Un aparatoso desalojo en Reus revela los métodos al límite de las empresas de desocupación

Las empresas de desocupaciones al margen de la ley han proliferado en los últimos años, erigidas como la solución más sencilla ante un piso ocupado. Los Mossos d’Esquadra intervinieron el martes en Reus en la actuación de una de estas compañías, Antiokupa Tarraco. La policía detuvo a los cuatro empleados de la empresa, entre ellos su responsable, Andrei S., y a los dos ocupas. La operación acabó en una batalla campal, donde se usó gas pimienta, que incluso afectó a dos vecinos no implicados en el conflicto que necesitaron asistencia médica. El aparatoso intento de desalojo de Antiokupa Tarraco...

Las empresas de desocupaciones al margen de la ley han proliferado en los últimos años, erigidas como la solución más sencilla ante un piso ocupado. Los Mossos d’Esquadra intervinieron el martes en Reus en la actuación de una de estas compañías, Antiokupa Tarraco. La policía detuvo a los cuatro empleados de la empresa, entre ellos su responsable, Andrei S., y a los dos ocupas. La operación acabó en una batalla campal, donde se usó gas pimienta, que incluso afectó a dos vecinos no implicados en el conflicto que necesitaron asistencia médica. El aparatoso intento de desalojo de Antiokupa Tarraco, investigada por coacciones y daños en otro caso en Barcelona, pone al descubierto los métodos al límite que utilizan este tipo de empresas.

La acción para echar a las personas de un piso de la avenida de Cardenal Vidal i Barraquer de Reus empezó la tarde-noche del lunes. La Guardia Urbana acudió al domicilio alertados por un vecino que explicaba que vivía ocupando la vivienda con su mujer y su hija y que se habían presentado tres hombres de una empresa de desocupación. Para lograr que abandonasen el domicilio, contó que les habían coaccionado y que además habían causado daños en la puerta del piso.

Al día siguiente, la situación empeoró. A las cinco de la tarde, acudieron al inmueble cuatro personas de Antiokupa Tarraco. Mientras los empleados subían hasta el sexto piso, en la entrada del edificio se fueron juntando personas del entorno de los ocupas, según explican testigos de lo ocurrido. Un trabajador de la compañía de desocupación acabó usando el gas pimienta en la escalera del bloque, según detallan los Mossos, lo que provocó que dos vecinos, sin ninguna relación con el conflicto, sufriesen las consecuencias. “Iban bajando y se ahogaban”, detalla una testigo. Ya en la calle, se desató una pelea tumultuaria.

Al final, los Mossos d’Esquadra detuvieron a seis personas: los cuatro empleados de Antiokupa Tarraco y dos ocupas. A los primeros, de 29, 32, 37 y 39 años, les acusaron de desórdenes públicos, coacciones, lesiones leves y daños leves. A los segundos, de 26 y 33 años, también les imputaron desórdenes, lesiones leves y amenazas. Los seis durmieron dos noches en los calabozos de la policía catalana, y pasaron a disposición del juzgado en funciones de guardia en Reus. Pero los ocupas renunciaron a la denuncia, por lo que la causa no prosperó, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Alcanzaron un acuerdo extrajudicial y los moradores accedieron a abandonaron el piso, añaden fuentes judiciales.

Andrei S., responsable de Antiokupa Tarraco, lo explica de otra manera. “Nos dieron la absolución allí mismo”, cuenta, por teléfono. Insiste en que ellos acudieron a la vivienda contratados por los propietarios, y que se vieron sorprendidos por una trampa que les tendieron los ocupas. “Nos atacaron con cuchillos”, asegura. Fuentes policiales confirman que Andrei S. fue herido de levedad con un arma blanca. El hombre, de 37 años, y con tres detenciones en su expediente por robo con fuerza y tráfico de drogas, asegura que “todos los testigos” de lo ocurrido les han dado la razón.

Cuando se le pregunta por otra causa que tiene abierta en un juzgado de Barcelona, donde él y otro empleado están investigados por los delitos de coacciones y daños, declina pronunciarse. “Ese es otro tema”, zanja. Antiokupa Tarraco fue contratada por la propiedad de una vivienda en el barrio de Gracia de la capital catalana para echar del piso a Ana y su familia. La mujer denunció tres episodios de coacciones en los que implica a la compañía, con sede en Mont-roig del Camp (Tarragona). El primero ocurrió el 27 de marzo, cuando tres empleados se presentaron en la casa, la “arrinconaron” en el ascensor a ella y a su hija, les dedicaron “comentarios ofensivos” y le exigieron que se fuese.

Unos días después, la madrugada del 7 de abril, Ana se despertó por los golpes en la puerta del piso y los gritos de una vecina. Al levantarse, comprobó que la puerta estaba abierta y una ventana rota, por la que vio cómo una persona encapuchada corría escaleras abajo. La mujer lo denunció. El 18 de abril, a las siete de la mañana, tres trabajadores de la empresa volvieron a la vivienda. “Se pasaron unos 20 minutos incordiando y llamando continuamente a los timbres de la finca”, explicó de nuevo la mujer a los Mossos.

También aportó las amenazas que recibió unos días antes por Telegram. “Hija de puta, así no quieres finalizar con esto. No tienes miedo por tu hija”, “si no te vamos a joder la vida”, “día y noche te vamos a vigilar”, rezaban algunos de los mensajes que aportó a la denuncia. Cuando bloqueó el teléfono, recibió a través de Whatsapp y desde un número con una imagen de perfil de los tres empleados de Antiokupa Tarraco, mensajes que la compelían a irse: “Tenemos que llegar a un acuerdo para que la propietaria recupere su piso”.

El Sindicat del Habitatge de Gràcia denuncia la actuación de este tipo de empresas de desocupación. “Van al límite de lo que pueden hacer”, critican. La organización vecinal dio apoyo a Ana, que sigue en el piso donde vivía con la mujer a la que cuidaba, que a su vez lo tenía alquilado hasta que falleció en enero. En febrero, la mensualidad se pagó automáticamente desde su cuenta, y afirman que nunca supieron nada de la propiedad hasta la llegada de Antiokupa Tarraco. El juzgado ha citado a Andrei S. y a otro empleado para que declaren por lo ocurrido, en calidad de investigados por coacciones y daños. Después de varios aplazamientos, está previsto que se expliquen en octubre.

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