El Govern y Barcelona avanzan en medidas sobre vivienda y turismo la víspera de la manifestación contra los precios del alquiler

Sintonía entre dos administraciones del mismo color político, el PSC; y anuncios en materia de vivienda y turismo en vísperas a la manifestación prevista para este sábado en Barcelona contra los precios del alquiler. En síntesis, es como se ha saldado este viernes la Comisión Mixta entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, presidida por el alcalde Jaume Collboni y el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau. Ambos han resaltado el buen clima del encuentro, en la solemnidad el Saló de Cent, y han destacado aportaciones de la Generalitat para construir alquiler público en los 11 solares cedidos por la ciudad (88 millones de euros) o 22 millones en un millar de pisos que promueve el Instituto Municipal de la Vivienda. En la carpeta de gestión del turismo, el compromiso del Govern es incluir en la Ley de acompañamiento de los presupuestos que la ciudad pueda ampliar el tramo local de la tasa turística hasta los ocho euros.

La gran mayoría de compromisos alcanzados dependerán de que las dos administraciones tengan presupuestos aprobados para 2025. Y en el caso de la tasa turística, Collboni ha aclarado que deberá traspasar el aumento del tramo local a las ordenanzas municipales, para lo que tendrán apoyo político: ERC porque lo exigió para aprobar las ordenanzas del año que viene, y los comunes también están de acuerdo. Sobre el calendario de aplicación, el alcalde ha sido más ambiguo: “Nos reservamos tomar la decisión en el momento que corresponda”, ha dicho cuando los hoteleros han puesto el grito en el cielo ante la subida del IBI prevista para los establecimientos de lujo. Aplicar la totalidad del tramo local supondría que la tasa turística en Barcelona rozara los 12 euros por persona y noche en los alojamientos de mayor categoría. Legalmente, hay tres meses del año en los que se puede modificar: enero, junio y octubre.

Tanto el alcalde como el consejero han querido dar mucha relevancia al encuentro y sus acuerdos. “Una reunión importantísima”, ha dicho. “La que más acuerdos ha conseguido”, ha rematado el consejero. En plena emergencia habitacional y 24 horas antes de una manifestación por la vivienda que los convocantes aseguran que será masiva, la reunión ha comenzado con una declaración “en defensa del derecho a la vivienda” que asegura que el acceso a la vivienda es una cuestión prioritaria para las dos administraciones.

Durante la reunión se han concretado acuerdos de reuniones anteriores. Como la citada aportación en vivienda por parte del Govern (que suma 120 millones de euros) o el compromiso (todavía por presupuestar) de instalar el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOR) en el antiguo edificio de Endesa en el complejo de las Tres Chimeneas, en la avenida del Paral.lel. En materia de transporte público, han anunciado la licitación para conectar la L4 del metro desde la estación de La Pau, en Badalona, hasta la futura estación de La Sagrera, un tramo corto que permitiría enlazar también con las líneas 1, 5, y 9. Govern y Ayuntamiento también han acordado pedir conjuntamente el Gobierno español que la aportación de 148 millones a la Autoridad del Transporte Metropolitano se mantenga y se convierta en “estructural”.

Otro paquete acordado está vinculado simultáneamente a la ampliación del Hospital Clínic y vivienda: se trata de las fincas que subastó el centro. Si el consistorio anunció que compraría una por tanteo y retracto (compra preferente por parte de la administración, en este caso el edificio del barrio de Navas), la Generalitat se compromete a comprar las otras cuatro (en la Gran Via, calles de Sardenya y Vallhonrat, y pasaje de Prunera. Todas estas compras buscan blindar a los vecinos, que viven de alquiler y sus condiciones podrían variar si sus caseros pasaran a ser empresas privadas.