Los municipios catalanes acumulan decenas de denuncias por los ruidos de los patios escolares: “Estamos diciendo a los niños que molestan sus risas y sus juegos”

La protesta de varias escuelas de Barcelona por las denuncias recibidas por el ruido que generan los patios ha sacado a la luz una problemática que no es exclusiva de la capital catalana: L’Hospitalet de Llobregat recoge hasta cuatro denuncias anuales y Terrassa ha tramitado 14 en los últimos tres años, según los datos recabados por este diario entre los municipios más poblados. Asimismo, el Síndic de Greuges ha realizado 33 actuaciones en este sentido en los últimos cinco años. Ante el revuelo generado, algunas escuelas recurrieron a los partidos para intentar poner a la normativa de su lado y el Parlament iniciará los trámites para lograrlo en menos de un mes.

El caso de la escuela Salesians Rocafort encendió la mecha de la protesta, después de que el Ayuntamiento de Barcelona precintara dos pistas deportivas por las quejas de los vecinos. Ahora solo tienen cerrada una, pero el director Jordi Barberán, explica que ha supuesto muchos contratiempos. “Hay grupos que no han podido hacer educación física durante un tiempo, y al mediodía todos los alumnos, desde primaria a ESO, se mezclan y se aprietan en un patio más pequeño”. La escuela ha promovido un manifiesto al cual se han adherido unos 40 centros, 55 AFA y varias entidades deportivas y de ocio. Y presentó a los grupos parlamentarios una propuesta para reformar la ley.

Así, el Parlamento debatirá una proposición de ley para reformar de forma urgente y por lectura única, la Ley 16/2002, de protección contra la contaminación acústica, presentada por Junts, ERC, PP, Comuns y CUP (así que se prevé que salga adelante). La reforma quiere crear una excepción para las escuelas, dejándolas fuera de los límites acústicos: “No se considerará contaminación acústica los sonidos que emanan de espacios destinados a la actividad docente, física o de ocio de los centros escolares de 7 a 21 horas”. En el escrito, los partidos argumentan que los patios “tienen un carácter diferente al ruido de la vía pública, y es necesario una normativa adaptada” y justifican la reforma por la “amenaza de cierre” que sufren algunos patios. Si prospera, se abrirá un periodo corto de enmiendas y sería aprobada en el pleno de mediados de marzo.

Con este blindaje normativo, las escuelas esperan no llegar al extremo del colegio Jesuïtes Gràcia de Barcelona, que el 10 de marzo irá a juicio por la denuncia de un vecino. Su caso se remonta a varios años atrás, antes de la pandemia, cuando recibían alguna queja de uno de los patios, “pero siempre de forma correcta”, asevera la directora, Anna Segura. “Pero un vecino ha sido más beligerante, no se conformó con los cambios que hacíamos y decía que estábamos de normativa. Las conversaciones amables dejaron de serlo”, añade.

Entonces, llegaron las denuncias al Ayuntamiento y tuvieron que aplicar medidas: esponjar el patio que era objeto de las quejas y trasladar alguna actividad a otro patio. “Pensábamos que con ello ya estaba y entonces denunció al Ayuntamiento por inactividad, ya que consideraba que nos tenían que haber cerrado el patio”, sigue la directora. Hasta que dicho vecino llevó el caso ante la justicia. “Me parece inverosímil que los derechos individuales prevalezcan sobre los derechos colectivos. Los niños tienen derecho a jugar y el sonido de los niños no es contaminación acústica”, manifiesta Segura, quien también critica el viraje adultocéntrico de la sociedad. “Los derechos de los adultos dan un poco de miedo. Los niños molestan en los restaurantes, en la calle, en muchos sitios. Pero estos niños son los adultos de mañana, pero les estamos diciendo que molestan y que molestan sus risas y sus juegos”, remata.

