Un jardinero de marihuana, víctima de trata: “Un año regando las plantas, haciendo la comida, sin salir”
La Audiencia de Barcelona castiga con 15 años y medio de cárcel a un ‘cabeza de serpiente’ de un grupo criminal que enviaba droga por paquetería a Glasgow y explotaba a cultivadores
La situación dejó de piedra a los investigadores. Uno de los jardineros amontonado en la plantación que acaban de desmantelar no sabía ni siquiera que la gente, en la calle, llevaba desde hacía meses mascarilla, a causa de la covid. Llevaba más de un año encerrado en ese habitáculo, con colchones en el suelo, unos contra otros, ollas esparcidas por mesas, botellas con líquido amarillo, cartones a modo de cama con nórdicos tirados encima. Pseudoestancias s...
La situación dejó de piedra a los investigadores. Uno de los jardineros amontonado en la plantación que acaban de desmantelar no sabía ni siquiera que la gente, en la calle, llevaba desde hacía meses mascarilla, a causa de la covid. Llevaba más de un año encerrado en ese habitáculo, con colchones en el suelo, unos contra otros, ollas esparcidas por mesas, botellas con líquido amarillo, cartones a modo de cama con nórdicos tirados encima. Pseudoestancias sin ventanas, con ropa tendida en cuerdas y repletas de suciedad. Tres años después de aquella operación policial de los Mossos d’Esquadra, una sentencia pionera de la Audiencia de Barcelona ha condenado a 15 años y medio de prisión al cabeza de serpiente, Wanqi H., por trata de personas con finalidad de explotación delictiva, además de inmigración clandestina, tráfico de drogas, grupo criminal y falsedad documental. Expertos policiales aseguran que es una de las primeras veces que se aplica un delito de trata para jardineros explotados en plantaciones.
La investigación arrancó con la denuncia de una mujer, que conocía bien a Wanqi H. Ella misma recurrió al conocido cabeza de serpiente, como se conoce a los traficantes de personas en China. Viajó con ocho personas más y su madre pagó los 180.000 yuanes (23.000 euros). Partió de Hong Kong, cree que recaló en Grecia y, una vez en Barcelona, el hombre le ofreció trabajar para él, captando a otras personas por 600 euros, o bien prostituyéndose, o bien en plantaciones de marihuana. Originaria de la región de Fujian, aseguró que en su pueblo, “todo el mundo sale ayudado por Wanqi H.”. Acudió a la policía en 2019 por primera vez, se le dio el estatus de testigo protegido, y al final acudió en tres ocasiones para ir ampliando su testimonio, fundamental para desmontar el grupo criminal.
Poco después, compareció ante los Mossos su hermano, pero con una condición diferente: la de víctima. El hombre explicó que también contactó con Wanqi H. para salir de China. “En mi pueblo, es el único que puede traer a gente, es una mafia y tiene el monopolio”, declaró. Viajó hasta Europa, conel ardid de un visado comercial de 10 días, para asistir a una supuesta feria en Lituania, para la empresa Fuzhou Yangsan Food Co LTD. Ni la feria, ni la empresa existían. Por su traslado, en el que coincidió con “10 o 13 personas más”, contrajo una deuda de 85.000 yuanes (11.000 euros). Primero durmió dos noches en Pekín, con escala intermedia, no supo decir dónde porque no conocía nada de Europa, hasta que llegó al aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Allí le recogió Wanqi H., que aseguró que le retiró el pasaporte, el billete de avión, y le llevó directamente a una “fábrica de marihuana”. “Pero yo no quería”, insistió, ni le informaron de que debería trabajar de jardinero.
La condición de Wanqi H., antes de ver a su hermana en Barcelona, era emplearse primero en la plantación de marihuana, a la que le condujo. La víctima permaneció “tres o cuatro horas ahí”, quejándose. Wanqi H. trató de convencerle ofreciéndole 2.000 euros por el trabajo, pero él siguió negándose, mientras veía a otras personas regar las plantas. Nadie le dirigió una palabra en todo ese tiempo, hasta que finalmente Wanqi H. le sacó de allí y pudo contactar con su hermana, que avisó a su vez a su mujer, que desde origen pagó la deuda contraída a la esposa de Wanqi H. en China. La víctima, sin embargo, no recuperó su pasaporte hasta mucho tiempo después, con varias páginas arrancadas, completamente inservible, según explicó. En su declaración, insistió en que nunca quiso saber nada de la marihuana, que en su país está prohibida, con penas severas de prisión.
