Hastío entre los veterinarios por la nueva normativa europea: “No somos sanitarios de segunda”
El Colegio de Veterinarios de Barcelona calcula que la prescripción de antibióticos se ha reducido un 70% para disminuir la resistencia a estos fármacos pero denuncia el menoscabo al criterio de los profesionales
Por primera vez, el colectivo de veterinarios salió masivamente a la calle el pasado domingo en Barcelona para expresar su malestar por el Real Decreto 666/2023 que regula el uso de medicamentos para animales. Fueron cerca de 2.000 profesionales veterinarios los que denunciaron la burocracia a la que están sometidos, el retraso de los tratamientos y la limitación de la dispensación de algunos antibiótico...
Por primera vez, el colectivo de veterinarios salió masivamente a la calle el pasado domingo en Barcelona para expresar su malestar por el Real Decreto 666/2023 que regula el uso de medicamentos para animales. Fueron cerca de 2.000 profesionales veterinarios los que denunciaron la burocracia a la que están sometidos, el retraso de los tratamientos y la limitación de la dispensación de algunos antibióticos. La nueva norma, que se deriva de una directiva europea y de obligado cumplimiento antes de 2030, ya se está aplicando para, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AMPS), combatir la resistencia a los fármacos antimicrobianos. Pero el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) ha calificado los resultados de decepcionantes. “La prescripción de antibióticos se ha reducido un 70%, pero los laboratorios no han tenido tiempo de registrar muchos de ellos y hay especies que no tienen medicamentos disponibles”, ha lamentado el presidente de la entidad colegiada, Joan Mecià.
La AMPS, vinculada al Ministerio de Sanidad, considera que las resistencias a los antimicrobianos suponen un importante desafío para la salud global. “Este problema debe ser enfrentado desde la perspectiva One Health, es decir, desde un abordaje universal de la sanidad animal, salud humana y el medioambiente, y con la colaboración de todas las profesiones implicadas. Conocer el uso de estos medicamentos es de vital importancia para enfrentar la resistencia antimicrobiana”, defiende en un comunicado.
El decreto obliga a declarar la prescripción de antibióticos y condiciona y dificulta su uso clínico porque algunos de ellos no se pueden prescribir sin hacer un cultivo previo. “No estamos en desacuerdo con que haya una regulación, pero no se nos aplican los mismos criterios que al resto de sectores sanitarios. No somos sanitarios de segunda”, subraya Ignacio Moral, propietario de Clinivet, en el barrio barcelonés de Sant Andreu. “Si detecto una infección a un perro, debo hacer un fatigoso registro a través del programa de la Gestión Técnica Ganadera, que depende del Departamento de Agricultura de la Generalitat”, cuenta. Fuentes del departamento confirman que todavía no ha habido inspecciones en clínicas ni se ha impuesto ninguna sanción.
La medida que más dificulta la labor de los veterinarios es la prohibición de la distribución, comercialización, prescripción, dispensación y suministro de productos o preparados que se presenten u ofrezcan con características de medicamentos veterinarios y no estuvieran legalmente reconocidos como tales. Laia Sabat, impulsora de la manifestación del pasado domingo, denuncia que la ley también castiga la venta de fármacos genéricos en las clínicas veterinarias. “No podemos suministrar una dosis de seis pastillas a un animal en la clínica. Ahí es cuando el cliente tiene que ir a la farmacia y comprar una caja de 20. Es un desperdicio absurdo de recursos”, evidencia Sabat. La indignación no solo ha calado en Cataluña. Veterinarios del País Vasco, Madrid o Andalucía han apoyado la movilización.
“Las farmacias muchas veces no tienen conocimiento de nuestro sector. Suele ocurrir que un farmacéutico rechaza una prescripción o cambia el tratamiento sin consultar al veterinario. Ignoran nuestro criterio clínico”, advierte Moral. El incumplimiento de la normativa acarrea sanciones que pueden ascender al millón de euros. En el caso de las protectoras de perros y gatos, la nueva ley prohíbe la prescripción de antibióticos a aquellos que no estén identificados con microchip. “Llegan muchos animales abandonados, maltratados o enfermos. Ahí los veterinarios entramos en un terreno legal peligroso porque nos enfrentamos a elevadísimas sanciones. Debe haber una proporcionalidad en el régimen sancionador y tener en cuenta la particularidad de cada caso”, defiende Moral.
La desigual aplicación del IVA es otra de las demandas del sector veterinario, que es del 21%, mientras que al sector de la producción animal es del 10%, o en el caso del resto de servicios sanitarios, en los que no se aplica el gravamen. El COVB es partidario de aplicar el concepto “multiespecie”, que se refiere a la consideración de la mascota como miembro de la familia, por el que no debería pagarse el impuesto.
El futuro de la veterinaria, según Moral, pasa por la profesionalización del sector, pero considera que una clínica pequeña puede ser tan profesional como una gran cadena. Las clínicas veterinarias más locales, como Clinivet, que regenta Moral desde hace 25 años en el barrio de Sant Andreu, han visto como en los últimos años fondos de inversión han irrumpido en el mercado. Cada vez son más las grandes cadenas de tiendas de servicios. Desde que han entrado en el mercado estos grandes grupos, la venta de complementos y alimentos en las clínicas veterinarias se ha reducido en España un 35%, como indica un estudio de CM Research.