Juicio a la dirección de una residencia de Sant Quirze por tener a varios ancianos desnutridos
La Fiscalía pide penas de hasta 47 años de prisión para los responsables, quienes repartían 18 menús entre 24 residentes
“Cinco de los 24 ancianos presentaban desnutrición y el resto estaban en riesgo de sufrirla”. Así lo ha asegurado este martes una inspectora de la Generalitat durante la primera jornada del juicio a cuatro responsables de la residencia de ancianos Sanlisart, en Sant Quirze del Vallès (Barcelona). La Fiscalía solicita penas de hasta 47 años de prisión por los hechos acontecidos, al menos, entre 2015 y 2016, y el pago de una indemnización de 30.000 euros para cada uno de los afectados. El Ministerio Fiscal les acusa de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y de 21 ilícitos de abandono, uno por anciano. Además, señala a la empresa responsable del centro como responsable civil subsidiaria -disuelta y en proceso de liquidación, que podrá finalizar una vez termine la causa penal-, y al servicio del catering, la empresa Roca González.
En la aportación de la prueba, la inspectora del Departament de Serveis Socials que elaboró el informe sobre el estado de salud de los ancianos cuando fueron trasladados a otra residencia, en Sabadell, ha constatado que varios presentaban valores inferiores a los recomendados en los análisis y pruebas médicas de masa muscular y MNA (método para identificar ancianos en riesgo de desnutrición). Pero ha reconocido que elaboró el estudio a partir del análisis de datos sin visitar directamente a los ancianos. La inspectora ha declarado ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de Barcelona que le sorprendió que a todos se les hubiera dado durante 15 días un suplemento de proteínas. “Lo que ocurre cuando una persona está desnutrida es que se funde la masa muscular, pierden fuerza y entonces no se recupera la musculatura, ha subrayado.
El Ministerio público sostiene que casi todos los residentes adolecían de muy mala higiene corporal y carecían de cuidados básicos. “Se ha atentado contra la dignidad como seres humanos. Los tenían en un estado de extrema precariedad y suciedad”, ha señalado la Fiscal. Y ha añadido que a uno de los residentes lo tenían mecánicamente contenido a una cama sin justificación.
Menús insuficientes: 18 para 24 ancianos
El escrito de acusación de la Fiscalía sostiene que la empresa encargada de la residencia, junto a la de catering, idearon una fórmula para ahorrar en costes. Considera que se repartían seis menús menos que el número total de residentes, entre subvencionados y privados. Concretamente, 18 a repartir entre 24 usuarios. La residencia, incide el escrito, abonaba únicamente 4,90 euros por anciano por la totalidad de las comidas, pese a que simulaban que el coste era de 6,10 euros. Una cifra que sigue por debajo de la media de gasto de un geriátrico, con una media de 9,87 euros. La Fiscal señala que la cantidad que la residencia se ahorraba oscilaba entre los 1.100 y los 1.500 euros mensuales.
Otra inspectora de servicios sociales ha declarado que, en comparación con el gasto de otros geriátricos de referencia, el dinero invertido en alimentación por residente era sensiblemente inferior, tal como figuraba en los albaranes solicitados al centro en el momento de la inspección.
El centro estaba acreditado como entidad colaboradora de la Generalitat desde el año 2009, la cual financiaba 22 de las 24 plazas del geriátrico. Tras varios expedientes sancionadores, en 2017 la Generalitat revocó la colaboración con Llar Residencial per la Tercera Edat Galaxis, y 21 ancianos de los que había en aquel momento fueron trasladados a otro centro de Sabadell.
Durante las cuestiones previas, el tribunal ha aceptado retirar a uno de los procesados una de las 21 acusaciones por abandono, puesto que anteriormente fue absuelto en un juicio que abordó un caso concreto de una de las residentes, por lo que se le imputa una menos que a los otros tres investigados. La acusación particular, ejercida por antiguos socios de la empresa que gestionaba la residencia, solicita penas máximas mayores. Los investigados declararán en último lugar y está previsto que el juicio se alargue varios días.