Las 12.700 viviendas de la Sareb en Cataluña: pisos a reformar, ocupados o en lugares sin demanda

Una década después de su creación, muchos de los pisos de la Sareb, la sociedad que gestiona los activos tóxicos que los bancos acumularon tras la crisis financiera, siguen sin tener salida, y el Govern quiere aprovecharlo para ampliar su oferta de ...

Una década después de su creación, muchos de los pisos de la Sareb, la sociedad que gestiona los activos tóxicos que los bancos acumularon tras la crisis financiera, siguen sin tener salida, y el Govern quiere aprovecharlo para ampliar su oferta de vivienda pública y dar una solución a las familias que esperan en las mesas de emergencia habitacional. La semana pasada, el consejero de Economía, Jaume Giró, y la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, enviaron una carta al Gobierno —que actualmente controla la sociedad a través del FROB— solicitando que se les ceda la gestión de las 12.723 viviendas que la Sareb tiene en Cataluña, de las cuales el Govern ya tiene cedidas 922, y los ayuntamientos, 538 (155 en Barcelona). Pero tanto las administraciones como la Sareb explican que por la tipología, ubicación y el estado en el que están, la cesión de todas las viviendas sería compleja de gestionar.

Al quedarse con los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos, la Sareb tiene una cartera variada, compuesta por viviendas, construcciones inacabadas, locales, aparcamientos o solares, entre otros. Cataluña tiene la mayor concentración de viviendas de toda España. De las 43.294 que hay en conjunto, 12.723 están en territorio catalán, el 29,3%. El Govern actualmente gestiona un parque público de 21.743 viviendas, con lo que la solicitud hecha a la Sareb implicaría incrementarlo en un 58%. Carles Sala, secretario de vivienda de la Generalitat, reivindica la cesión completa, y aunque admite que no sería “fácil” ponerlos al día y gestionar su casuística, señala que sería importante para “reducir las listas de espera de las mesas de emergencia”. “Podría ser una cesión progresiva, de 2.000 pisos al año y comenzando por los que están vacíos, es un parque que la promoción no puede aportar a corto plazo”.

Pese a la petición del Govern, la Sareb recuerda que no todas las viviendas pueden ser cedidas para convertirlas en vivienda de protección oficial (VPO). Primero, por su ubicación, ya que es posible que ahí donde hay más necesidad, la Sareb no tenga pisos para cubrirla; y que donde no hay demanda, le sobren pisos. El mapa por municipios da muestra de ello, con municipios pequeños con muchas viviendas de la Sareb (La Pobla de Segur, de 2.939 habitantes, tiene 81 viviendas; Artés, con 5.648, tiene 74; o Deltebre, con 11.539 habitantes, tiene 119), o municipios con una alta demanda que la Sareb no cubriría (Tarragona tiene 146 viviendas; Girona, 185). “También puede ser que no les interese a los ayuntamientos porque no hay ascensor o por otras razones, o que no tengan capacidad para gestionarlos”, explica Pau Pérez de Acha, director de vivienda social y asequible y relaciones institucionales de Sareb.

La segunda razón que añade dificultad es el estado en el que están las viviendas. “El proceso desde que la Sareb se nutrió de los préstamos hipotecarios hasta que se van transformando a inmuebles es largo, porque los trámites se dilatan. Esto ha hecho que muchos hayan llegado en mal estado y no se puedan ceder”, explica Pérez. “El otro elemento en relación al estado de la vivienda es que no todas las viviendas están vacías, hay gente viviendo dentro en el 13% de los casos”, añade. “La mayoría no son ocupantes ilegales, sino que son familias a las que el promotor inmobiliario les alquiló el piso mientras estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Han ido pagando el alquiler y de pronto el juez, al final del proceso les dice que el contrato no vale. Eso es lo que llega a la Sareb”. Finalmente, hay viviendas que no se pueden ceder porque no responden a la necesidad de una VPO (son chalets, áticos…) y las hay que, pese a ser propiedad de la Sareb, todavía no tienen la posesión, no han finalizado los trámites.

