), explica a EL PAIS que el nuevo protocolo supondrá, entre otras cosas, un incremento de las inspecciones previas por parte de la policía local para asegurar que la persona interesada reside efectivamente en el municipio. “No haremos efectivo el empadronamiento hasta que se haga esa comprobación. El padrón no puede ser un coladero”, zanja.
La ciudad, con 98.000 habitantes y una de las más ricas de España, se une así a la senda seguida por otros municipios, muchos de ellos en manos de Junts y PSC, de eliminar los automatismos y aumentar la vigilancia en la concesión del padrón. “Tiene que haber más filtros de control”, defiende Vallès para, entre otras cosas, evitar que se repitan fraudes. Por ahora, Sant Cugat exige un “título habilitante” (alquiler o propiedad) y hace algunas comprobaciones, pero el alcalde señala que, con el nuevo protocolo, esas inspecciones “se tendrán que hacer más a menudo”.
El acceso al padrón municipal, un trámite que es la puerta de entrada al disfrute de otros muchos derechos (educación, sanidad, servicios sociales) está siendo objeto de una intensa controversia en Cataluña. En especial, desde que la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols (del partido ultra Aliança Catalana) se vanaglorió de poner trabas a los extranjeros que querían empadronarse en el municipio. Sin llegar a incumplir la ley, Orriol dijo que apuraba el máximo plazo legal (tres meses) antes de dar luz verde el empadronamiento.
Hay municipios, como Lleida y Martorell, que se han rebelado contra la obligación, impuesta por ley, de empadronar a ocupas. La normativa dice que los consistorios deben empadronar a “todos los que acrediten vivir habitualmente” en el municipio “con independencia” de si ostentan un título o no. La razón es que el padrón no es una forma de reconocer derechos sobre la vivienda, sino solo de reflejar la realidad demográfica del municipio. Lleida (Fèlix Larrosa, PSC) aprobó un reglamento (anulado en los juzgados) que imponía una audiencia previa con el propietario y que fue anulado en los tribunales. Y en Martorell, su alcalde, Xavier Fonollosa (Junts) también ha sido llevado a los tribunales tras manifestar que en ningún caso pensaba empadronar a ocupas.
Los alcaldes exigen cambios legislativos, una iniciativa a la que también se suma Vallès: “Hay que buscar la manera de poner más filtros, de que haya un endurecimiento”, explica. El alcalde señala que Sant Cugat hace “inspecciones periódicas a viviendas ocupadas” y, si se comprueba que no vive nadie allí, se les tramita la baja.
En el otro lado de esta batalla por el padrón que también es ideológica se encuentran entidades como la Xarxa d’Entitats del Padró, que ponen el grito en el cielo ante los intentos de los consistorios de obstaculizar su acceso. Esta entidad presentó una moción en el Parlament que, con apoyo de PSC, ERC, Comunes y CUP, defiende que el trámite se haga “sin ningún tipo de discriminación”. En Sant Cugat, los comunes intentaron en julio que el consistorio aprobara una moción de apoyo a esa iniciativa, pero no prosperó por los votos en contra de Junts, PP y Vox.
El padrón de Sant Cugat ha vivido una fuerte sacudida desde que Vallès llegó a la alcaldía en 2023. En el marco de la “radiografía” a los servicios, el edil quiso saber cómo estaba el padrón, y los técnicos comprobaron que 4.000 personas empadronadas no vivían de hecho en el municipio, de modo que se les dio de baja. “El padrón tiene que reflejar la realidad del municipio, sobre todo para dimensionar correctamente unos servicios que ya están muy tensionados”, explica el alcalde.
La segunda situación peculiar que afrontó fue en agosto, cuando, acompañadas de un traductor, empezaron a aparecer en las oficinas municipales personas con supuestos contratos de alquiler bajo el brazo. “Cuatro o cinco personas se empadronaban de golpe en el mismo domicilio”, detalla el alcalde. El caso encendió las alertas y se inició una investigación. La policía contactó con los propietarios, que negaron cualquier tipo de alquiler con esas personas. La inmensa mayoría de contratos resultaron ser falsos y el Ayuntamiento ha dado de baja, esta semana, a 322 de las 324 personas empadronadas.