Las universidades catalanas afrontan la jubilación de casi 3.000 trabajadores hasta el 2030

Una de las carpetas más complicada que los rectores de las universidades tienen sobre la mesa es cómo sustituir todo el personal que se jubilará en los próximos años. El problema no es menor: hasta 2030 se retirarán unos 1.200 profesores y unos 1.600 trabajadores de administración y servicios, lo que supone hasta el 20% de la plantilla. Las cifras se agravan a una década ...

Una de las carpetas más complicada que los rectores de las universidades tienen sobre la mesa es cómo sustituir todo el personal que se jubilará en los próximos años. El problema no es menor: hasta 2030 se retirarán unos 1.200 profesores y unos 1.600 trabajadores de administración y servicios, lo que supone hasta el 20% de la plantilla. Las cifras se agravan a una década vista, cuando el porcentaje se dispara al 35%. Los rectores consideran que los nuevos planes de creación de plazas ayudan, pero son demasiadas en poco tiempo, mientras los sindicatos lamentan que se pierdan plazas de funcionario y se sustituyan con personal laborales.

El envejecimiento de las plantillas es un fenómeno que afecta, en mayor o menor medida a todas las universidades. La Fundación CyD, en su Anuario 2024, ya alertó de que en la próxima década se jubilarán en España casi 25.000 profesores, lo que supone el 18%. Las cifras en Cataluña muestran la misma pauta. En detalle, de ahora hasta 2030, se retirarán unos 1.200 profesores permanentes (no se incluyen los asociados), lo que supone el 14%. Aquí se contabilizan los que se dan de baja forzosa al cumplir los 70 años, ya que pueden solicitarlo voluntariamente antes, de manera que el porcentaje crecería. La afectación es diferente según el campus: la menos damnificada es la Pompeu Fabra (6%), y en el lado opuesto está la UPC (19%) o la de Lleida (16%).

Si se tuvieran en cuenta los asociados, las cifras se podrían doblar, como en el caso de la Rovira i Virgili, uno de los campus con más docentes temporales de este tipo. Pero en este caso, la vía de contratación es más ágil y difiere de los procesos más funcionariales, como en el resto de categorías, en que es el Gobierno central el que debe autorizar la creación de plazas.

Pero si se abre el foco, a una década vista los datos empeoran y el porcentaje se dispara hasta el 30-35%. Dos ejemplos: la Universidad Autónoma de Barcelona verá jubilarse hasta 2030 a 300 profesorados, pero en 10 años la cifra se multiplica por 2,5 hasta los 724. En la Rovira y Virgili casi se triplica, pasando de los 60 docentes a 180, respectivamente.

Para los rectores, el elevado índice de jubilación es un tema que les “ocupa y preocupa”. En cuanto al profesorado, creen que el problema se ha empezado a encarrilar con el plan de choque iniciado por el Govern hace dos años para crear en tres años 820 plazas, la mayoría de lector (personal laboral temporal). O como el reciente programa María Goyri, que permitirá a las universidades incorporar 1.168 docentes en los próximos cuatro años. Con todo, los rectores expresan ciertas reticencias, ya que esta acumulación de iniciativas, les “obliga a digerir centenares de contrataciones en muy poco tiempo”, tercia Joan Guàrdia, rector de la UB. “Si has generado un problema durante 10 años no es una idea pensar que lo puedes resolver en un año. Las universidades no somos la cosa más flexible y no podemos incorporar tanta gente y tan deprisa”, añade Daniel Crespo, rector de la UPC. “Los programas te permiten generar plazas; otra cosa es la capacidad que tenemos para atraer a estas personas”, concluye Josep Pallarès, rector de la Rovira i Virgili.

Para el responsable del campus de Girona, Quim Salvi, otro problema es que estos programas “están pensados para incorporar profesor lector, que son los que están al inicio de la carrera académica. La entrada de profesores e investigadores experimentados no está contemplada”. Salvi admite también que no todas las universidades juegan en las mismas condiciones y que a las alejadas de Barcelona les puede resultar más difícil atraer unos perfiles determinados. “Las universidades territoriales tenemos que aportar una energía extra para vencer la gravedad que supone tener Barcelona tan cerca. El talento por inercia natural tiene tendencia a concentrarse”, apunta al rector, quien pide convocatorias de plazas exclusivas para estos campus territoriales.

En una línea parecida se expresa el rector del campus de Lleida, Jaume Puy. “Las infraestructuras de investigación están desigualmente distribuidas. La mayoría se encuentran en el área metropolitana de Barcelona. Un investigador busca un entorno humano y material que favorezca la obtención de resultados, así que sí resulta difícil captar según qué tipo de talento”. Puy también solicita que la entrada de los nuevos docentes se solape con los salientes para “no perder el conocimiento y la experiencia, y todo lo que se han logrado durante una vida de dedicación a la universidad”.

Desde el sindicato CGT, la creación de plazas de lector de estos programas es, por un lado, positiva porque permite renovar la plantilla y consolidar el personal con años de contratos precarios. Pero también alertan de riesgos. “El peligro es cómo se está captando el talento: ¿queremos recuperar el talento de aquí que se tuvo que marchar hace unos años o apostamos por extranjeros y fomentamos los expat?”, apunta Ermengol Gassiot, delegado sindical en la UAB. Gassiot también lamenta que las plazas de funcionarios que se jubilarán se están sustituyendo con contratos laborales.

Marc Macià, presidente del comité de empresa del PDI laboral en Lleida (UGT), cree que el problema es a medio plazo: ver cómo se cubrirán las bajas previstas en 10 años. “Sería necesario llegar al 1% de inversión del PIB, tal y como marca la LOSU, pero eso sin presupuestos no será posible y volveremos a entrar en el agujero negro de los contratos precarios”.

El reto de especializar los administrativos

Más preocupación genera el personal administrativo: en seis años se retirarán unos 1.600 trabajadores (el 20%), pero el porcentaje se elevará al 35% en una década. En este caso, el campus que menos afectado se verá será la Pompeu Fabra (12% de plantilla), pero volverá a sufrir más la UPC y la UAB (22%). No obstante, en este caso, el quebradero de cabeza no está en buscar sustitutos, sino en qué tipo de personal de reposición.

“Ya no vale solo renovar este personal, tenemos que modernizar sus funciones, tecnificarlo. Ya no necesitamos gente que escriba a máquina y haga actas, sino gente que gestione proyectos de 100 millones de euros o que vaya a captar talento”, apunta Javier Lafuente, rector de la UAB. Coincidiendo esta ampliación de funciones, el personal conocido hasta ahora como PAS se rebautizado como PTGAS (personal técnico, de gestión, administrativo y de servicios).

Caterina Ticó, presidenta del comité de empresa del PTGAS de la Universidad de Lleida, apunta que esta especialización es positiva, pero para las universidades también tiene el hándicap que es un personal menos versátil, mientras que los funcionarios con perfil más general “se pueden mover de un puesto a otro, según como quieran las universidades”.