Desde 2015 el Ayuntamiento de Barcelona ha gestionado 40 quejas de este tipo. Pero la problemática atraviesa Collserola. Los municipios insisten en que “no es un problema generalizado”, pero también reciben denuncias, aunque son reacios a dar mucho detalle. En L’Hospitalet de Llobregat admiten que les llegan al año “tres o cuatro” y se ha llegado a casos de tener que reducir el horario de las extraescolares.

Al Ayuntamiento de Terrassa han llegado 14 quejas desde 2022, que afectan a 10 escuelas. Una de ellas es el Bisbat d’Ègara, la pública más antigua de la ciudad y una de las más grandes, con tres líneas. Virgínia Moral, presidenta del AFA, explica que su caso empezó hace unos siete años por la denuncia de un solo vecino. “Él se dedica profesionalmente a esto, sabe de lo que habla y encargó mediciones desde su casa, que salieron elevadas en algunos momentos”. A partir de aquí, les obligaron a tomar medidas: las extraescolares con pelota se trasladaron a otro patio, los entrenamientos finalizan a las 19.30 horas, no pueden realizar partidos los sábados y un esplai, que usaba sus instalaciones, ha tenido que trasladarse a otra escuela. “Las fiestas de fin de curso también las hacemos más cortas y los encuentros con las familias los hacemos en un patio más pequeño. Y a veces nos sentimos observados porque nos hacen fotos desde alguna vivienda”, añade Moral.

La madre explica que el problema que tienen es que el terreno “está tipificado como zona residencial, y no como escolar, de modo que los baremos acústicos son más restrictivos”. Moral considera que se está limitando la participación de las familias y lamenta que se vean los niños como una molestia. “Si no podemos usar la escuela fuera del horario lectivo, nos condena a llevarlos a casa a mirar pantallas y tener una vida sedentaria, porque en la ciudad no hay instalaciones para que puedan jugar libremente”, añade. La Pepeta, que agrupa las AFA de la ciudad, asegura que “es absurdo criminalizar las risas” de las criaturas y ha anunciado una acción de protesta durante Carnaval.

Otros municipios como Girona, Reus, Badalona o Santa Coloma de Gramanet aseguran haber recibido una sola queja o “muy puntual”, mientras que Sabadell, Lleida y Mataró dicen no tener ninguna.

Además de los ayuntamientos, el Síndic de Greuges ha realizado 33 actuaciones desde 2020 (18 quejas, 13 consultas y dos actuaciones de oficio). En sus resoluciones, el Síndic incide en la necesidad de adaptar la normativa a la especificidad de las escuelas y “hacerlo compatible con los derechos individuales de los vecinos” y recomienda que las actividades que no son propias, como alquilar las pistas, se traslade a otros espacios donde no causen molestias.

Asimismo, el Síndic de Barcelona ha realizado 10 actuaciones desde 2022. Una de ellas, sobre quejas de los ruidos de una guardería. Aquí, la institución destacó los efectos que ello tiene sobre la salud física y mental del denunciante y pidió tomar medidas para reducir las molestias.

“La queja es por las extraescolares”

Desde la Asociación Catalana contra la Contaminación Acústica, que asesora a los denunciantes, explican que en 2023 se dispararon el volumen de consultas: de dos o tres al año se pasó a un par cada semana; ahora ha disminuido a dos mensuales. El abogado de la entidad, Lluís Gallardo, considera que se ha tergiversado la polémica. “Los afectados no se están quejando, en general, por el ruido de los niños en el patio. Vale que tengamos que soportar a los niños porque tienen que desahogarse, pero después se aprovecha la pista para hacer deporte cada día, en algunos casos hasta las 11 de la noche. Y también el fin de semana. Esto es un abuso”. Gallardo también se muestra crítico a la reforma exprés de la ley: “Solo han escuchado a las escuelas, pero no a los otros. Y ello elimina cualquier tipo de defensa de los afectados”. La asociación asegura que no tiene recursos para impugnar la normativa, pero asesorará a quien quiera hacerlo.