El alcalde de Barcelona responde a Airbnb: “La decisión de acabar con todos los pisos turísticos es firme”
El socialista Jaume Collboni contesta a la misiva que le envió la plataforma para evitar el cierre de las viviendas vacacionales
“Nuestra decisión de extinguir los pisos turísticos en Barcelona es firme”. Así de contundente comienza la carta de respuesta que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha enviado a Airbnb. El primer edil de la capital catalana ha publicado el contenido de la misiva enviada después de que, a principios de esta semana, la plataforma de alquiler de pisos turísticos hiciera pública otra carta dirigida a Collboni en la que pedía que reconsiderara las políticas contrarias a las viviendas de uso turísticos.
En aquella misiva, la directora de Políticas Públicas y Campaña para España y Portugal de Airbnb, Sara Rodríguez, criticaba: “Después de diez años de moratoria absoluta para la obtención de las licencias de viviendas de usos turísticos, los precios de los alquileres y de las propiedades en la ciudad han crecido entre un 60% y un 70%. Sorprende que desde su gobierno municipal sigan poniendo el foco en estas medidas para abordar la crisis de la vivienda”. La representante de Airbnb seguía: “Es evidente que las restricciones contra las viviendas de uso turístico en Barcelona a lo largo de la última década no han cumplido su promesa de combatir los problemas de accesibilidad a la vivienda y el turismo de masas”. En la carta, Airbnb pide ampliar el enfoque del problema de la vivienda y apunta a otros factores: “En España se han construido menos viviendas que nunca desde 1970, mientras que en Barcelona hay ocho viviendas vacías por cada una de uso turístico”. Rodríguez denunciaba, también, que no se criticara al sector hotelero por el turismo masivo que soporta la ciudad: “Hay seis veces más plazas hoteleras que de viviendas de uso turístico. Un tercio de las plazas hoteleras de Barcelona (22.735 camas) están concentradas en ese distrito en comparación con las 3.253 camas de las viviendas de uso turístico”.
Collboni ha contestado a la carta destacando que las viviendas turísticas “tienen los días contados” en Barcelona y todas las licencias actuales quedarán extinguidas en noviembre de 2028. Según el primer edil, la medida responde a las “tremendas dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible” llegándose a convertir en “el principal problema de Barcelona” y la “prioridad” de Collboni.
Barcelona cuenta con 10.000 viviendas, con licencia, destinadas al alquiler turístico. “Nuestro objetivo es devolver esos pisos al mercado de uso residencial, lo que beneficiará directamente a más de 25.000 ciudadanos. Es una cuestión de principios y de responsabilidad ante la crisis habitacional”, mantiene el primer edil.
El alcalde aprovecha la misiva para informar a Airbnb que no solo pretende recuperar viviendas eliminando las licencias turísticas. Gracias al Pla Viure se ha declarado Barcelona como “zona residencial tensionada para regular y limitar el precio de los alquileres”. También informa que ha aprobado una prorroga de seis años de la declaración de tanteo y retracto que permite el Consistorio adquirir viviendas privadas para destinarlas a vivienda pública. “Hemos movilizado suelo efectivo para la construcción de vivienda asequible a un ritmo sin precedentes”, asegura. Según datos municipales, actualmente hay 5.000 viviendas protegidas en construcción y se espera duplicar el ritmo de edificación de vivienda pública, pasando de 500 a 1.000 anuales en 2027.
Collboni también aprovecha para criticar las plataformas de alquiler de vivienda vacacional: “La decisión de acabar con la figura del piso de uso turístico es también una declaración de intenciones ante las consecuencias que, sobre la ciudad, tienen las llamadas economías de plataforma”. El alcalde considera que estas actividades generan desigualdades fiscales respecto al pequeño comercio y afectan negativamente al tejido social y económico de Barcelona.
Acaba la carta lamentando que la crisis habitacional tiene una dimensión global tal y como constató en la última cumbre Urban 20 de Río de Janeiro donde varios alcaldes pidieron a los estados recursos para garantizar el acceso a la vivienda.