Desconvocados los dos días de huelga en las prisiones catalanas tras pactar mejoras con el Govern
El departamento que dirige Gemma Ubasart acuerda mejoras laborales y de seguridad por un valor de 30 millones
Los sindicatos de prisiones han desconvocado las huelgas previstas para este viernes y el próximo 11 de mayo tras pactar una serie de mejoras con la consejería de Justicia en la reunión mantenida durante la madrugada. “Han sido tres días intensos de negociaciones con todos los sindicatos”, ha afirmado Laura Vilagrà, vicepresidenta de Cataluña. Vilagrà ha ocupado el lugar de la responsable de Justicia, Gemma Ubasart, duramente criticada por las agrupaciones penitenciarias, para valorar el acuerdo. “Es histórico. Va más allá de parar las movilizaciones. Atendemos a todas las peticiones que los trabajadores llevan pidiendo durante años”, ha detallado la vicepresidenta. El pacto renueva el convenio laboral de los funcionarios, vigente desde 2006, e incluye mejoras en los sistemas de seguridad y un aumento de la plantilla del personal laboral.
Las negociaciones, en las que ha mediado el Departamento de Trabajo, se han prolongado durante tres días y han terminado durante la madrugada de este viernes. La consejería de Economía también ha participado en la mesa para “llevar a buen puerto este acuerdo”, según ha explicado Vilagrà minutos antes de que Pere Aragonès iniciara la campaña electoral del 12M en Montjuic. Después de la ola de movilizaciones que los funcionarios de prisiones iniciaron en marzo, a raíz del asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric de El Catllar (Tarragona) a manos de un preso que se suicidó, los sindicatos han decidido desconvocar las huelgas programadas.
El convenio laboral se renovará después de estar casi 20 años, desde el 2006, sin haber cambiado un ápice. Era una de las reclamaciones mayoritarias entre los funcionarios. “Era necesario una revisión en profundidad”, ha señalado la vicepresidenta. Las mejoras laborales y de seguridad para los trabajadores penitenciarios tendrán un valor de 30 millones de euros, aproximadamente. Vilagrà ha detallado que, entre las medidas de seguridad, se implementará el sistema de comunicación entre los funcionarios y se distribuirán pulsadores transmisores para “avisar en caso de peligro”. Además de reexaminar los protocolos de emergencia y los procedimientos disciplinarios, se creará una Escuela de Formación Penitenciaria para que “exista una formación previa antes de trabajar” en una cárcel.
También se han pactado incrementos retributivos que suponen aumentos del 13 al 22% de los complementos específicos y que, en el mayor de los casos, pueden suponer aumentos de 10.100 euros anuales. También se han actualizado las horas extras un 40% respecto a las actuales y se abonará un complemento retributivo por la prestación de servicios en domingos. Además, se valorarán las situaciones de más riesgo, donde será obligatorio trabajar en binomios, tanto en las áreas de régimen interior como rehabilitación.
Se aplicarán medidas en materia de políticas de igualdad de género, se creará una Escuela de Formación Penitenciaria y se desarrolarán iniciativas para el personal mayor de 55 años, como la no asignación de labores de protocolos de seguridad o el desempeño laboral en áreas de especial conflictividad. Según el Departamento de Justicia, estas mejoras propuestas significan “un refuerzo significativo del modelo penitenciario catalán, basado en la centralidad de la reinserción, la rehabilitación, el respeto a la dignidad y a la seguridad de los internos y los trabajadores”.
Las protestas de hace unas semanas llevaron a los funcionarios de prisiones a bloquear los accesos a los centros penitenciarios, donde los reclusos estuvieron confinados en sus celdas por la falta de personal, en una situación que, según alertó la Generalitat, estaba poniendo en riesgo la seguridad en los propios centros. Después de estas movilizaciones, los sindicatos convocaron dos jornadas de huelga durante la campaña de las elecciones catalanas, de las que se han desmarcado los sindicatos minoritarios CSIF y ACAIP, que creen que un paro con amplios servicios mínimos como los que suelen establecerse en los centros penitenciarios no tendría repercusión. Tras la ola de protestas que llevó a bloquear los accesos a las cárceles, los sindicatos con más representación entre el personal penitenciario retomaron las negociaciones con la consellería el pasado 2 de abril en varias reuniones destinadas a mejorar la seguridad en los centros penitenciarios de Cataluña. El pasado 12 de abril, ambas partes ya acercaron posturas con un plan de trabajo planteado por Justicia que incluía una treintena de medidas para reforzar la seguridad en las prisiones.
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