Así, en concreto, de los 12.723 activos que tiene la Sareb en Cataluña, sobre el 39% no tiene posesión jurídica, el 20% está en venta, el 20% necesita reformas, y el 21% ya está en programas de vivienda social. De estos últimos, la mitad están cedidos a las administraciones, y la otra mitad están habitados por familias vulnerables que no han sido desahuciados, y que la Sareb tiene en un programa de alquiler social. “Desde que somos parte del sector público estamos abordando también las situaciones de ocupación ilegal a través de nuestro programa. Si hay familias que no son vulnerables y no quieren colaborar, en este caso tienen que salir”, apunta el responsable de la Sareb.

“Seguro que es un modelo mejorable y que a veces pasan cosas que no gustan. Pero nuestro mandato es claro: vender para liquidar la deuda, y gestionar los alquileres sociales que se puedan. Antes no era así, es cierto, y se intentó a través de convenios, que no han funcionado del todo, sobre todo fuera de Cataluña, pero por eso tenemos ahora nuestro programa de alquiler social”, añade. Pérez destaca que el programa tiene como objetivo la sostenibilidad social “pero también la económica: además de vender, también es importante tener ingresos de alquileres, porque la Sareb es pública y hay que retener el valor de todos”.

Colaboración con las administraciones

Estas dificultades a la hora de ceder la gestión explican que hasta ahora solo se hayan cedido 3.200 viviendas a las administraciones de toda España, pese a que el consejo de administración de la Sareb dio autorización para ceder hasta 15.000, en una política que empezó hace cuatro años. De estos pisos ya cedidos, el 55% están en Cataluña: 922 a la Generalitat y 538 a 27 municipios. “En Cataluña hay muy buena colaboración, y casi todo lo que se decidió ceder, se ha hecho. Si pide más viviendas, tendremos que estudiar nuestra cartera, ver cuáles de los que tenemos en cartera social podría gestionar la administración, y cuáles de los que están en comercialización. Para el resto de España, no tenemos tantas peticiones, porque no hemos cubierto ni lo que queríamos ceder”, relata Pérez.

Los convenios de cesión (que en el caso de la Generalitat han caducado y se están renovando, previsiblemente para un nuevo periodo de cuatro años) implican que la mitad se dan libres y la otra mitad con inquilinos. “La Generalitat fue la primera administración en pactar la cesión para aliviar la lista de espera de las mesas de emergencia, en 2016. El acuerdo contemplaba que el Govern pagara 75 euros al mes por las viviendas ocupadas, y 125 por las vacías, y que la Sareb se hacía cargo de las obras mínimas de rehabilitación”, explica Sala. Esta cesión lleva dos años en prórroga y ahora se está negociando una renovación, teniendo en cuenta que los contratos de alquiler actuales, de siete años, sobrepasan el límite en el que la Sareb se disolverá, en 2027. Sala explica que la Generalitat tiene intención de comprar las viviendas que ya gestiona a través del tanteo y retracto —en lo que va de año la Sareb ha vendido 39 inmuebles a las administraciones catalanas, y en 2021 fueron 19—, y recuerda que en los presupuestos generales hay una partida de 10 millones de euros para este fin, de los que 1,4 corresponden a Cataluña. Pero considera que “si Cataluña tiene la mitad de los pisos cedidos, lo lógico sería que nos correspondieran cinco millones”.

Regularización de las familias

En Barcelona, Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la concejal de vivienda, explica que el Ayuntamiento también está negociando una renovación del convenio para sus 155 viviendas cedidas. El consistorio paga 75 euros al mes si hay una familia, que por su parte paga un porcentaje no superior al 30% de sus ingresos. Si la vivienda está vacía, el Ayuntamiento paga 150 euros al mes a la Sareb. En el caso de que se necesiten obras, hasta 7.000 se pagan a medias con la empresa.

Tanto en Barcelona como en la Generalitat, la regularización de las familias que ocupan ilegalmente los pisos requiere varias condiciones: que el piso esté en condiciones habitables, que servicios sociales verifique su condición de vulnerabilidad, y un informe que certifique que los ocupantes no generan problemas de convivencia o actividades ilegales. Con todo, Valiño advierte de que la petición de la Generalitat no acabará con las listas en las mesas: “Nos hacemos trampas si pensamos que con los pisos de la Sareb podremos acabar con las listas de espera de las mesas de emergencia en las ciudades, porque después de tantos años quedan muy pocas viviendas vacías en Barcelona”.

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