Nuevos aires a la política de vivienda en un momento crítico

La política de vivienda, al igual que cualquier otra política pública, requiere para ser efectiva y creíble tres fundamentos imprescindibles: conocimiento profundo de las necesidades, cosa que presupone análisis rigurosos; voluntad firme de implicación directa de la Administración, que se traduce en recursos públicos; humildad y realismo en las propuestas, que se materializa en concertación y pacto con los diversos actores que entran en juego.

Pues bien, creo que nos encontramos en un momento de interesante confluencia de estos tres vectores imprescindibles, tanto en el nivel del Gobierno central como, en el caso de Catalunya, en el del nuevo Gobierno de la Generalitat. No cabe duda que todas las fuerzas políticas están situando el problema de la vivienda como el que mayor atención y dedicación requiere hoy, de hecho hay una gran coincidencia en el diagnóstico de la situación e incluso en muchas de las medidas que convendría adoptar –no en todas, por supuesto- pero lo que empieza a ser más esperanzador es que constatamos un cierto giro de los meros comentarios de pasillo hacia propuestas concretas y comprometidas.

En especial, esta parece ser en Catalunya la actitud que muestra el President Salvador Illa en su discurso en el Debate de política general del Parlament de Catalunya. Conocimiento de las necesidades, a partir de los estudios que llevamos años haciendo para configurar los planes locales de vivienda; también desde los diversos servicios de estudios privados y públicos y, muy singularmente, desde el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge que marcará los objetivos a 20 años, temporalizados y territorializados.

Voluntad de implicación de la Generalitat con el compromiso firme de subir los presupuestos propios hasta los 1.100 millones anuales, cosa que supondrá un incremento del 83% respecto del presupuesto actual y con ello pasar del 0,2% al 0,4% del PIB de Catalunya. Con la ayuda de un incremento semejante por parte de los presupuestos del Estado, se podría llegar a cifras cercanas a los 2.800 millones anuales, equivalentes al 1% del PIB -tan insistentemente reclamado por todas las fuerzas sociales-, semejante al que se alcanzó el año 2022 con los fondos Next Generation y también semejante al del año 2009 que el gobierno tripartito dispuso para hacer frente al estallido de la burbuja inmobiliaria. Una buena distribución de estos recursos entre las diversas líneas de trabajo sin duda deberá dar resultados positivos en el medio y largo plazo pero algunos podrían ser visibles en el corto: vivienda pública, fondos de suelo para vivienda protegida, colaboración público-privada, ayudas para el acceso a la vivienda, ayudas para el pago del alquiler.

Finalmente, humildad y realismo en las palabras del President: “También profundizaremos en el diálogo y el trabajo conjunto con todas las partes implicadas: ayuntamientos, sector inmobiliario y entidades”. Quizás el pacto sea este el punto más delicado hoy, sobre el que hay que trabajar con más sinceridad, transparencia y ahínco porqué es el gozne más oxidado y sin embargo es el que ha de permitir que todo el engranaje funcione sin roces ni reticencias.