Cataluña sin ley (electoral)

Nadie sabe cuándo serán las próximas elecciones catalanas. Los más optimistas creen que se agotará la legislatura –algo que no sucede en Cataluña desde hace más de una década– y sitúan las elecciones en febrero de 2025. Los menos optimistas las ven a la vuelta de la esquina y como muy tarde justo después de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Sean cuando sean, lo que podemos dar casi por seguro es que las próximas elecciones catalanas no se van a celebrar bajo...

Nadie sabe cuándo serán las próximas elecciones catalanas. Los más optimistas creen que se agotará la legislatura –algo que no sucede en Cataluña desde hace más de una década– y sitúan las elecciones en febrero de 2025. Los menos optimistas las ven a la vuelta de la esquina y como muy tarde justo después de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Sean cuando sean, lo que podemos dar casi por seguro es que las próximas elecciones catalanas no se van a celebrar bajo una ley electoral catalana propia.

En el pasado debate de política general, el Pleno del Parlamento aprobó por amplia mayoría (91 votos de 133) una resolución presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra titulada Por el impulso de una ley electoral. En ella se relatan los numerosos intentos infructuosos de elaborar una ley electoral propia (desde la V legislatura, y vamos por la XIV) y se hace un llamamiento a las fuerzas políticas de la cámara a constituir lo antes posible una ponencia conjunta para iniciar los trámites de elaboración de dicha ley y seguir avanzando de esta manera en el “desarrollo institucional de Cataluña”.

¿Por qué hay razones para desconfiar de que esta ley salga adelante? Para empezar, resulta complicado esperar que lo que no se ha logrado en las 13 legislaturas anteriores –y con gobiernos mucho más sólidos que el actual– se logre en esta precaria legislatura que corre un gran riesgo de truncarse en cualquier momento. Pero más allá de la triste coyuntura parlamentaria actual, la verdad es que subsisten las razones de fondo que han frenado históricamente la implantación de un sistema electoral diferente del actual, caracterizado por su escasa proporcionalidad en términos comparativos.

En las recientes elecciones danesas del 1 de noviembre, el Partido Socialdemócrata de la primera ministra saliente Mette Frederiksen obtuvo el 27,5% de los votos, que le han supuesto casi el mismo porcentaje de escaños (el 28,5%). El emergente partido Moderados del antiguo primer ministro Lars Løkke Rasmussen obtuvo el 9,3% de los votos y con ello el 9,1% de los escaños. En la comunidad autónoma de Cataluña las cosas son un poco diferentes. Si se repasan los resultados de las elecciones del 14 de febrero de 2021, se puede observar que con el 21,3% de los votos ERC obtuvo 33 diputados que suponen el 24,4% de los escaños. Por su parte, el 20,1% obtenido por Junts le reportó 32 escaños que suponen el 23,7% del total. En general, con tan solo el 48% de los votos, la mayoría que invistió a Pere Aragonès el 21 de mayo de 2021 ostenta(ba) el 55% de los escaños del Parlamento (74 de 135). A la vista de estos datos, sigue siendo poco probable que los partidos independentistas mayoritarios quieran desprenderse de un sistema que tanto les beneficia, aunque sea a costa de seguir instalados en la anomalía que supone ser la única comunidad autónoma de España que después de cuatro décadas no dispone de una ley electoral propia.

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