Cuestión de cuidados
Es urgente que se construyan más y mejores residencias públicas, se promuevan modelos comunitarios de convivencia y se integren a las trabajadoras del hogar en los servicios sociales
María toma asiento en el bus mientras le comparte a su amiga Lili que su trabajo está muy mal pago. Antes cuidaba de un señor, pero trabajaba más de 12 horas al día y no tenía vida, ni si quiera para cuidar de su niño.
El trabajo de hogar y cuidados suponía en 2022, el 0,7% del PIB catalán, según el Observatori del Treball i Model Productiu. De las 80.000 personas trabajadoras, unas 56.000 están afiliadas al sistema especial para empleadas de hogar, sistema que a día de hoy no les permite tener los mismos derechos que el resto de personas trabajadoras. Más del 90% son mujeres y un 51% son extranjeras, cifra que demuestra la sobre representación de las mujeres migrantes en este sector al compararlo con el 16% de afiliación en el total de sectores.
En otro rincón de la ciudad, Cristina, se desahoga con su amiga porque su padre ha tenido un ictus y ya no podrá volver a vivir solo. Lleva días buscando una residencia, pero no encuentra ninguna que puedan pagar y para una plaza pública hay dos años de espera como mínimo.
En el segundo año del plan de choque para la mejora del sistema de dependencia, el Gobierno catalán recortó 57,3 millones de euros su aportación. No obstante, consiguió aumentar en un 7,4% el número de personas beneficiarias con prestaciones y redujo en un 21% la lista de espera, según el Observatorio de la dependencia. Pero no fue suficiente, ya que también fue la comunidad autónoma con mayor número de fallecidos pendientes de resolución de grado o de prestación, es decir, aquellos a los que esa “ayuda” que les iba a mejorar el día a día no les llegó a tiempo.
María y Cristina son solo dos caras de la agónica e injusta realidad a la que se enfrentan miles de personas en Cataluña. Las familias, y sobre todo las mujeres, hacen malabares con el tiempo y el dinero para resolver las necesidades de cuidados que van surgiendo, y las cuidadoras profesionales se desgastan intentando salir de la espiral de la precariedad a la que se ven sometidas.
La histórica feminización e infravaloración de los cuidados y la inoculada creencia de que cuidar es una cuestión personal y no pública, son una peligrosa combinación de la que se beneficia una administración pública que actúa como recurso complementario, cuando debería ser el principal garante de un sistema público integral de cuidados que elimine las actuales desigualdades de género, étnicas y de clase que merman las posibilidades de una vida mejora para una gran parte de la población.
Cataluña necesita un plan de financiación que aumente la inversión en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y disminuya los tiempos de espera. Es urgente que se construyan más y mejores residencias públicas y se promuevan modelos comunitarios de convivencia, se integren a las trabajadoras del hogar en los servicios sociales, se adapte la formación sectorial a la disponibilidad de las trabajadoras y mejore la coordinación entre las diferentes departamentos de la Generalitat ya implicados.