La presidenta del Tribunal Superior de Cataluña constata la “difícil” situación de la justicia

El protocolario acto de apertura del año judicial en Cataluña ha vuelto a asumir como propias este viernes las dos caras de las máscaras griegas que representan al teatro. La de la comedia cuando quienes cumplían 25 o 35 años (o se jubilaban) al servicio de la justicia eran homenajeados y la de la tragedia cuando la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso, y el fiscal superior, Francisco Bañeres, han hecho balance y han constatado la saturación y la falta de recursos que de forma endémica sufren los juzgados catalanes. Caso, que apenas se estrenó en el cargo en abril pasado, ha hecho un ejercicio de síntesis: “Es cierto que nuestra situación como administración es difícil”. Y Bañeres otro cuando ha señalado que cada año quedan sin resolver 30.000 casos, un marasmo que a cada día que pasa hace más difícil su resolución.

Con la nueva ley de eficiencia judicial en el cogote, la Administración de la Justicia se ve abocada a un cambio dramático. Pero Caso ha pasado de puntillas sobre esa reforma y ha centrado el tiro en la falta de plantilla, que el TSJC ha cifrado en la necesidad de 187 nuevas plazas judiciales. Ante la magnitud del déficit y la dificultad de que las administraciones abran la mano, la máxima responsable del alto tribunal catalán ha dicho que prioriza —“y priorizar siempre es difícil”, ha subrayado— la consecución de 35, sin esperar a diciembre de 2026 y sin tener que estar pendiente de quien gobierna o deja de gobernar: “No puede depender de circunstancias políticas que nos son ajenas”.

Los discursos de índole política parecen superados una vez dejados atrás los años del procés. Caso ha obviado el tema y más allá de esas demandas de recursos para armar los juzgados ante la precariedad en la que están sumergidos, en los que también ha incluido la inversión en un sistema informático y la reducción de los tiempos de espera que esté “a punto”, ha puesto en valor a la plantilla de la administración de justicia, la necesidad de hacer un esfuerzo en la comunicación y “estar atentos” en quienes tienen “menos recursos, menos voz, menos apoyo”, porque si la justicia “olvida a los más vulnerables —ha dicho— deja de ser justicia”.

Bañeres ha sido incluso más contundente que Caso. Tanto al presentar los datos relativos a las memorias de la fiscalía del año pasado, que constatan desde la perspectiva numérica el colapso de la justicia, como al denunciar que la ley de eficiencia en Cataluña se aplicará sin que Cataluña cuente con los recursos informáticos que tienen otras autonomías, por lo que ha pedido más recursos a la Generalitat: “Cataluña está en el furgón de cola en aplicaciones informáticas respecto a otras comunidades autónomas”. El fiscal superior también ha denunciado que 40 fiscales en activo en Cataluña sean sustitutos y en situación de refuerzo. Ha demandado una revisión de ese número al poner en evidencia el aumento de la población y de los delitos.

Como Caso, Bañeres ha denunciado la duración de determinados procesos judiciales, como los de agresiones sexuales, en los que desde la denuncia a la llegada a juicio pueden pasar hasta cuatro años.

Este año el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha ausentado del acto, después de que el pasado año cerrara un lapso de diez años sin jefes del Govern en el acto de apertura del curso judicial. Sí que ha asistido el consejero de Justicia, Ramon Espadaler; el regidor de Seguridad, Albert Batlle; el director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, y la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas.