El traspaso de Rodalies a la Generalitat, dos décadas en vía muerta: obstáculos, plazos y expectativas
Los sucesivos consejeros de la Generalitat han denunciado la infrafinanciación de un servicio en el que la administración catalana controla los horarios, precio e información a los pasajeros
El presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, anunció, durante el debate sobre el estado de la nación celebrado el 3 de julio de 2007, que en enero de 2008 se procedería a transferir el servicio de Cercanías de Renfe a la Generalitat de Cataluña. Casi dos décadas más tarde -la mitad de este tiempo bajo la parálisis del proceso independentista- el servicio todavía no ha sido traspasado y la enésima fecha programada para que la administración catalana se encargue de la infraestructura es el 1 de enero de 2026.
Mientras, la infrafinanciación histórica de esta red mantiene el servicio al borde del colapso con unos 400.000 usuarios diarios que se han acostumbrado a las incidencias prácticamente cada día. Los sindicatos de trabajadores de Renfe y Adif son conscientes del estado de todas las líneas hasta el punto que Francisco Cárdenas, el responsable de UGT de Renfe en Cataluña, denuncia: “La falta de inversión es tan exagerada que esto no lo arregla ahora ni la Generalitat ni la NASA. Se necesitan 12 años para arreglar lo que hay ahora”.
El 3 de julio de 2007, Zapatero agasajaba al portavoz del grupo parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. Le prometía el traspaso del servicio ferroviario a la Generalitat con el compromiso de que las inversiones estatales en la infraestructura iban a producirse en breve.
El Estatuto de Cataluña, aprobado un año antes, destacaba en su artículo 169.1 : “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable que transcurran íntegramente dentro del territorio de Cataluña, con independencia de la titularidad de la infraestructura”. La Generalitat no tendría titularidad pero se reservaba la planificación, regulación, gestión e inspección de los servicios y la potestad tarifaria. En definitiva, el horario y los precios. También está en sus manos la información a los sufridos usuarios.
En otoño de 2007, problemas en las obras del AVE obligaron a cortar la red de Cercanías durante cinco semanas en L’Hospitalet. Aquella crisis ferroviaria acabó lastrando cualquier negociación y cuando llegó enero de 2008 el traspaso no se hizo efectivo. Al frente del Govern se encontraba el tripartito de José Montilla que, pese a que compartía color político con el ejecutivo de Zapatero, rechazó el traspaso ya que no tenían “garantías” de que el Estado invirtiera en una infraestructura que ya estaba muy tocada.
Renfe nombra a Josep Enric García nuevo director operativo de Rodalies
Renfe ha anunciado este martes el nombramiento de Josep Enric García Alemany como nuevo director operativo de Rodalies y a Uli Wessling Tom como gerente de operaciones para "mejorar el servicio en Cataluña". La doble designación ha sido consensuada con el Govern. García Alemany es un ingeniero del sector de la explotación y operación del transporte público y la movilidad sostenible, además de tener experiencia como consultor, formador y gestor de empresas de transporte. Con antelación, fue director general de la EMT de Valencia. Uli Wessling Tolon tiene experiencia en el Área Metropolitana de Barcelona donde ha desarrollado labores de planificación en servicios integrados y multimodales de transporte público.
El acuerdo llegó en mayo de 2009 -en el inicio de una de las mayores crisis económicas a nivel mundial- cuando Montilla y el ministro de Fomento, el socialista José Blanco, llegaron a un acuerdo político para que la Generalitat gestionara el servicio de Cercanías de Renfe a partir del 1 de enero de 2010. El Estado garantizaba una inversión de 4.000 millones de euros, la Generalitat se comprometía a mantener a Renfe como operadora hasta el 31 de diciembre de 2010 y, a partir de entonces, la administración catalana podría cambiar de operadora. Aquel acuerdo no afectaba a la titularidad de las vías ni de las estaciones que seguían perteneciendo al Estado.
El 1 de enero 2010 se hizo efectivo el traspaso. No contentó a nadie. El Govern pronto entendió que su capacidad para tomar decisiones estaba muy limitada ya que solo podía regular tarifas y horarios. Los trabajadores de Renfe -exactamente igual que ahora- no querían que las competencias dependieran de la Generalitat y, sobre todo, los usuarios no notaron absolutamente nada en un servicio donde las incidencias eran continuas.
En diciembre de 2010 Artur Mas se convirtió en el nuevo presidente de la Generalitat y desde entonces todos los consejeros del ramo en gobiernos independentistas -primero de CiU, luego de Junts pel Si y después de ERC- exigieron el traspaso de las competencias de Rodalies. Los primeros consejeros de Territorio, Lluis Recoder y Santi Vila, intentaron acordar con los ministros de Rajoy nuevas inversiones en Rodalies y abrir la puerta a renegociar el traspaso conseguido en 2010. Cuando llegó a la consejería el actual presidente del Parlament, Josep Rull, denuncio que el Estado solo habían ejecutado un 8% de las inversiones previstas para Rodalies y exigió – incluso años antes del procés-”el traspaso completo de la infraestructura ferroviaria”.
El Govern pedía el control total de las vías, las estaciones, trenes y trabajadores ferroviarios. El gobierno de Rajoy se cerró en banda y Rodalies se convirtió en otro de los desagravios con los que el independentismo alimentó el mantra: “España nos roba”. Mientras, los usuarios de Renfe seguían pagando las incidencias que se agravaban por la falta de inversión. Después de la consulta independentista del 1 de octubre de 2017, la consejería de Territorio la acabaron ocupando primero Damià Calvet y, después, Jordi Puigneró. Ambos postconvergentes, criticaron las limitaciones en el traspaso de Rodalies efectuadas en 2010 y exigieron un traspaso “definitivo e integral”.
El siguiente avance en el traspaso no llegó hasta que Salvador Illa recuperara la Generalitat para el PSC el pasado verano. El 17 de febrero la consejera de Territorio, Sílvia Paneque y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, hicieron público el acuerdo para que una empresa mixta ―con un consejo de administración paritario entre Generalitat y Gobierno central― gestionará el servicio de Rodalies de Cataluña a partir del 1 de enero de 2026. Paneque y Alamany anunciaron que los estatutos de la empresa se redactarán esta primavera y la sociedad pública mixta quedará constituida “antes del 31 de diciembre de 2025″. La consejera de Territori acabó ese día plasmando el acuerdo en una reunión de la comisión bilateral con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Estado y Generalitat tendrían un número paritario de representantes en el consejo de administración pero el presidente lo nombrará la administración catalana y tendrá voto de calidad.
A partir de esa firma, se desencadenó una nueva crisis de Rodalies con centenares de incidencias, retrasos e incluso pasajeros desalojados por las vías después de que las infraestructuras fallaran. Paneque llegó a admitir, a principios de marzo, que las infraestructuras estaban “peor de los esperado” y pidió dos años de margen para que los usuarios comenzaran a “notar mejoras”. Cuando faltan varios meses para un traspaso que no será, del todo, integral ya que el gobierno central seguirá en el consejo de administración, la Generalitat ya ha tenido que alcanzar acuerdos con los trabajadores de Adif y Renfe de Cataluña que no quieren que el patrón sea la administración catalana. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, puso ayer en valor el acuerdo del domingo, al señalar que es el primero de esa magnitud desde 2010, y afirmó que es un primer paso, sin comprometerse en el plazo de dos años que ha dado ERC, para el traspaso definitivo de Rodalies.