Albiach afirma que PSC y ERC les han dado la razón: “El Hard Rock no se hará en Cataluña”

“Nos dijeron que no era posible, de todo, y nada bonito. Pero fuimos firmes: dijimos que Cataluña no podía ser el casino de Europa ni merecía ser Las Vegas del Mediterráneo. Lo hemos conseguido: El Hard Rock no se hará en Cataluña. Nos dijeron de todo, pero PSC y ERC han venido a las nuestras”. Con esta contundencia y en medio de una gran ovación por parte de los miembros del Consell Nacional de los comunes, la líder parlamentaria de la formación, Jéssica Albiach, ha anunciado que el proyecto del controvertido macrocasino en Tarragona decaerá. Los comunes se amparan en el acuerdo que han alcanzado para investir a Salvador Illa, que incluye una modificación al alza de los impuestos del juego. El pacto, validado por 124 votos a favor y dos abstenciones, contempla también políticas de vivienda y recuperar la sexta hora en la escuela pública que rechazaban los socialistas.

El president Pere Aragonès se vio forzado en marzo a convocar elecciones. El desencadenante fue el rechazo de los comunes a aprobar los presupuestos si no se frenaba el megacasino, que contempla en su proyecto 1.200 máquinas tragaperras y las 100 salas de juego. Lo que parecía entonces imposible, ahora ha acabado de encajar. ERC y los comunes han forzado al PSC, en los dos preacuerdos de investidura, a modificar la ley del Consorcio Recreativo Turístico (CRT) y elevar del 10% actual al 55% el impuesto del juego. Las dos formaciones están convencidas de que los promotores desistirán porque del proyecto porque no será rentable. El documento de los comunes, a diferencia del de ERC, cita literalmente el Hard Rock y dice: “El Govern no facilitará proyectos como el del macrocasino del Hard Rock, y por este motivo eliminará la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la ley 6/2014″.

El PSC siempre ha dicho que el megacasino era un proyecto que administrativamente no se podía desechar por estar en trámite. Los socialistas guardan un silencio hermético y, por tanto, no se sabe si comparten la lectura de los comunes. Illa, de hecho, no ha valorado ninguno de los dos acuerdos. Su número dos, Maria Lluïsa Moret, ha publicado este miércoles un mensaje en X elogiando los dos pactos y de este en particular que garantiza el despliegie de politicas “progresistas” que asumen con la convicción de “construir un país más justo”. Los comunes avisan que es un acuerdo de investidura y que les marca una hoja de ruta para la legislatura. Su objetivo es un mandato estable y no entrar en el Govern porque sí, sino hacer valer sus seis diputados, esenciales para alcanzar la mayoría absoluta de 68. Si las bases de ERC avalan el acuerdo, PSC y comunes escenificarán probablemente el pacto con vistas a una inminente sesión de investidura.

La negociación se ha centrado también en las políticas de vivienda. El pacto incluye la promoción y construcción de 50.000 nuevos pisos en el periodo 2024-2030 y destinar 350 millones en los próximos cuatro años para ampliar en el parque público en 5.000 viviendas. Los comunes han forzado al PSC en dar un golpe de volante hacia la izquierda. Los dos partidos se han comprometido a modificar antes de que acabe el año la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para restringir el uso de los contratos por temporada y habitación, que están restringiendo la oferta tradicional de vivienda habitual. El plan es incorporar en su articulado el contenido del decreto que decayó en junio —el PSC no lo validó— sobre el alquiler de temporada para evitar que los propietarios burlaran derechos.

Otra medida esencial es mantener el decreto de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, que el PSC obligó a tramitar como proyecto de ley. Fue un intento de regular el sector gigante de los apartamentos que podía haber provocado el cierre de hasta 28.000 pisos turísticos. El Govern se vio obligado en diciembre a rebajar su plan ante la falta de apoyos. El PSC se opuso, por ejemplo, a fijar un tope de 10 pisos turísticos cada 100 habitantes para facilitar así el acceso a la vivienda de alquiler y propuso que ese límite lo escogiera cada municipio. El Ejecutivo tuvo que ceder a la exigencia del PSC de tramitar el texto como proyecto de ley para aplicar modificacione. Pero el adelanto electoral lo envío al traste. El decreto seguía y sigue vigente y solo se podrá modificar con la firma de los dos socios.

Con una férrea defensa del transporte ferroviario, los comunes han arrancado al PSC el compromiso de no impulsar la B-40, también conocido como Cuarto Cinturón, hasta Granollers en este mandato. Ese proyecto fue una de las medidas que planteó Illa en la campaña electoral. Y el texto contiene otras dos medidas estrella en este caso de educación: la recuperación de la sexta hora en la escuela pública, por una razón de igualdad con la privada, que siempre provoca controversia entre el profesorado y la decisión de extender de forma progresiva la gratuidad de los comedores escolares.

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