Pere Aragonès condiciona la solidaridad del modelo de financiación catalán a avances en la cohesión territorial

Un día después de hacer público el contenido de la propuesta de la Generalitat para que Cataluña tenga una “financiación singular” y ya en plena precampaña electoral, el president Pere Aragonès ha explicado este miércoles en Madrid su contenido. El también líder republicano ha recordado en un desayuno informativo organizado por Europa Press las buenas cifras de la economía catalana y ha querido aclarar por qué ...

Un día después de hacer público el contenido de la propuesta de la Generalitat para que Cataluña tenga una “financiación singular” y ya en plena precampaña electoral, el president Pere Aragonès ha explicado este miércoles en Madrid su contenido. El también líder republicano ha recordado en un desayuno informativo organizado por Europa Press las buenas cifras de la economía catalana y ha querido aclarar por qué una financiación deficiente de la Generalitat repercute negativamente en el desempeño del conjunto del Estado. Y es ahí donde ha circunscrito una idea de modelo evolucionado de la financiación a la vasca, donde el Govern se encargaría de recaudar todos los tributos y se enviarían fondos al Gobierno mediante dos vías: una a modo de pago por los servicios recibidos, y otra a través de un fondo de solidaridad interterritorial, de nuevo cuño, y cuya duración y cuantía Aragonès ha condicionado de manera temporal, y al cumplimiento de objetivos de cohesión territorial.

“El 8% del producto interior bruto catalán cada año va en forma de impuestos a las instituciones del Estado y no regresa ni en forma de servicios, ni de transferencias ni de inversiones. Todo este tiempo la aportación [al resto de España] ha sido extraordinaria, pero en Cataluña también hay situaciones sociales que atender, tenemos un 24% de ciudadanos en riesgo de exclusión”, ha recordado Aragonès. El president ha defendido que se mantenga una cuota de solidaridad interterritorial, además del pago al Estado por los servicios que recibe, pero ha asegurado que ese aporte tiene que estar “sometido a unos objetivos y limitado en el tiempo”.

El Govern insiste en no querer cifrar a cuánto ascenderían esas dos contribuciones, y Aragonès ha repetido que eso se debería pactar en la comisión bilateral Estado-Generalitat. La propuesta del president surge de un encargo que hizo al Departamento de Economía de la Generalitat, después de que en los acuerdos de investidura del año pasado entre ERC y PSOE se comprometieran a estudiar cómo mejorar la situación de las arcas catalanas tras coincidir en que había una infrafinanciación. El Govern propone que sea la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la que recaude el 100% de los impuestos que pagan anualmente los catalanes, unos 52.000 millones de euros y sin contar ningún aspecto de la Seguridad Social. Ahora la ATC solo ingresa el 9%.

Aragonès ha querido dejar claro que la solidaridad catalana tendría que estar bien delimitada y que ahí jugaría un papel fundamental la ordinalidad, el principio sobre la relación financiera entre comunidades por el que una autonomía no debe perder puestos en el nivel de renta por los mecanismos de nivelación entre comunidades. Cataluña es la tercera comunidad que más entrega a la caja común y ocupa el lugar número 14 a la hora de recibir recursos. También ha recordado que, según las cifras oficiales, solo se ejecuta un 40% de las inversiones presupuestadas por el Estado. Tras intentar ajustar esa brecha, la Generalitat negociaría la cuantía del fondo de solidaridad en función del cumplimiento de objetivos en el “grado de cohesión territorial” y de que se apliquen medidas que favorezcan la productividad y la competitividad de los territorios con menor capacidad fiscal. El president ha asegurado que es el mismo paradigma aplicado por la Unión Europea, donde, según ha explicado, “hay unas normas comunes y una solidaridad interna, pero sometida a unos objetivos”.

El líder catalán ha aterrizado en Madrid con la negativa del Gobierno a debatir su propuesta, que se hizo pública el martes en el Palau de la Generalitat, y después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo remitiera a negociar cualquier mejora en el marco del régimen común. Ante un público de entrada poco receptivo no solo a las tesis independentistas, sino muy receloso de cualquier maniobra que dé la sensación de que se privilegia a la Generalitat, Aragonès ha comenzado su intervención recordando cómo el Gobierno había terminado cediendo ante cosas que antes había calificado de imposibles. Y ha puesto la amnistía a los líderes del procés o a las reformas del Código Penal como ejemplos.

“Tenemos tres años, en esta legislatura, en la que serán muchas las votaciones en las que serán necesarios nuestros votos. El presidente se comprometió en su investidura a abordar esta negociación, tendrá que cumplir los acuerdos de investidura. Si se van cumpliendo los acuerdos, podrá haber nuevos acuerdos”, ha dicho Aragonès, intentando remarcar su capacidad de influencia dentro de la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez, al tiempo que enviaba un mensaje sobre la estabilidad de la legislatura.

El jefe del Govern ve imposible una negociación real sobre la financiación en el marco del régimen común. “Si vamos a una negociación multilateral no habrá acuerdo”, ha asegurado, recordando la primacía del Partido Popular en el reparto del poder autonómico. Y ha criticado a los barones territoriales, también del PSOE, porque primero cargan contra la Generalitat, pero después la emulan. “El mejor ejemplo es cuando acordamos una condonación de una parte de la deuda del FLA [Fondo de Liquidez Autonómica] en el marco de los acuerdos de investidura”. “No voy a negociar con otros territorios, (...) no voy a aceptar que se condicione por parte de otros territorios”, ha subrayado.

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