La sentencia recoge el testimonio de tres testigos protegidos más, considerados víctimas por la Fiscalía, por las que nunca pudo ser condenado el sospechoso porque no se presentaron al proceso penal. La primera explicó en una breve declaración ante los mossos, asistida por una ONG, que permaneció “más de un año” sin salir de una nave industrial donde se fabricaba marihuana, en Abrera (Barcelona). El principio es casi siempre el mismo: su “precaria situación económica” le llevó a contactar con personas que le ayudaron a entrar ilegalmente en España, y con los que contrajo una deuda de 14.000 euros. Aterrizó en Madrid, donde le quitaron toda la documentación, y le dijeron que iba a trabajar en una plantación de té. Pero en realidad acabó en una plantación de marihuana, donde vivió un año, “regando las plantas, haciendo la comida, y recibiendo únicamente la visita de los miembros del entramado”. Salió cuando los Mossos echaron la puerta debajo de la nave, en mayo de 2021.
Un relato similar a otra de las personas, que explicó que contrajo una deuda de 10.000 euros, después de contactar con un cabeza de serpiente para viajar a España. Le dieron un visado de turista, y se fue a Santa Coloma de Gramenet a pedir trabajo. Un hombre le ofreció trabajar cuidando plantas, con alojamiento y comida incluida, por 2.500 euros al mes. Siempre le dieron a entender que eran plantaciones de té, hasta que se vio encerrado en una fábrica de marihuana en Centelles. Permaneció “seis meses en condiciones insalubres y deficientes” hasta que apareció la policía. Prácticamente calcado a lo que contó un tercer jardinero, que pensaba que trabajaría a cambio de 50 euros al día en un negocio legal, y se vio apresado en una plantación indoor en Sant Andreu de la Barca.
La sentencia condena a Wanqi H. a ocho años de cárcel por el primero de los cuatro testimonios, el único que declaró en el proceso judicial. Pero el subinspector de los Mossos, jefe de la unidad central de tráfico de seres humanos, Lluís Moreno, insiste que podría haber sido 24 años más de cárcel en total si el resto de jardineros hubiesen seguido en el proceso judicial. “Quienes lo hacen son auténticos héroes y heroínas empoderadas”, reflexiona, en general, sobre las víctimas de trata. Admite que son personas “muy presionadas e intimidadas, en una comunidad cerrada”. La denuncia supone un riesgo para ellas, para sus familias en origen, donde no les pueden proteger, además de la muerte social, porque muchas veces sus propios compatriotas le dan la espalda. En este caso, celebra que al menos conste en la sentencia el testimonio de las tres posibles víctimas más.
El líder de la organización, Wanqi H., ha sido condenado además por traficar con marihuana, por falsedad documental, por grupo criminal, por inmigración clandestina y por defraudación de fluido eléctrico en las cuatro naves industriales que desmantelaron los Mossos d’Esquadra. Su investigación constató que el grupo enviaba la marihuana, por servicio de paquetería, a Glasgow.
Wanqi H. está en prisión, y su defensa ha recurrido la sentencia, que todavía no es firme. Los Mossos no tienen ni idea de dónde pueden estar ahora las otras tres presuntas víctimas de la red. “Desaparecieron”, explica el subinspector Moreno. Durante un tiempo, pusieron un aviso en los sistemas internos, por si alguien las localizaba en alguna otra plantación. Pero hasta el momento, no han sabido nada de ellas. “Si he de apostar, creo que están en manos de otra organización, intentando pagar la deuda contraída”, lamenta el investigador.
Otra macroperación contra la marihuana y con posibles víctimas de trata
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han llevado a cabo este miércoles una nueva macroperación contra el tráfico de marihuana. Unos 700 agentes han irrumpido en una treintena de casas y locales, la mayoría concentradas en una urbanización de Can Nicolau, cerca de Castellbisbal (Barcelona). El difícil acceso, por una única calle, y el control de la organización criminal de la urbanización, con cámaras y vigilancia, ha obligado a intervenir a los GEI, las unidades de élite. Se trata de un gran despliegue más en la lucha perenne contra el tráfico de marihuana, que preocupa seriamente a la policía, pero con una nueva derivada: la trata de personas con fines de explotación delictiva. La Policía Nacional investiga si en las plantaciones puede haber también personas que trabajan explotadas, que hayan sido trasladadas desde origen, mediante un engaño, sin saber qué iban a hacer en España ni en qué condiciones.