Los presos por delitos violentos no podrán trabajar en las cocinas de las cárceles catalanas

El consejero de Justicia, Ramon Espadaler, ha dado los primeros pasos de un cambio de rumbo en las prisiones catalanas, agitadas tras el asesinato, el pasado 13 de marzo, de la cocinera Núria López a manos de un preso en Mas d’Enric (Tarragona). Su antecesora en el cargo, Gemma Ubasart, había anunciado que se limitaría el acceso de internos con delitos graves, en función de su comportamiento, a cocinas y otros lugares especialmente sensibles por la presencia de instrumentos peligrosos. Espadaler ha ido más allá y directamente ha vetado el acceso a esos espacios de presos con historial violento.

Justicia ha dictado una circular que deroga el protocolo aprobado por Ubasart (debía entrar en vigor este octubre) sobre la relación laboral penitenciaria y aprueba otro más restrictivo. El nuevo texto establece “requisitos adicionales” para lugares de trabajo considerados de “especial centro para la seguridad del centro”, según el protocolo, cuyo contenido ha avanzado Efe y al que ha accedido parcialmente este diario. Los presos (incluidos los preventivos) que estén involucrados en delitos especialmente violentos (como asesinatos o lesiones graves) no podrán trabajar en ningún caso, con independencia de su comportamiento, en las cocinas ni en los talleres donde puedan manejar instrumentos peligrosos.

Los presos que quieran trabajar en esos espacios deberán reunir además otros dos requisitos: deberán llevar un año al menos sin expedientes disciplinarios y deberán mostrar un riesgo de la llamada “violencia institucional” calificado como “bajo”, según el documento. El protocolo de Ubasart indicaba que los presos no podían presentar un riesgo “alto”, lo que supone una diferencia sensible. En su comparecencia en el Parlament tras el asesinato de Núria López, la consejera dijo que el autor del crimen, Iulian Odriste (que se suicidó al instante) presentó un “riesgo bajo” en las distintas evaluaciones a las que había sido sometido en los últimos ocho años.

La muerte de la cocinera, un hecho insólito en las prisiones españolas en democracia, desató una crisis de enormes proporciones en las cárceles catalanas. Durante días, los trabajadores bloquearon los accesos a los centros penitenciarios y dejaron la vida carcelaria bajo mínimos. El pulso entre los sindicatos y Justicia se cerró con un acuerdo económico en vísperas de las elecciones autonómicas del pasado 12-M. El acuerdo, sin embargo, no acabó con el malestar entre los trabajadores, que han seguido denunciando estos meses la presencia de presos peligrosos en cocinas y talleres.

El nuevo protocolo tiene como objetivos “garantizar la seguridad de los trabajadores” en las prisiones —una de las grandes reivindicaciones de los trabajadores, que Espadaler parece querer satisfacer cuanto antes— y mejorar la “convivencia” en los centros, donde las agresiones (entre internos, pero sobre todo de éstos a funcionarios) no han dejado de crecer, especialmente desde la pandemia de coronavirus. “Se trata de equilibrar dos cuestiones que son de igual importancia, la seguridad por parte de los servidores públicos y los derechos de los internos”, ha dicho en declaraciones a Efe el consejero, que este miércoles asiste a su primera comparecencia como titular de Justicia en el Parlament.

Espadaler confía en superar la situación de tensión en las cárceles y apaciguar las protestas de los funcionarios, muy críticos con el anterior secretario de medidas penales alternativas, Amand Calderó. El consejero, que ha confiado ese puesto a Elena Pérez, ha lanzado ya varios guiños que indican un cambio de dirección, aunque no drástico, de las políticas públicas en esa materia. Para Espadaler es difícil entender cómo una persona condenada por delitos violentos pueda trabajar con determinadas herramientas, como “cuchillos”, una opinión que entronca con el clamor de los trabajadores tras el suceso.

Odriste, el asesino de Núria López, cumplía condena por haber asesinado a puñaladas, en 2016, a una prostituta que se negó a mantener con él una relación sentimental. En el juicio, y más tarde en prisión, reconoció los hechos (de los que apenas recordaba nada por la ingesta de alcohol) y se mostró “arrepentido”. Fue condenado a 11 años de cárcel. Permanecía en segundo grado (el régimen ordinario de la mayoría de presos) y trabajaba en la cocina desde 2020 tras ganarse la “confianza” de los técnicos. Aunque el suceso era “imprevisible”, según dijo entonces Ubasart, generó un debate intenso al que el nuevo equipo de Justicia pretende poner punto final.

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