El Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona) anula la construcción de 69 pisos sociales financiados con fondos europeos: “Piensan que habrá pobres conflictivos”
Manlleu, gobernado por Junts y PSC, defiende que se necesita un modelo de vivienda “con menor impacto urbanístico”
El nuevo ayuntamiento en Manlleu (Barcelona, 20.883 habitantes) ha causado estupor entre la oposición a pocos meses de conformarse. Ha tirado por tierra la construcción de dos bloques de vivienda de alquiler social, financiados con 2,8 millones de euros de fondos Next Generation, en una de las futuras zonas tensionadas de la nueva Ley de Vivienda. Si el gobierno de Junts y PSC aprobó a mediados de julio tramitar por vía urgente dicho proyecto para acceder a las ayudas europeas, un mes después lo anulaba alegando que, tras estud...
El nuevo ayuntamiento en Manlleu (Barcelona, 20.883 habitantes) ha causado estupor entre la oposición a pocos meses de conformarse. Ha tirado por tierra la construcción de dos bloques de vivienda de alquiler social, financiados con 2,8 millones de euros de fondos Next Generation, en una de las futuras zonas tensionadas de la nueva Ley de Vivienda. Si el gobierno de Junts y PSC aprobó a mediados de julio tramitar por vía urgente dicho proyecto para acceder a las ayudas europeas, un mes después lo anulaba alegando que, tras estudiarlo a fondo, atentaba contra “el carácter propio de los barrios de Manlleu”.
En un comunicado, el ejecutivo dirigido por el alcalde Arnau Rovira (Junts) y la regidora de Urbanismo Marta Moreta (PSC) describe cómo aprobaron el pliegue de las cláusulas administrativas para tramitar la construcción de 69 viviendas públicas de alquiler social en dos bloques distribuidos en la calle Rusiñol y el sector Teuleria, amparado por una financiación europea solicitada por el anterior Consistorio en mayo de 2022. Entonces el primer edil era Àlex Garrido, que gobernó en coalición con Junts. En el pleno del pasado julio votaron a favor tanto gobierno como oposición: PSC, Junts, ERC y CUP. Las ayudas se estimaban en 50.000 euros por vivienda construida.
En el mismo documento argumentan que, tras estudiar los detalles del proyecto urbanístico, “no es una buena solución al problema de la vivienda en Manlleu por las características urbanas de la ciudad”, incidiendo en la necesidad de “un modelo de vivienda con menor impacto urbanístico” que mantenga “el carácter propio de los barrios de Manlleu”. El Ayuntamiento estima que los dos bloques -de 31 y 38 viviendas respectivamente- podrían albergar “entre 80 y 100 personas”, cuando en la ciudad “solo hay tres bloques de pisos con más de 30 hogares”.
El Consistorio también reconoce que hay necesidad de poner mayor vivienda en alquiler, especialmente la pública, y promete trabajar en un plan “en el medio y largo plazo”, mientras que señala como políticas inmediatas consolidar una oficina de vivienda, poner en el mercado los más de 1.000 pisos vacíos de la ciudad y obtener acuerdos con inmobiliarias. También se menciona la previsión para la construcción de vivienda en un antiguo cuartel de la Guardia Civil a lo largo de la legislatura.
La oposición liderada ahora por Eva Font de ERC reaccionó en otro comunicado denunciando que esta renuncia a 2,8 millones de euros no presenta “ninguna alternativa concreta de nueva construcción de vivienda pública” frente a esa propuesta que en su momento fue “valorado muy positivamente por todos los grupos municipales”. “Dejan a 69 familias, jóvenes o personas mayores sin poder vivir en un alquiler asequible”, critica el documento donde califican que la nueva administración tiene “un absoluto desconocimiento de la realidad social de Manlleu”. Su renta mediana (17.150 euros en 2018) se encuentra entre el 31 y el 39% más pobre de Cataluña. La concejal explica por teléfono que no entiende que el PSC participe de este tipo de “políticas de derecha”.
Indica que la aporofobia es uno uno de los motivos que han impulsado esta decisión repentina del nuevo gobierno, tras recibir quejas de vecinos residentes en las casas unifamiliares cercanas al solar de los bloques de vivienda social: “Piensan que habrá pobres que serán conflictivos”, lamenta Font. Respecto a otras alegaciones del Consistorio, como que los futuros bloques causarían importantes aglomeraciones de tráfico o daños estructurales por estar en un terreno rocoso, la republicana zanja que todos esos aspectos técnicos “ya estaban validados” por los técnicos municipales antes de tramitar las ayudas europeas.
La localidad barcelonesa de Manlleu, en la comarca de Osona, forma parte de los 140 municipios que la Generalitat ha incluido en los trámites para limitar el precio del alquiler en el despliegue autonómico de la Ley de Vivienda. En todas esas localidades viven 6,2 millones de personas y se concentra el 80,6 % de la población de Cataluña. El Govern ha podido acelerar la tramitación para aplicar la norma porque esta tiene muchos puntos en común con la ley que aprobó en 2020, y que el Tribunal Constitucional tumbó en marzo de 2022.
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