Legitimidad del discurso social

La reivindicación continua del maltrato institucional a las organizaciones sociales provoca la disminución de la confianza social en su discurso. Mayoritariamente no se trata de una intención de la administración, sino un fruto de su limitada efectividad así como una consecuencia más de los fraudes perpetrados que han forzado una legislación muy estricta. Con todo, uno de los resultados de la reivindicación habitual de los derechos de las entidades distorsiona el conjunto de su comunicación. El retraso en la convocatoria de subvenciones, las condiciones indignas de los concursos públicos, la o...

La reivindicación continua del maltrato institucional a las organizaciones sociales provoca la disminución de la confianza social en su discurso. Mayoritariamente no se trata de una intención de la administración, sino un fruto de su limitada efectividad así como una consecuencia más de los fraudes perpetrados que han forzado una legislación muy estricta. Con todo, uno de los resultados de la reivindicación habitual de los derechos de las entidades distorsiona el conjunto de su comunicación. El retraso en la convocatoria de subvenciones, las condiciones indignas de los concursos públicos, la objetiva financiación insuficiente, la lentitud de los pagos no suponen únicamente un maltrato por sí mismas, sino que además abocan a las organizaciones a una reivindicación, percibida como corporativista y que deslegitima su menor espacio de denuncia social.

Estamos convencidos, por experiencia propia, de la ineficacia, rigidez y burocracia por parte de la administración. Con todo consideramos que deberíamos limitar la denuncia pública y especialmente continuada de estas situaciones. ¿Proponemos la aceptación acrítica de cierto maltrato institucional? ¿Queremos minimizar la gravedad de dichos problemas amparando a nuestras instituciones? En absoluto, pero a la vista de los escasos resultados de la exposición mediática de dicha situación deberíamos moderar el discurso habitual y estudiar otras formas de reivindicación que eviten una imagen corporativista.

La confianza pública en la sociedad civil no atraviesa su mejor momento. Si bien el fraude puede ser una causa principal, este se da solo muy excepcionalmente en nuestro entorno. La eficacia de la acción debería ser el elemento por el que se valore en mayor medida la labor de las ONG, fundaciones y asociaciones. Las organizaciones debemos ser capaces de mostrar el impacto y la evaluación de resultados de nuestra acción. Evitar la reivindicación pública continuada, por legitima que sea, por parte de organizaciones y federaciones del sector, permitiría una exposición más nítida del trabajo de acuerdo con el propósito de las entidades miembros.

Josep Oriol Pujol i Hudmet es irector General de la Fundació Pere Tarrés

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