El Gobierno catalán avala que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad

El Govern de Salvador Illa está dispuesto a satisfacer una vieja reivindicación de los funcionarios de prisiones que, hasta ahora, nadie había atendido: considerarlos agentes de la autoridad. “Sé que quizá no todos comparten esa tesis, pero somos partidarios de declararlos agentes de la autoridad. Hacerlo otorga una protección y una cobertura a los trabajadores, y no debe leerse como un abuso de autoridad ni es algo excepcional: lo tienen docentes, médicos, bomberos...”, ha dicho este miércoles el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, en la comisión de justicia del Parlament.

Espadaler ha llegado al cargo dispuesto a granjearse el favor de los sindicatos de prisiones como vía para apaciguar el ambiente en las cárceles catalanas, caldeadas por el aumento sostenido de las agresiones de internos a funcionarios. El asesinato, el pasado 13 de marzo, de la cocinera Nuria López a manos de un preso de Mas d’Enric (Tarragona) que cumplía pena por homicidio fue un hecho inédito en democracia y desató movilizaciones nunca vistas en el ámbito penitenciario en Cataluña.

Los sindicatos exigieron la dimisión de su antecesora en Justicia, Gemma Ubasart, e insistieron en la necesidad de revertir de forma urgente el aumento de la inseguridad en las cárceles. Una de las medidas que reclaman desde hace años es que se les considere agentes de la autoridad. Para los trabajadores, ese reconocimiento tendrá sobre todo un efecto disuasorio, puesto que las penas que prevé el Código Penal por delitos como las lesiones se agravan si la víctima es un agente de la autoridad. El cambio también tendría efectos administrativos: si el interno no dispone de recursos para abonar la indemnización al funcionario, el pago lo asume la administración.

Espadaler ha cruzado una línea que ningún otro en su posición había cruzado antes. Y ha anunciado el punto de vista del Gover tras una intervención del diputado de Vox Rafael Vilafranca, que le ha exigido “recuperar el control de las prisiones” y crear una “cárcel específica” para presos en primer grado, los más peligrosos y los que incumplen de forma grave el reglamento penitenciario. El consejero ha descartado esa idea (”no es nuestro modelo”), pero sí ha recogido el guante del reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad.

La idea de reconocerlos con esa condición lleva años rondando la política española. “Cuando gobierna el PP y se presenta la petición, el PSOE la echa para atrás. Y al revés”, lamenta Alberto Gómez, del sindicato de prisiones CSIF. Las cosas parecen haber cambiado ahora. El pasado mes de junio, el Congreso de los DIputados aprobó (con los votos de PP y Vox) tomar en consideración una proposición de ley del PSOE para lograr ese reconocimiento, que sin embargo no contó con el respaldo de su principal socio (Sumar) ni de ERC y EH Bildu.

El reconocimiento no depende, en principio, del Gobierno catalán, sino que requiere la modificación de un artículo de la ley orgánica penitenciaria, de 1979. Gómez confía en que, cuando regrese del Senado, el Congreso apruebe la ley cuanto antes, lo que en su opinión sería un cambio sustancial que ayudaría a mejorar, por el efecto disuasorio, la convivencia en las cárceles “ante el elevado número de agresiones”.

Espadaler ha aludido a esa reforma legislativa en ciernes, pero ha señalado que el Govern estudia la posibilidad de convertir a los funcionarios en agentes de la autoridad por alguna otra vía. “Hemos estado mirando si, con independencia de que se haga o no en España [en alusión a la tramitación del Congreso] tenemos o no capacidad legal para hacerlo muto proprio. Hay división de opiniones entre los juristas”, ha dicho Espadaler en su primera comparecencia en la comisión de justicia, donde ha abogado entre otras cosas por agilizar los procesos penales contra los multirreincidentes.

Desde su llegada, el consejero ha tendido la mano a los sindicatos. Ha aprobado, por ejemplo, un protocolo que prohíbe a presos con delitos violentos (como el hombre que mató a Nuria López) trabajar en cocinas y otros espacios de las cárceles donde tengan acceso a instrumentos peligrosos. Este miércoles, en el Parlament, se ha comprometido a buscar “soluciones compartidas” para mejorar las condiciones de los trabajadores, incluidos los procesos de selección, formación y desarrollo profesional. Consciente del malestar de los trabajadores con los anteriores equipos, el consejero ha subrayado que “las medidas no vendrán dictadas por el departamento”, sino que se tomarán con “diálogo social”.

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