El Govern se arriesga al pago de una indemnización si no prospera el Hard Rock

El Govern de Pere Aragonès está en una encrucijada por el plan de construir el casino de Hard Rock en Salou (Tarragona). Y no solo porque está entre la espada y la pared al condicionar sus dos socios potenciales, socialistas y comunes, el apoyo a los presupuestos en sentido contrario al complejo lúdico. ...

El Govern de Pere Aragonès está en una encrucijada por el plan de construir el casino de Hard Rock en Salou (Tarragona). Y no solo porque está entre la espada y la pared al condicionar sus dos socios potenciales, socialistas y comunes, el apoyo a los presupuestos en sentido contrario al complejo lúdico. Si el plan no prospera, el Ejecutivo catalán se arriesga a tener que pagar además una indemnización millonaria por daños y perjuicios a la empresa promotora además del descrédito internacional por desdecirse de una decisión ya tomada. ERC y PSC se acercan (66 escaños juntos) al acuerdo presupuestario, pero les faltan dos escaños para la mayoría. La Generalitat tiene antecedentes, como la sentencia que le obligó a indemnizar al consorcio que se adjudicó la privatización de Aguas Ter Llobregat que otro tribunal había tumbado.

Hace casi seis años, en mayo de 2018, el Departamento de Economía adjudicó a la compañía estadounidense una licencia para instalar y explotar un casino para que levantara a caballo de Vila-seca y Salou el recinto Hard Rock Entertainment World. Fue la única pese a que había tres posibles autorizaciones. En ese momento, Aragonès era el número dos de la consejería. El acuerdo suponía dar por bueno el proyecto arquitectónico del complejo y se preveía una inversión inicial de 700 millones (una cifra después aumentada).

Como garantía, el grupo turístico y de ocio tenía que presentar un aval de 10 millones de euros, aunque después tuvo que presentar ante el Incasòl una garantía similar por la reserva del suelo donde edificar el recinto. De esa forma, la compañía tiene un derecho adquirido, lo que abriría una vía legal para presentar un litigio. Fuentes del Govern aseguran que en el contrato no figura mención al posible cobro de una indemnización si el proyecto se cae por la falta del plan director urbanístico, el trámite que el Ejecutivo autonómico tiene pendiente de aprobación.

Una vez aprobada la concesión de la licencia, el proceso para sacar adelante el proyecto se fue dilatando. Por una parte la compraventa de los terrenos, que son propiedad de Criteria Caixa (el brazo inversor de La Caixa), se fue aplazando por petición expresa de Hard Rock. Por el otro, el plan director urbanístico (PDU), que una vez aprobado se dio de bruces con los tribunales, lo que obligó al Govern a reelaborarlo. Es en esa fase en la que se encuentra todo el proceso actualmente. El Departamento de Territorio tiene en sus manos adaptarlo a la sentencia judicial teniendo en cuenta dos informes encargados a Medio Ambiente y a Protección Civil. Y la oposición, sobre todo los socialistas, insisten en que se haga ya pese a las resistencias de Esquerra, por la presión que tiene en el territorio de sus bases y en el Parlament de los comunes, quienes han sido su muleta los últimos años para aprobar las cuentas.

Aprobar el PDU supondría entrar en otra fase de riesgo. Fuentes conocedoras del proceso señalan que una vez aprobado el proceso se abrirá un plazo de seis meses para cerrar la compraventa de los terrenos. Es otra alambicada operación en este proceso. El Govern quería controlar ese proceso, de modo que alcanzó un acuerdo con Criteria para ser un intermediario en el proceso de traspaso a través de una opción de compra: una vez que estuviera todo a punto, y en cuestión de horas, adquiriría los terrenos al hólding financiero de La Caixa y sin solución de continuidad se los traspasaría al grupo de los seminolas. Algún año ha llegado a reservar en los presupuestos una partida de 120 millones de euros para efectuar esa transacción, todavía pendiente. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y Criteria ha pedido una actualización del precio de la operación, que se situaría ahora en 130 millones de euros. Pero más allá del valor de la operación hay otros factores contractuales pendientes de cerrar.

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