ERC pide a Trias que garantice lealtad institucional a Aragonès para pactar la Alcaldía de Barcelona

Junts y Esquerra avanzan con discreción en las negociaciones para cerrar un pacto en el Ayuntamiento de Barcelona. La suma conjunta de 16 regidores está lejos de los 21 de la mayoría absoluta y muchos pactos serán necesarios para poder sobrevivir a un mandato que será altamente volátil según la fotografía que resulte tras las elecciones generales de julio. La propuesta del president, Pere Aragonès, de proteger las instituci...

Junts y Esquerra avanzan con discreción en las negociaciones para cerrar un pacto en el Ayuntamiento de Barcelona. La suma conjunta de 16 regidores está lejos de los 21 de la mayoría absoluta y muchos pactos serán necesarios para poder sobrevivir a un mandato que será altamente volátil según la fotografía que resulte tras las elecciones generales de julio. La propuesta del president, Pere Aragonès, de proteger las instituciones ante un posible triunfo de la derecha sigue sin cristalizarse y los republicanos, además, quieren asegurarse que Junts no sucumba ante la posibilidad de usarlo como ariete contra un Govern ya muy debilitado. De ahí que, en la base del acuerdo, esté la garantía de cierta lealtad hacia el Ejecutivo de la Generalitat.

Los malos resultados de ERC en las elecciones municipales y la inesperada convocatoria del 23-J llevó la estrategia republicana a centrarse en los pactos independentistas. El de la capital es clave, por ejemplo, para intentar despertar a un electorado secesionista (también de Junts y la CUP) que se quedó en casa en las últimas elecciones. Al mismo tiempo, sin embargo, pactar con Xavier Trias implica la paradoja de gobernar con una formación en las antípodas de muchos temas en el eje social. Las negociaciones están en intentar poner en valor eso que los une y pulir las aristas de desacuerdos tan evidentes como continuar con la conexión del tranvía.

A diferencia del Bildu, por ejemplo, Esquerra cree que no es hora de pactos progresistas que impliquen a los socialistas sino de recuperar el tono más reivindicativo en términos de lo nacional. Ni los llamamientos de la exalcaldesa Ada Colau a buscar “soluciones imaginativas” para que se imponga la mayoría de 25 regidores progresistas (sumando su partido y al PSC) parecen convencer a los republicanos. En el bloque independentista Junts y ERC compiten y los republicanos temen que sus exsocios en el Govern aprovechen el altavoz del Ayuntamiento para intentar desgastarles. El Ejecutivo que preside Pere Aragonès se sustenta en solo 33 diputados de 135 y Junts, por ejemplo, se ha apuntado a sacar réditos de la crítica directa sobre la gestión de la sequía o las políticas de Educación y renovables.

En el programa de ERC se menciona hasta 67 veces a la Generalitat y la necesidad de colaborar en muchos frentes. En los cuatro consorcios que se encargan de temas tan fundamentales como la educación, los servicios sociales, la vivienda o el transporte, el Ejecutivo catalán tiene la mayoría. Fuentes del futuro grupo municipal de Junts insisten en que los negociadores de Esquerra parten de un “planteamiento de exigencia” hacia los deberes del Govern hacia la ciudad, algo que el propio Ernest Maragall repitió hasta la saciedad en campaña.

Sin embargo, republicanos y exconvegentes se conocen y por mucho que se trabaje de nuevo en recoser la confianza las heridas del pasado siguen ahí. Tras meses sin puestos institucionales potentes y con el debate sin cerrar sobre la reorientación del pasado, ostentar la alcaldía de Barcelona es un sitio ideal para marcar perfil. De ahí que se intente tener alguna garantía de que la exigencia no se convertirá en arriete.

En el pasado, la relación entre Generalitat y Ayuntamiento se ha enrarecido muy claramente cuando el color es distinto a lado y lado de la plaza de Sant Jaume. En los últimos dos mandatos municipales, con Ada Colau en el gobierno de la ciudad, los reproches a la Generalitat han sido constantes en materia de seguridad (la falta de Mossos en la ciudad), de vivienda (la pingue aportación de vivienda de alquiler o a la mesa de emergencias por parte del Govern), o de mantenimiento de las escuelas (en lo que el Ayuntamiento ha invertido). En todos los capítulos, cuestiones que los comunes se han encargado de dejar claro que asumían “sin tener competencias en la materia” y reprochando la “inacción” de la Generalitat.

También son fuente de fricciones, sobre todo por los “contratos marco” que fijan la disponibilidad presupuestaria. En lo único que en el último mandato Colau se ha aliado con el Govern fue precisamente en el del tranvía: las obras de la infraestructura ferroviaria dependen de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM, también con mayoría de la Generalitat). En marzo, en uno de los actos de precampaña más insólitos vistos en la ciudad, Colau y el consejero Juli Fernàndez inauguraron una parada por la que no pasan trenes y señalaron que dejan encarrilada la finalización de la obra (el tramo que faltará de unión por la Diagonal entre Verdaguer y Francesc Macià), sea quien sea el próximo mandatario de la ciudad.

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