La Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs por prevaricación y falsedad documental

La Fiscalía ha presentado este jueves su escrito de acusación sobre el caso de Laura Borràs y solicita para la presidenta del Parlament seis años de prisión y 21 de inhabilitación para ocupar cargo público por los delitos de prevaricación y falsedad documental. El ministerio público ...

La Fiscalía ha presentado este jueves su escrito de acusación sobre el caso de Laura Borràs y solicita para la presidenta del Parlament seis años de prisión y 21 de inhabilitación para ocupar cargo público por los delitos de prevaricación y falsedad documental. El ministerio público reduce así a dos la lista original de cuatro cargos por los que fue procesada la también presidenta de Junts per Catalunya, al considerar que no se cumplen las condiciones para que se le juzgue por malversación y fraude. Con este escrito presentado, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que debe fijar la fecha para que Borràs se siente en el banquillo, lo que, según el reglamento de la Cámara, implicaría que pierda su escaño y que desde ya se vislumbra como un choque de calado en el seno del Govern.

Hace dos semanas, el TSJC había procesado a Borràs por cuatro delitos: malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental por el fraccionamiento de 18 contratos públicos hechos por la líder de la Cámara cuando dirigió la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018. El beneficiario de esos contratos fue un amigo suyo, Isaías H., y la principal prueba en su contra son unos correos electrónicos en los que ella supuestamente explica cómo debe proceder para presentar la documentación. Borrás siempre ha evitado responder si esos mensajes son suyos o no. El tribunal estaba pendiente de resolver un recurso contra el auto del procesamiento y del escrito de la Físcalía, que ha sido presentado este jueves y donde también pide una multa de 144.000 euros para la líder independentista.

El ministerio público también acusa a Isaías H y a Andreu P., un particular que presuntamente habría ayudado a preparar la documentación mediante la cual obtuvo un total de 18 contratos menores, que ascienden a casi 300.000 euros. La Fiscalía considera que no hubo malversación, puesto que los trabajos sí se hicieron. La prevaricación, dice el escrito, sí tuvo lugar, pues Borràs y su amigo “actuaron de mutuo acuerdo y con unidad de propósito” para fraccionar los contratos para elaborar unas páginas web de manera que se vulneraran “los principios de transparencia y concurrencia pública” e “impidieron que la gestión del servicio pudiera ser adjudicada a otra persona”.

La investigación, agrega la Fiscalía, “muestra la confección y posterior presentación por parte de Isaías H. de presupuestos atribuidos a personas físicas y jurídicas que han negado su intervención en estos documentos, así como la realidad de la oferta que reflejaba cada uno de los presupuestos”. El Ministerio Público deja por fuera de a una cuarta persona, un funcionario de ILC que advirtió sobre el fraccionamiento a Borràs y que durante la instrucción aportó audios y rindió testimonio. Para Borràs se piden seis años de prisión y seis de inhabilitación por el delito de falsedad documental y 14 años de inhabilitación por prevaricación.

Turull: “Hay desproporción”

La presidenta del Parlament ha comparecido en la sede de su partido después de analizar el escrito de la Fiscalía, junto a su número dos, Jordi Turull. “Se ha estado asociando injustamente mi nombre a delitos de malversación y fraude. Después de cuatro años de soportar la etiqueta de ladrona, la Fiscalía dice que no hay indicios para mantener esas dos acusaciones. No seré juzgada por esos dos delitos pero ya he sido sentenciada por ellos. El mal ya ha estado hecho”, ha asegurado Borràs.

La presidenta de la Cámara catalana ha hecho una referencia a las conversaciones tenidas con Turull (condenado en el juicio al procés) y ha recordado como la inhabilitación que le pide la Fiscalía es mucho mayor que la que le pidió a Turull el Tribunal Supremo “Si eso no es persecución...”, ha dejado caer la líder de Junts. Para Borràs, profesora con plaza en la Universidad de Barcelona, el hecho de que la Fiscalía rechace dos de los delitos es una muestra de que la causa “va perdiendo fuerza” aunque se siga insistiendo en la “desproporción”, que para ella es la prueba del algodón sobre la supuesta persecución en su contra.

Antes de la comparecencia, Turull había reaccionando al escrito, asegurando que las penas solicitadas son exageradas. “Tanta desproporción acredita la persecución política. Todo el apoyo y a tu lado”, ha tuiteado. El vicepresidente de esa formación, Francesc de Dalmases, también ha mostrado su rechazo a la decisión en Twitter, donde ha pedido “la máxima responsabilidad y sentido de Estado al conjunto del movimiento independentista” ante lo que considera un montaje y una persecución política.

Ahora es el TSJC el que debe fijar la fecha del juicio oral, una vez resuelva el recurso pendiente presentado por la defensa. En él, Borràs pedía que le juzgara un jurado popular. Se trata de una vía con poca posibilidad de salir adelante, pues la ley excluye precisamente al delito de prevaricación de esa vía. La decisión del tribunal desencadenará una nueva tormenta en el seno del independentismo catalán y del Govern, pues según el reglamento del Parlament, un diputado pierde su escaño una vez se le abre juicio oral por delitos relacionados con corrupción. Borràs ha insistido en su inocencia pero ha aprovechado para insistir en que “sociológicamente” se relaciona la corrupción con los delitos de malversación y fraude, justamente los que las Fiscalía ha descartado.

Esquerra Republicana es cada vez más clara en su posicionamiento sobre el caso —cree que Borràs se envuelve en la bandera estelada para ocultar irregularidades en la contratación— y las principales espadas del partido le piden ya sin ningún tipo de tapujos que deje la presidencia de la Cámara para evitar dañar la imagen de la institución. También creen que hay que separar la presunta comisión de delitos del independentismo, para evitar que se “manche” a ese movimiento. El presidente Pere Aragonès ha sido especialmente duro, al señalar esta semana en una entrevista a Onda Cero de que si Borràs fuera de ERC su militancia ya habría sido suspendida.

La presidenta de la Cámara, sin embargo, cuenta con el apoyo público de su partido, donde ninguna voz en público le ha pedido que renuncie o que de un paso al lado. Turull ha expresado en la rueda de prensa el “apoyo granítico” a su jefe de filas y ha apelado a las otras fuerzas independentistas para que “vean que hay un Estado dispuesto a todo” contra el independentismo, relacionando el caso con la fabricación de preubas contra enemigos políticos que dibujan los audios del excomisario Villarejo. De hecho, la ponencia organizativa de Junts, que se someterán a votación en el Congreso de esta semana, incluye una modificación que encaja en el caso de Borràs. El texto prevé como una falta muy grave la sentencia firme por delitos de corrupción, aunque dejando en manos de la Comisión de Garantías que se valoren los posibles casos de lawfare (intrumentalización de la justicia contra la disidencia política). Sin embargo, este punto llega con una enmienda viva al debate del fin de semana.

Si Esquerra no da su aval para que Borràs continúe en el cargo, eso podría tener consecuencias tanto en el Ejecutivo catalán como en la configuración de la Cámara. Los republicanos podrían gobernar en solitario, pero dependerían de una geometría variable con PSC, comunes y Junts muy difícil de gestionar.

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