La causa contra las hijas del industrial Muñoz Ramonet por el expolio del legado artístico se estanca tras una década

La causa penal abierta contra las hijas del industrial Julio Muñoz Ramonet por el supuesto expolio de su legado languidece tras más de una década. El juez ya no puede investigar más porque la Audiencia de Barcelona anuló la última prórroga de la instrucción hace dos años, que es más o menos el tiempo que las cuatro hermanas, investigadas ...

La causa penal abierta contra las hijas del industrial Julio Muñoz Ramonet por el supuesto expolio de su legado languidece tras más de una década. El juez ya no puede investigar más porque la Audiencia de Barcelona anuló la última prórroga de la instrucción hace dos años, que es más o menos el tiempo que las cuatro hermanas, investigadas por apropiación indebida y estafa procesal, llevan esperando a que se resuelva su petición de archivo: sus abogados creen que los delitos, de haberse cometido, han prescrito y se debe dar carpetazo al asunto, según documentación del proceso a la que ha accedido EL PAÍS. La Fundación, por su parte, batalla para llevarlas al banquillo y que la causa sirva para averiguar el paradero de obras muy valiosas que, a su juicio, aún no han aparecido.

Antes de morir en 1991, Muñoz Ramonet dejó escrito en su testamento que el palacio de la calle de Muntaner y todo su contenido —incluida una importante, pero nunca bien delimitada, colección de arte— pasaría a manos de la ciudad de Barcelona. Pese al silencio de las hijas (Carmen, Isabel, Helena y Alejandra) al respecto, el Ayuntamiento acabó por conocer cuál había sido la última voluntad del empresario. Y empezó a pelear por su legado. Está siendo un camino largo, tortuoso, con ataques y réplicas en todos los frentes judiciales, que tuvo un punto culminante en 2007, cuando un juzgado civil de Barcelona concluyó que la Fundación era la propietaria legítima del legado y obligó a las hijas a entregarlo.

Desde el principio hubo sospechas de que las herederas se habían apoderado de parte de los cuadros (los más valiosos, según la Fundación Julio Muñoz Ramonet). Las sospechas se convirtieron en indicios cuando dos antiguos empleados de la vivienda de Muntaner revelaron que, a principios de los años 90, dos camiones se llevaron las obras de arte. Esas declaraciones y la constatación, al tomar Barcelona posesión del palacete en 2013, de que faltaban obras, llevó a la Fundación a presentar una querella contra las hijas.

El juzgado de instrucción número 29 de Barcelona admitió trámite la querella en junio de 2014, hace más de diez años y medio. Las declaraciones de los testigos y las diligencias de investigación (como los contratos firmados con compañías de seguros para el traslado de los cuadros) apuntalaron los indicios. El golpe de timón, sin embargo, llegó en marzo de 2020. La Guardia Civil irrumpió en viviendas y almacenes de Barcelona, Madrid y Valencia donde los herederos guardaban obras de arte que conformaban, al menos en parte, el legado de Muñoz Ramonet a la ciudad.

Los agentes recuperaron un total de 474 cuadros, lo que ha servido al juez Guillermo Soler (ejecutor de la sentencia que reconoció a la Fundación como propietaria) para arrojar algo más de luz. Cuando aquella resolución fue firme, el juez hizo que se valoraran las obras. Pero como entonces aún no habían aparecido, fue un peritaje a ciegas e incompleto, que acabó incluyendo un total de 106 obras a las que se dio un valor de tres millones de euros (una cifra muy a la baja, según la Fundación). Tras la operación policial, el consistorio reclamó que se cotejara ese listado con los cuadros recuperados. El juez ha concluido ahora, como avanzó este diario, que 90 de ellos pertenecen sin duda al legado y ha ordenado que se devuelvan. Fuentes cercanas a la Fundación explican que al menos otro medio centenar de obras de las incautadas —especialmente de los periodos Románico y Gótico— pertenecen igualmente al legado y van a reclamarlas.

La batalla por la prescripción

La causa penal ha servido para impulsar la vía civil pero, paradójicamente, permanece inactiva pese a los esfuerzos constantes de la Fundación por darle impulso. El juez debe decidir si da carpetazo al asunto (como pide la defensa) o aprecia indicios de delito y lo envía a juicio.

En el año 2022, dos de las cuatro hijas solicitaron el archivo de la causa. La petición no ha sido contestada por la Fiscalía aún ni resuelta por el juez. Las cuatro hijas, que ante el juez se acogieron a su derecho a no declarar, mantienen la condición de investigadas. La defensa de dos de ellas, que ejercen los penalistas Cristóbal Martell y María Saló, argumenta que no hay apropiación indebida porque la Fundación no ha podido determinar el contenido del legado, o sea “el objeto material del delito” y que, en base a la sentencia civil, “ya ha recibido íntegramente el valor económico del legado”. La querella menciona la sustracción de 658 obras y objetos artísticos.

Las hijas no aceptan haber cometido el delito del que se les acusa, pero argumentan que, en cualquier caso, habría prescrito. La Fundación considera que el reloj debe ponerse en marcha en julio de 2013, momento en que, por orden judicial, la familia entregó las llaves del palacio de Muntaner. Hasta entonces, seguían administrando los bienes “en la creencia errónea de que les correspondía su titularidad”, según la querella. La defensa replica que el plazo empieza a contar cuando el delito se consuma, y eso se produjo, hipotéticamente, en los años 90, “en el momento de convertirse en herederas”.

En abril de 2023, la Audiencia de Barcelona anuló un auto dictado en julio de 2021 por el juez para prorrogar la instrucción y seguir investigando porque llevaba un “elevado número de causas” y por “la naturaleza de los hechos investigados”. Los magistrados concluyeron que la prórroga era “injustificada” y le obligaron a poner fin a las pesquisas, aunque permitieron que el resultado de las pruebas acordadas antes de esa fecha se incorporara a la causa. Sin más opciones para investigar, la batalla judicial sigue viva, a la espera ya de una resolución judicial o de un hipotético pacto entre las partes que evite el juicio a cambio de la aportación de más obras de arte, un escenario que por ahora no se ha concretado.