El Parlamento catalán acata la orden de la Junta Electoral Central y retira el escaño a Laura Borràs

La mesa del Parlamento catalán ha dado la puntilla política a Laura Borràs. En una reunión convocada de urgencia este jueves por la tarde se ha acordado retirarle el escaño de diputada, una decisión que responde a la orden dictada hace un mes por la Junta Electoral Central (JEC), a raíz de la condena judicial por corrupción que pesa sobre la también presidenta de Junts per Catalunya. A finales de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso a Borràs una ...

La mesa del Parlamento catalán ha dado la puntilla política a Laura Borràs. En una reunión convocada de urgencia este jueves por la tarde se ha acordado retirarle el escaño de diputada, una decisión que responde a la orden dictada hace un mes por la Junta Electoral Central (JEC), a raíz de la condena judicial por corrupción que pesa sobre la también presidenta de Junts per Catalunya. A finales de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso a Borràs una pena de cuatro años y medio de cárcel y otros 13 de inhabilitación por trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo. Ella se había negado a ceder el escaño, y figuraba como presidenta suspendida de la Cámara catalana, una condición que no le confería autoridad ni funciones. La decisión tomada este jueves por la mesa marca un punto y aparte en la situación de interinidad que había al frente del Parlament.

Será menester decidir en un pleno, convocado para el 9 de junio, el nombre de la persona que ocupe a partir de ahora la presidencia del Parlament. Pese al enfrentamiento que mantienen, Junts, ERC y la CUP coinciden en que el cargo debe quedar en manos del independentismo. El nombre de Anna Erra, exalcaldesa de Vic por Junts, ha sonado mucho como posible relevo de Borràs. También el de Marta Madrenas, quien fue sucesora de Carles Puigdemont al frente del Ayuntamiento de Girona. Por lo pronto, la decisión de la mesa da carpetazo a un caso que lleva meses coleando.

La mayoría independentista del Parlament trató inicialmente de esquivar el mandato de la Junta Electoral, presentando un recurso ante el Tribunal Supremo en el que se pedía la suspensión cautelar del acuerdo que tomó la JEC el pasado 3 de mayo. Se intentó, sin éxito, mantener la condición de diputada de Borràs, hasta que sea firme la condena por prevaricación. Pese a ese aparente frente común en la cámara catalana, el caso Borràs había enfangado las relaciones entre todos los partidos catalanes. En la mesa tienen representación ERC, PSC, la CUP y Junts. Los tres primeros han decidido este jueves en una reunión extraordinaria certificar el cese de Borràs.

Junts había hasta ahora evitado nombrar un nuevo diputado para sustituir a su presidenta, mientras el resto de grupos habían mantenido reiteradamente que Borràs se dedicaba a limar la reputación de la institución a costa de hacerse fuerte en un cargo que no podía seguir ostentando. Ella alega que su condena judicial por prevaricación responde a un caso de lawfare, una instrumentalización de la justicia para fines torticeros. “No he podido tener un juicio justo y, por tanto, no he podido tener una sentencia justa”, denunció Borràs en marzo, para acusar al Tribunal Superior catalán de “parcial”, “politizado” y dedicado únicamente a “defender la unidad de España”. Junts trató de hacer equilibrios para gestionar el asunto, evitando que la condena por prevaricación de su jefa salpicara a la campaña por las municipales.

En su sentencia condenatoria por prevaricación y falsedad, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solicitó al Gobierno que le conceda un indulto parcial para que no ingrese en prisión. Una propuesta de ese calado no es ni mucho menos habitual, aunque el Código Penal prevé que los propios tribunales que dictan sentencia puedan solicitar la medida de gracia cuando, en función del “mal causado” y de las circunstancias personales del condenado, la pena resulte “notablemente excesiva”.

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