La anciana del Gòtic que logró movilizar al barrio acaba desahuciada por falta de acuerdo con la propiedad
El Ayuntamiento se comprometió en noviembre a mejorar el alquiler hasta los 1.000 euros, pero asegura que la propiedad finalmente se ha negado
Blanca Espinosa, una vecina de 78 años, que vivía desde 1968 en un piso del barrio Gótico de Barcelona, ha sido desahuciada este jueves. El pasado 22 de noviembre la presión vecinal consiguió que se frenara el quinto intento de desahucio de la anciana. El Consistorio y la propiedad del inmueble situado en el número 6 de la calle Boters acordaron, entonces, un tiempo para negociar si Espinosa podía permanecer más tiempo en el inmueble. La entidad Res...
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Blanca Espinosa, una vecina de 78 años, que vivía desde 1968 en un piso del barrio Gótico de Barcelona, ha sido desahuciada este jueves. El pasado 22 de noviembre la presión vecinal consiguió que se frenara el quinto intento de desahucio de la anciana. El Consistorio y la propiedad del inmueble situado en el número 6 de la calle Boters acordaron, entonces, un tiempo para negociar si Espinosa podía permanecer más tiempo en el inmueble. La entidad Resistim al Gòtic ha hecho público un comunicado acusando al Consistorio “y en especial al área de Derechos sociales encabezada por Mara Eugènia Gay por haber roto a última hora, de manera totalmente opaca y vergonzosa, un acuerdo que estaba hecho”. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que la propiedad no ha admitido que sea el propio Consistorio el que abone parte del alquiler mensual, hasta llegar a 1.000 euros, y ganar así tiempo hasta que se entregue a Espinosa una vivienda social.
A las 9.00 de este jueves, la anciana ha abandonado, acompañada de sanitarios del SEM, el domicilio y esta noche dormirá en un hotel de la calle Mallorca, donde permanecerá hasta que le asignen una vivienda pública con servicios para ancianos. Resistim al Gòtic asegura que desde noviembre hasta febrero se han llevado a cabo diversas negociaciones y se había llegado a un pacto. “Blanca seguiría abonando el dinero de la renta antigua (340 euros) y el Ayuntamiento completaría hasta los 1.000 euros que exige la propiedad con una fecha fija (alrededor de un año) hasta que le dieran una vivienda pública”. La entidad asegura que el Ayuntamiento, a última hora, ha “desestimado el acuerdo” con el argumento de “no poder avalar acuerdos de cuotas” o asegurando que “Blanca tiene recursos”. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona niega la acusación de Resistim al Gòtic y mantiene que ha sido la propiedad la que “ha rechazado en el último momento” el acuerdo.
Espinosa ha sido desahuciada este jueves por el impago de un incremento de 88,80 euros en el alquiler tras unas obras para arreglar unos desagües que fueron realizadas en 2017. Espinosa no pagó el incremento del precio durante varios meses y fue entonces cuando recibió la amenaza de desahucio. El juez dio la razón a la propiedad y ahora la anciana vivirá en pensiones y hoteles hasta que se le conceda una plaza en una vivienda social adaptada para vecinos de la tercera edad. El Consistorio asegura que se ha activado una vivienda de emergencia en el Eixample para Espinosa y la anciana podrá recoger sus pertenencias en los próximos días.
El caso de Espinosa lleva un recorrido judicial de siete años. En 2019, un juzgado consideró probado que se había acabado el contrato, y desde entonces se han ido proponiendo y postergando fechas para el lanzamiento. Durante la covid, y con informes municipales, se decretó la vulnerabilidad de la mujer para evitar que la echasen del piso donde vive desde hace 54 años. Pero finalmente, y después de una investigación por parte de la propietaria, que aseguraba que la mujer poseía desde 2010 la mitad una vivienda, por herencia en Barcelona, por la que recibió 79.000 euros. El Juzgado de Primera Instancia número 32 de Barcelona añadió que la mujer no había demostrado su vulnerabilidad, ya que únicamente constaba un expediente municipal, en el que se aseguraba que cobraba 437 euros al mes, pero sin aportar “justificación de ello”, según el juzgado, ni acompañar otros datos económicos o de empadronamiento de más personas en la unidad familiar o vulnerables. Por todo ello, el juzgado dio luz verde en junio de 2023 al desahucio.
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