Los equipamientos de gestión ciudadana de Barcelona alertan de falta de financiación

La ciudad de Barcelona es, desde hace décadas, una de las pioneras y referente internacional en la fórmula de la gestión ciudadana de equipamientos públicos. Ateneos, casals o centros cívicos y culturales que son gestionados por asociaciones vecinales. El caso más conocido, por su épica histórica, es el Ateneu Popular de Nou Barris, que gestiona El bidó de Nou Barris; pero también son de gestión comunitaria el Casal de Joves de la Prospe (Nou Barris), Cotxeres de Sants (Sants Montjuïc), Casa Orlandai (Sarrià-Sant Gervasi), la Farinera del Clot (Sant Martí) o el Casal Font d’en Fargas (Horta-Guinardó) por citar ubicaciones dispares. En total son unos 60, de los que, hasta finales de año hay 28 que deben renovar el convenio de financiación que tienen con el Ayuntamiento. Las asignaciones cubren la actividad y costes de personal de los equipamientos, que también generan ingresos con cursos, talleres o ciclos. Preguntado el consistorio por el coste global de estos equipamientos, responde que “no dispone” de este dato.

La Plataforma de Gestión Comunitaria alerta de que en los últimos cuatro años la cantidad anual que aporta el Ayuntamiento se ha mantenido fija, mientras la inflación ha aumentado un 20%. Por ello exigen al gobierno de Jaume Collboni que actualice los presupuestos o su situación económica será “insostenible”. Entre otras cuestiones porque al personal de estos centros públicos sí es obligatorio por convenio aumentarle anualmente los salarios de acuerdo al coste de la vida, lo que se come fondos que deberían dedicarse a la actividad para los barrios. El malestar es tan grande, que una decena de entidades de Nou Barris se plantean no concursar de nuevo.

En un comunicado conjunto, la Plataforma de Gestión Comunitaria, el consejo de asociaciones de Barcelona, la federación de asociaciones vecinales, la Red de Economía Solidaria y la Federación de Casals de Jóvenes de Cataluña informaron de la situación antes de las vacaciones de verano, en julio. La consideran inaceptable y alertan de que su trabajo de “cohesión social, cultural y comunitaria de los barrios” está en riesgo. “Es necesario que no se recorten las aportaciones a través de subvenciones a los proyectos comunitarios”, exigen y recuerdan que por cada euro que gestionan de recursos públicos aportan otro en gratis, con activismo o voluntariado. También señalan que las asociaciones que gestionan no tienen otra actividad que la de cada equipamiento, por lo que no disponen de otros fondos, y que no tienen beneficios. Ponen en valor, por último, que si su trabajo y actividades los hicieran una concesión privada, su actividad se vería reducida drásticamente (porque ahora en parte se basa en voluntariado).

Tras una primera reunión en julio, hace unos días se citaron con el concejal de Plan de Barrios y Educación, Lluís Rabell, que asegura que el Ayuntamiento mantiene su “compromiso con la gestión cívica” y asegura que “recibirá un nuevo impulso”. El regidor señala que el presupuesto depende de cada proyecto y que las aportaciones “crecen y se fortalecen con los años, y en algunos casos han crecido mucho; mientras en otras no, porque las dotaciones van asociadas al proyecto”. En cualquier caso, afirma, “ninguna de las asignaciones ha menguado”, aunque admite que la inflación ha impactado en la gestión de estos centros. Los convenios, se gestionan desde distritos, no los servicios técnicos centrales del Ayuntamiento, de manera que la interlocución es distinta de una zona a otra de la ciudad. El consistorio añade que se ha reforzado el equipo de Patrimonio Ciudadano, el paraguas de la gestión municipal de los equipamientos públicos, y para el que quiere crear una “Mesa de Gobernanza”.

“La situación es de crisis porque los concursos están infradotados, precarizan la gestión comunitaria y sentimos que no se apuesta por la relación público-comunitaria y en cambio sí hay dinero para impulsar un modelo de ciudad privatizada”, entiende Mariona Soler, que habla en nombre de la Plataforma y forma parte además del Ateneu de Nou Barris, que gestiona la asociación El Bidó de Nou Barris. “Hemos tocado hueso”, advierte y explica que los equipamientos de Nou Barris se plantean no presentarse si la futura aportación los hace inviables”. En este caso, habría la posibilidad de que otra entidad o fundación asumiera la gestión, aunque es difícil porque los principales requisitos son la trayectoria y arraigo al barrio.

El concejal Rabell admite la idiosincrasia del distrito: barrios desfavorecidos, por un lado, pero con “una historia de organización colectiva que otras de la ciudad no tienen”. “El distrito está atendiendo y trabajando los requerimientos de las entidades, confiemos en que se presentarán a los concursos”, conviene. “No pedimos incrementos, pedimos poner al día las aportaciones a la inflación, invertir en la gestión comunitaria es invertir en cohesión en un momento de crisis como el actual, pero parece que no es el modelo por el que apuesta” el actual equipo de Gobierno, lamenta Soler desde las entidades.

Desde la Lleialtat Santsenca (Sants-Montjuïc), que gestiona una coordinadora de 61 entidades, Agus Giralt, destaca el hecho de que la interlocución de los equipamientos sea con el distrito, y admite que en su distrito “se abre a negociar, no ha habido una cerrazón como en otros”. En cambio lamenta que protocolos que se diseñaron en los mandatos de los comunes “se han quedado a medias”. En Sarrià, la Asociación Cultural Casa Orlandai ha renovado el convenio del centro que lleva el mismo nombre, explica Enric Capdevila, pero alerta de que, en el nuevo, el distrito ha impuesto una partida de 20.000 euros anuales para los suministros (agua, luz y gas). “Es insólito. ¿Cómo podemos saber que será suficiente durante cuatro años, con las variaciones de precio que hay?”, se pregunta y opina que su distrito “es hiperregulador y burocratizador, hemos pasado tres auditorías en un año, con un coste para el personal enorme”. “Hay sensibilidad técnica, pero no política”, zanja. Las entidades también lamentan que es habitual que no reciban las dotaciones que les corresponden en los convenios hasta verano. La falta de fondos les lleva a endeudarse para poder pagar a los trabajadores.

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