La Fundación Bofill denuncia que hay un centenar de escuelas concertadas elitistas, sin apenas alumnos vulnerables
La entidad pide que la financiación de la concertada no sea lineal y varíe según el número de alumnos vulnerables que acoge
Este mes de diciembre arranca el gran proceso para que las escuelas privadas renueven los conciertos educativos en primaria y ESO, esto es, la subvención pública -1.400 millones- que cubre las nóminas de los docentes y los gastos de mantenimiento de estos centros. Una concesión en la que esencialmente se tiene en cuenta el número de alumnos por aula -mínimo 14- y que no separen niños y niñas. La Fundación Bofill, un lobby del sector educativo, pide al Departamento de Educación que aproveche el momento para cambiar el sistema y que en la adjudicación de los conciertos también se tenga en cuenta si los centros participan en la lucha contra la segregación escolar, escolarizando alumnado vulnerable. Y es que, según un estudio de la fundación, hay 105 escuelas “elitistas” que obvian estas reglas del juego.
En 2019, Cataluña impulsó el Pacto contra la segregación escolar para mejorar el reparto de los alumnos vulnerables y acabar con las escuelas gueto, que se plasmó en 2022 en el decreto de admisiones que obligaba a cada centro a reservar, como mínimo, dos plazas por aula para este colectivo, una cifra que varía según la mayor o menor necesidad de redistribución. Según el informe La escuela concertada hoy. Propuestas para revisar los conciertos educativos en clave de equidad, hay 105 escuelas “elitistas” (el 21% del sector) que en sus aulas tienen uno o ningún alumno vulnerable.
Se trata de grandes centros concertados ubicados en municipios de más de 10.000 habitantes -muchas en la zona alta de Barcelona o ciudades como Sant Cugat del Vallès, donde la segregación residencial es muy potente. Con todo, son escuelas segregadoras, con un porcentaje de alumnos vulnerables inferior a la media del barrio y con una pública cercana mucho más compleja. “Son escuelas con tres o cuatro líneas, pero a lo mejor deberían tener solo una por la demanda de la zona. Pero al ofertar tantas plazas, el porcentaje de vulnerabilidad baja, pero además estas escuelas se convierten en reclamo y absorben alumnos acomodados de otros barrios, así que los barrios de origen se quedan sin estos alumnos”, apunta Maria Segurola, especialista en temas de segregación escolar de la Fundación Bofill y autora del informe.
Con todo, la entidad admite la contribución de la mayoría del sector concertado, ya que el 69% de las escuelas están casi equilibradas con su entorno, mientras el 10% restante tienen diversidad, pero les queda un largo camino por recorrer, según recoge el informe, basado en datos de matriculación en las etapas de Infantil3 e Infantil4 (cursos donde se aplica plenamente las medidas contra la segregación escolar, ya que al ser una medida progresiva no se da en etapas superiores) del curso 2023-24, el último con cifras consolidadas.
Ante esto, la Bofill propone cambiar el modelo de concierto educativo, que ahora es lineal y se basa en número de alumnos, en uno modular que dependa de factores como el perfil social del alumnado o el entorno del centro, para que escuelas en barrios vulnerables dispongan de más recursos, así como la escolarización de proximidad. Este modelo es reivindicado hace tiempo por direcciones y expertos y el Departamento se ha mostrado favorable a él, al menos en los públicos, pero todavía no ha pasado de simples declaraciones. “Tiene que ser un acuerdo serio con el compromiso específico de acoger estos alumnos y después que haya un mecanismo de seguimiento. El proceso de concesión de los conciertos ahora es etéreo y poco transparente”, aduce Segurola.
El informe también propone medidas para evitar la sobreoferta causada por las concertadas cuando en zonas de reducción de demanda no se reduce la oferta de las privadas y sí de las públicas. En este sentido, la fundación reclama a la Generalitat que la planificación y el cierre de líneas se haga teniendo en cuenta pública y concertada (ahora solo se hace con la pública, algo que el Departamento trabaja para cambiar a un modelo conjunto), así como obligar a las concertadas a bajar las ratios de I3, una medida obligatoria en la pública pero voluntaria en la concertada.
Asimismo, se pide a Educación que reclame más transparencia económica a los centros concertados para que publiquen las cuotas o los detalles de ingresos y gastos. Y sobre las llamadas mochilas económicas o ayudas a la escolarización de los alumnos vulnerables, la Bofill pide revisar su importe (algo en que ya está trabajando el Departamento), así como las actividades que cubre (en el centro público cubre toda la escolarización, pero no en el concertado) y hacer un seguimiento de la escolarización del alumno para evitar posibles casos de exclusión, ya que algunos centros privados utilizan tretas para obligar pagar a la familia y así provocar que se vaya a uno público.
El sector concertado responde
Por su parte, la Fundación Escuela Cristiana, la principal patronal del sector, asegura que las escuelas concertadas “están comprometidas con el Pacto contra la segregación escolar” y recuerda que todos los centros están cumpliendo la normativa, porque reservan el número de plazas que marca la normativa. “La segregación escolar está fuertemente relacionada con la segregación residencial”, apuntan. Y añaden que la forma de acabar con las desigualdades es que la escolarización sea gratuita. “Las escuelas no segregan. Lo que realmente segrega es que la educación no sea gratuita para todo el mundo. Las familias tienen que pagar la concertada por culpa de la infrafinanciación”, rematan, en referencia a que la aportación de la Generalitat no cubre el coste real de la escolarización. Asimismo, advierten de que si las concertadas de iniciativa social, ubicadas en barrios con mayor vulnerabilidad, desaparecen por problemas económicos “la escuela pública se saturará y la segregación aumentará”.