El precio de pactar lo que no se tiene

Embriagados por la euforia que les produjo hallarse en poder de la llave que abre y cierra la mayoría en el Congreso de los Diputados, los negociadores de Junts y ERC creyeron en su momento, hace dos años, que a cambio de darle al PSOE la mayoría parlamentaria para ...

Embriagados por la euforia que les produjo hallarse en poder de la llave que abre y cierra la mayoría en el Congreso de los Diputados, los negociadores de Junts y ERC creyeron en su momento, hace dos años, que a cambio de darle al PSOE la mayoría parlamentaria para gobernar podían pedirle todo lo que les interesaba obtener. Ambos partidos catalanes creyeron que, si los socialistas estaban en el gobierno, harían todo lo necesario para cumplir lo pactado. A ello se comprometió el propio Pedro Sánchez, aunque en realidad no todo lo que asumió dependía únicamente de su voluntad política.

Ahora, visto como han ido y van las cosas, es fácil tildar a ambas partes de haber actuado con una cierta ingenuidad e imprevisión. Ahora se ve que quizá deberían haber tenido más en cuenta que quienes habían llevado a la cárcel a los independentistas, el PP y el Tribunal Supremo, iban a revolverse furiosamente, desde sus sólidas posiciones de poder, contra la reversión de sus políticas y sus decisiones de hace muy pocos años. Para la derecha española, hacer fracasar la apuesta de Sánchez por la desinflamación del conflicto catalán lleva aparejado, además, el premio de reventar la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno del PSOE y Sumar.

Así es como tres asuntos principales de las negociaciones de 2023 entre Junts y el PSOE para encarrilar la legislatura han encallado estrepitosamente. Ha resultado que el desarrollo de estos pactos políticos depende también, en diversa medida, de unas terceras partes que no participaron en el trato. La amnistía del ex presidente Carles Puigdemont, y demás líderes independentistas, requiere la participación del Tribunal Supremo, que se opone radicalmente a ella y la boicotea. La inclusión del catalán como lengua de uso en ciertas instituciones de la Unión Europea choca contra el rechazo abierto de los socios del Partido Popular, entre ellos el decisivo gobierno conservador de Alemania. Y la delegación a la Generalitat de competencias del Gobierno central en materia de inmigración ha de ser aprobada por el Congreso, pero no hay mayoría parlamentaria para eso.

No es muy distinto lo que sucede con la reforma de la financiación de la Generalitat, comprometida en el mismo inicio de legislatura. Esquerra Republicana y el PSOE pactaron que la Generalitat tendría una fórmula “singular” que le permitiría recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña. La aplicación de este acuerdo tropieza con numerosas dificultades, entre las que destacan la oposición de los funcionarios técnicos de la administración tributaria española y el rotundo rechazo de los numerosos gobiernos autónomos dirigidos por el PP. En este asunto, la aplicación requiere también modificaciones legislativas para las que es muy probable que tampoco haya mayoría parlamentaria.

Superado el ecuador de la legislatura, la inquietud se ha instalado en las direcciones de Junts y ERC ante la perspectiva de que los pactos iniciales no den los frutos esperados. Lo peor del caso es para ellos que no parece existir una fórmula alternativa. Si con este gobierno, al que no se le discute el interés en cumplir los compromisos adquiridos, no es posible lograr avances para el autogobierno mediante la negociación y el pacto, ¿qué otra vía les quedará?