Casi 5.000 presos están confinados en sus celdas en Cataluña por la protesta de los funcionarios

El bloqueo que los funcionarios de prisiones mantienen, desde primera hora de este viernes, en los accesos a los centros penitenciarios de Cataluña está empezando a tener consecuencias de gravedad. Las protestas han impedido el cambio de turno y, con el personal bajo mínimos, los nueve centros de Cataluña han visto alterada la normalidad. Seis de ellos se han visto obligados a confinar a los...

El bloqueo que los funcionarios de prisiones mantienen, desde primera hora de este viernes, en los accesos a los centros penitenciarios de Cataluña está empezando a tener consecuencias de gravedad. Las protestas han impedido el cambio de turno y, con el personal bajo mínimos, los nueve centros de Cataluña han visto alterada la normalidad. Seis de ellos se han visto obligados a confinar a los internos en sus celdas como medida de seguridad: son los de Mas d’Enric, Brians 1, Brians 2 (la más poblada), Ponent, Lledoners y la cárcel de mujeres de Barcelona. En total, casi 5.000 presos a los que solamente se garantiza el suministro básico de alimentos y medicamentos.

En una rueda de prensa la tarde de este viernes, la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos para que los centros vuelvan a la normalidad lo antes posible y ha alertado de que el confinamiento en celdas “puede provocar una tensión importante” y “supone un riesgo para los trabajadores”.

La protesta ha comenzado antes de las 6 de la mañana en la prisión de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona), donde el miércoles un interno asesinó a una cocinera, Nuria López, y después se suicidó; allí, los manifestantes han colocado piedras y otros objetos a modo de barricada. Las movilizaciones se han extendido después a la totalidad de los centros penitenciarios de Cataluña; la afectación es desigual, pero en todos los casos el funcionamiento normal de los servicios penitenciarios se ha visto alterado. Ubasart ha insistido en la necesidad de retomar el “diálogo” y las “negociaciones” con los sindicatos, que este mediodía estaban convocados a una reunión en la sede del Departamento de Justicia pero han dado plantón a la consejera. Los funcionarios exigen la dimisión del secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, como condición para volverse a sentar.

Calderó ha expresado su preocupación especialmente por la situación de los internos confinados y ante la perspectiva del fin de semana, cuando se producen permisos de salida y comunicaciones de los presos con sus familiares. “Para un preso, un día en la celda es algo importante, pero si tenemos delante el fin de semana, se trata de un asunto de gran afectación y debemos ser muy responsables”.

Pese a la presencia policial, el bloqueo ha impedido que los funcionarios del turno de mañana accedan a los centros para iniciar su jornada laboral. Con el personal bajo mínimos, la actividad ordinaria de los centros se ha tenido que modificar de manera drástica. La situación más conflictiva, donde los internos tienen que permanecer en sus celdas, se produce en Mas d’Enric (El Catllar, Tarragona); Brians 1 y Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona), Ponent (Lleida) y Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona). En los centros de Mujeres de Barcelona y en Puig de les Basses, Quatre Camins y Jóvenes disponen de “personal para hacer vida ordinaria”, aunque “con algunas limitaciones”, según el Departamento de Justicia. Con los accesos bloqueados, las protestas también impiden que los presos que lo tenían previsto acudan a comparecencias o juicios.

La consejera de Justicia, Gemma Ubasart, se ha reunido a mediodía por videoconferencia con los directores de los centros penitenciarios para que den prioridad al “correcto funcionamiento” de los centros. El departamento admite que la protesta sindical “ha provocado alteraciones en las rutinas habituales” de los equipamientos y que se han registrado también, a lo largo de la mañana, “diversas incidencias” que por ahora no han concretado. El objetivo que ha trasladado Ubasart es que la vida en los centros, tanto de los trabajadores como de los internos, “se vea alterada lo mínimo posible”. El gabinete de crisis está encabezado por la consejera y por el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó. Los trabajadores piden expresamente la dimisión de ambos.

La acción ha sido impulsada por los sindicatos pero también por el movimiento Camisetas Negras, nacido a raíz del asesinato de Nuria López, de 46 años, que trabajaba como cocinera en Mas d’Enric. La mujer fue apuñalada mortalmente por un interno que trabajaba con ella en la cocina. Esta plataforma, que trasciende a los sindicatos tradicionales, ya se sumó el jueves a una protesta frente al Departamento de Justicia para exigir la dimisión de la consejera. Para los funcionarios, la muerte de Nuria supone un punto de inflexión en sus reivindicaciones para mejorar la seguridad en los centros. Es la primera vez, desde que hace 40 años se transfirieron las competencias en prisiones a la Generalitat, que un trabajador muere a manos de un interno.

Las protestas se han repetido, desde primera hora de esta mañana, en las cárceles de Quatre Camins, de Brians1 y 2 y Lledoners, entre otras. Los trabajadores de los centros penitenciarios han colocado piedras y otros objetos a modo de barricada y también han quemado algunos neumáticos, según confirma la policía catalana.

Los sindicatos han emitido un comunicado atribuyéndose la decisión de cerrar el acceso al centro de Mas d’Enric como protesta por el “cruel asesinato” de Nuria. A ese cierre se sumaron después las plantillas de los demás centros, con la excepción del de Puig de les Basses, en Girona. Según un comunicado del sindicato CSIF, la protesta se mantendrá hasta que “no suponga peligro para la integridad física de los trabajadores” y no suponga, tampoco, una “alteración regimental”. Exigen, sin embargo, que la administración se compromete a “tomar medidas drásticas” para mejorar la seguridad en las prisiones y atender otras reivindicaciones de los trabajadores.

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