Dos trabajadoras de un geriátrico de Tremp (Lleida) con 64 fallecidos por covid denuncian una fiesta ilegal justo antes del brote
La querella asegura que la celebración se realizó sin medidas de seguridad tres semanas antes de un brote que mató a casi la mitad de residentes
Tremp ha roto el silencio. Dos trabajadoras de la residencia Fiella de localidad ilerdense, una de las más afectadas durante la pandemia, han presentado sendas querellas contra la directora y el Patronato Fundación Fiella por un supuesto delito contra la seguridad en el trabajo. Las empleadas aseguran que celebraron el 30 de octubre de 2020 la fiesta de la Castañada, en plena segunda ola de covid-19, sin ninguna medida...
Tremp ha roto el silencio. Dos trabajadoras de la residencia Fiella de localidad ilerdense, una de las más afectadas durante la pandemia, han presentado sendas querellas contra la directora y el Patronato Fundación Fiella por un supuesto delito contra la seguridad en el trabajo. Las empleadas aseguran que celebraron el 30 de octubre de 2020 la fiesta de la Castañada, en plena segunda ola de covid-19, sin ninguna medida de precaución, tres semanas antes de declararse un brote de covid el 19 de noviembre que acabó con la muerte de 64 de los 142 residentes. La denuncia se produce en un entorno que a lo largo de los dos últimos dos años se ha mostrado muy esquivo a la hora de explicar lo que ocurrió en el interior del hogar de ancianos por el peso e influencia de la Fundación Fiella en el territorio. La Fiscalía ya actuó hace un año contra los responsables del centro por su presunta negligencia frente a la crisis sanitaria.
Según las querellas de las empleadas, avanzadas por la agencia ACN y confirmadas por EL PAÍS, la fiesta de la residencia no contaba con medidas de seguridad y los usuarios de varias plantas se mezclaron sin protección facial ni distancia social. Las denunciantes presentan imágenes de la fiesta que muestran las presuntas infracciones y plantean la posibilidad de que fuera el inicio del brote posterior. La fiesta se celebró en un contexto de fuerte repunte epidemiológico, con una incidencia semanal de más de 400 casos por cada 100.000 habitantes (un registro considerado altísimo) y con más de 2.500 personas ingresadas por covid en los hospitales catalanes. Hacía apenas seis días que el Gobierno había declarado el segundo estado de alarma y las medidas de la Generalitat impedían los encuentros de más de seis personas. La mascarilla era obligatoria.
La denuncia de las trabajadores señala las condiciones laborales “precarias” y la falta de medidas de prevención de riesgos laborales, tanto antes como durante la pandemia. Según las querellas, la jornada laboral era de más de 70 horas a la semana, incluyendo fines de semana, sin descanso, lo que se considera un horario “extenuante”, especialmente teniendo en cuenta la edad avanzada de algunas de las trabajadoras. De momento, se han presentado dos querellas en el juzgado de Tremp que investiga el caso, pero no se descarta que haya más.
El movimiento de las trabajadoras ha conseguido el aplauso de la plataforma Coordinadora de residencias 5+1, representante de los familiares afectados a lo largo de la pandemia. “Es muy importante lo que han hecho estas trabajadoras porque es difícil realizarlo en el contexto que lo han hecho”, asegura María José Carcelén, presidenta de la entidad. Tremp, capital de Pallars Jussà, es un municipio de montaña de apenas 6.000, donde la Fundación Fiella, vinculada al opispado de Urgell tiene cierta relevancia por el número de puestros de trabajo que ofrece en el territorio. “Han sido muy valientes. No hay palabras para describir cómo se puso en peligro la vida de tantas personas que acabaron muriendo”, insiste Carcelén. “La justicia, por una vez, tendría que hacer su trabajo y que pague quien ha hecho las cosas mal”. El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, el ayuntamiento del municipio y la patronal de residencias mayoritaria en Cataluña, Acra, rechazaron comentar el caso.
La Fiscalía General del Estado anunció el pasado febrero los datos sobre el número de procedimientos judiciales en trámite por el fallecimiento de más de 35.000 mayores en los centros durante la pandemia. El Ministerio Público comunicó que había 106 procedimientos judiciales en trámite a fecha de 30 de septiembre del 2022. Uno de ellos es el caso de Tremp: la Fiscalía de Lleida presentó una denuncia por homicidio imprudente contra los antiguos responsables de la residencia geriátrica de Tremp al considerar que la muerte de los ancianos también se había producido por la falta de planes de contingencia y por la gestión de la crisis.
Tras un año de investigación, la denuncia de la Fiscalía reveló que los ancianos sanos eran “obligados a permanecer” con los enfermos mientras recibían un trato inadecuado. La acusación consideró que la directora no creó una bolsa de sustitutos, no diseñó la sectorización en tres zonas (roja, naranja y verde) ni fijó circuitos para la comida, la ropa y los residuos, como había establecido la Generalitat. Cuando el brote de covid explotó, tres semanas después de la Castañada, el virus encontró, sin los planes requeridos por la administración, un contexto favorable para su propagación. El 28 de noviembre, el departamento de Salud intervino la residencia de Tremp, pero el impacto de la covid fue imparable: entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre de 2020 murieron 64 de los 142 residentes.
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