Una Iniciativa Legislativa Popular reaviva la ley electoral catalana, que lleva 45 años en el cajón
La nueva ILP resucita el debate endiablado entre los intereses de los partidos y la necesidad de actualización
Cataluña es la única comunidad autónoma que carece de ley electoral propia y el reparto de escaños responde al censo de 1979. La presentación de una Iniciativa de Legislación Popular (ILP) para intentar impulsarla reabre un debate rico en la academia y conflictivo en los partidos. El nuevo intento es promovido por catalanes que viven el exterior y pone el foco en finalizar con al calvario que les implica ejercer el voto. Ahí el acuerdo es amplio, pero la ILP también plantea la creación de una circunscripción propia, lo pasa por modificar la representatividad y ahí es donde siempre ha embarrancado la norma.
“Tendríamos una Junta Electoral Catalana e implementaríamos el voto delegado que funciona en Reino Unido y Francia. Y abriríamos la puerta al voto electrónico”, justifica Mireia Domènech, una de las promotoras de la ILP. En las últimas elecciones catalanas, según el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA), podían votar 294.594 electores, repartidos casi todos entre el resto de Europa y América. La participación solo llegó al 6,7% si se mira el de Barcelona.
Las leyes electorales, explica Ignacio Lago, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, cuentan con dos partes. Una regula los aspectos no distributivos, por ejemplo, el grueso de los aspectos mencionados por Domènech. Pero es la otra, la que aborda la cuestión distributiva, la que levanta polvareda. La ILP quiere que “la segunda ciudad de Cataluña” (los inscritos en el CERA supera por más de 12.000 al censo de L’Hospitalet) tenga su propia circunscripción.
Domènech insiste en que, una vez la Mesa del Parlament de visto bueno a la ILP y se recojan las firmas, serán los partidos los que tengan la última palabra. Y aquí se plantea el debate. ¿Es posible una ley que regule solo la parte donde hay consenso? ¿A qué provincia se le quitarían los escaños que acabarían en la circunscripción de los extranjeros? ¿Cuántos deberían ser? ¿Ocho grupos parlamentarios se pondrán de acuerdo?
“Cataluña ha cambiado mucho. Le ley tiene que modernizarse, al menos que en los aspectos como el voto digital o la creación de su Junta Electoral. Pero los partidos más pequeños te van a decir que no en la otra parte”, considera Lago. Ismael Peña – López, profesor de la UOC y organizador de las elecciones durante la pandemia, considera que es clave contar con una autoridad electoral propia, tanto que incluso ve bien una ley que sólo tocara lo no distributivo. Mucho más escéptico es Macià Serra, profesor lector en la facultad de Ciencia Política de la Universitat de Girona: “¿Es ético que solo tres partidos decidan una norma así?”, se pregunta, recordando que ahora PSC, Junts y ERC suman el 71% de los escaños en el Parlamento más fragmentado de la historia.
El límite de esa norma que permitiría separarse de la estatal, viene del Estatut de la Transición, que pide que respete la proporcionalidad y fija un escaño por cada 50.000 habitantes, teniendo Barcelona derecho a 85 diputados. Tarragona obtiene 18; Girona, 17 y Lleida, 15. El de 2006, por su parte, establece que la Cámara puede tener hasta 150 representantes.
El debate tuvo un momento álgido a principios de los años 2000, cuando la feroz competencia entre el PSC y CiU llevó a una situación excepcional: el ganador en votos no lo hacía en escaños. El cambio de aire postpujolista abrió el melón, con propuestas variopintas. Era compartido por los partidos entonces, por ejemplo, que se debería mantener las 135 sillas, la barrera mínima legal del 3% del voto para la representación y apostaban por las listas cerradas y bloqueadas. Solo Iniciativa se separaba del uso de la Ley de Hond para repartir los escaños y proponía la de cocientes y restos.
Pero el gran meollo es la delimitación y la magnitud de los distritos electorales. CiU y ERC, por ejemplo, en su día optaban porque fuera la veguería (en esa época eran siete, ya son ocho), mientras que el PSC quería que fuera toda Cataluña. Un cálculo hecho por el profesor de la UB Jaume Magre, en 2005, permitía comparar los efectos. Aplicando los resultados de los comicios de 2003 a las fórmulas de los partidos, el PSC (1.031.454 votos, el 19,4% del censo y 42 escaños), obtenía uno más según su fórmula y aún otro más siguiendo la convergente. CiU pasaba de 46 (1.02.4425 votos, 19,3%) a 47 en su fórmula y caía a 43 en la de los socialistas. ERC solo lograba ganar dos si se aplicaba la suya.
“No entramos en si hay que dar más peso o no al área metropolitana, que es lo que siempre ha encallado”, insiste Doménech. Pero manteniendo la proporción de 50.000 catalanes por escaño, a los votantes CERA le corresponderían mínimo 5. Lago ve muy difícil a renunciar a la provincia como circunscripción y cree que es necesario dejar claro que la sobrerrepresentación de Lleida y la distorsión en la igualdad del valor del voto, por ejemplo, es necesaria en el marco de la lucha contra la Cataluña vaciada.
Se podrían crear escaños más allá de los 135 existentes, pero Serra cree que es complicado tratándose de una de las Cámaras más grandes del Estado. Ese mismo profesor no ve ahora incentivos en los partidos para abordar un cambio, con un Junts muy lejano a los resultados de más del 60% del voto que podía tener en Tarragona hace dos décadas. Y la tentación, por ejemplo, de barrarle el paso a Aliança Catalana subiendo el umbral del 3% (en otras CC AA es el 5%) sería rechazado por CUP y Comunes y atentaría con la pluralidad. “Tener una Junta Electoral propia nos permitiría trabajar todo el tiempo en temas como la accesibilidad”, insiste La defensa sobre actualizar las maneras de voto, como el electrónico, son ampliamente compartidas. “El voto en el exterior no tienen gran capacidad de alterar los resultados electorales, con lo que reduce parte de la tensión política que se podría generar y sería un buen espacio para probar el voto por internet”, asegura David Dueñas-Cid, profesor de la polaca Kozminski University. La ILP, dicen, servirá para abrir el debate sobre la utilización de la identidad digital de la Generalitat o la existencia de un censo electoral digital.