El Gobierno y la Generalitat se comprometen a retomar el diálogo y “superar la judicialización”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se reunirán el próximo viernes, 15 de julio, en La Moncloa. Será la primera reunión oficial entre ambos tras el escándalo del caso Pegasus, el espionaje a dirigentes independentistas sin autor conocido. La fecha ha sido acordada este viernes en Barcelona por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, en una reunión en el Palau de la Generalitat. En su comparecencia tras una hora y media de encuentro, Bolaños ha anunciado que se había alcanzado un...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se reunirán el próximo viernes, 15 de julio, en La Moncloa. Será la primera reunión oficial entre ambos tras el escándalo del caso Pegasus, el espionaje a dirigentes independentistas sin autor conocido. La fecha ha sido acordada este viernes en Barcelona por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, en una reunión en el Palau de la Generalitat. En su comparecencia tras una hora y media de encuentro, Bolaños ha anunciado que se había alcanzado un “acuerdo metodológico para reforzar el proceso de negociación”. En el documento, de dos páginas y titulado Acuerdo marco para el diálogo y la negociación, los Ejecutivos acuerdan “contribuir al fin de la judicialización del conflicto político garantizando la seguridad jurídica” y retomar la mesa de diálogo con al menos dos encuentros antes de final de año.

El documento expone que se “ha iniciado un proceso de diálogo, negociación y eventuales acuerdos para la resolución del conflicto”. Y, para dar “coherencia y continuidad” a este proceso, ambos gobiernos pactan su metodología y objetivos. El primero es poner fin a “la judicialización”, una cuestión que el independentismo siempre ha puesto sobre la mesa como algo irrenunciable para poder avanzar en las negociaciones. “Los dos Gobiernos se comprometen a contribuir al final de la judicialización del conflicto político, ya que incrementa la polarización de posicionamientos y dificulta la búsqueda de soluciones”, reza el texto, que especifica que esto deberá hacerse con “seguridad jurídica”.

Falta ver si ambas partes entienden lo mismo por “desjudicializar”. El Gobierno se limita a subrayar que se debe “apostar por vías de solución política para no tener que acudir a los tribunales”, y reivindica la concesión de los indultos a los nueve presos del procés condenados por sedición y malversación, informa Carlos E. Cué. La Generalitat considera, según fuentes del Govern, que es necesario cerrar muchas de las causas que siguen abiertas a raíz del procés. El ejemplo más claro de carpeta abierta es la que afecta a decenas de dirigentes independentistas y excargos medios de la Generalitat en el juzgado 13 de Barcelona, que intenta dilucidar si se malversó dinero público en los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Un gesto que el independentismo valoraría, según estas fuentes, es que la Abogacía del Estado optara por un perfil bajo en esta y otras causas pendientes. Ello, sin embargo, no sería garantía de absolución de los dirigentes encausados, ya que hay otras partes personadas, comenzando por la Fiscalía. El Govern aplaude como ejemplo de “desjudicialización” ya realizado la retirada de la Abogacía del Estado el pasado enero de la causa que se abrió en el Tribunal de Cuentas por el dinero público invertido en la internacionalización del procés.

Más allá de esta inconcreta “desjudicialización”, ambos Gobiernos se comprometen a rechazar “la persecución o criminalización de las diversas opciones políticas”. El documento estipula que “la actuación de las instituciones garantizará en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todos los que se identifiquen con los posicionamientos políticos y democráticos actuales en Cataluña”. Para ello, se “rechazarán actos, decisiones o mecanismos ilegítimos que vulneren estos derechos”. Este punto, según fuentes de la Generalitat, se interpreta como una garantía para que no se vuelven a repetir situaciones de espionaje como las del caso Pegasus. En este supuesto caso de espionaje el independentismo agrupa dos cuestiones distintas: por un lado, la intrusión de origen desconocido, denunciada por el organismo canadiense Citizen Lab, en los móviles de 65 personas vinculadas al independentismo; por otro, la intervención legal, con autorización judicial, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha reconocido de los móviles de 18 independentistas ―incluido Aragonès― durante los disturbios posteriores a la sentencia del procés en 2019.

La mesa de diálogo se reunirá “cuando existan acuerdos con el fin de informar a la ciudadanía”, y las reuniones se harán alternativamente en Madrid y Barcelona. La intención es que haya al menos dos en 2022.

Bolaños ha defendido que la reunión certifica “la estabilidad y solidez de las relaciones políticas e institucionales entre ambos gobiernos, y formaliza y da un impulso definitivo al proceso de diálogo”. La consejera Vilagrà se ha mostrado menos eufórica, pero ha apuntado que el documento es un primer paso para normalizar las relaciones con el Gobierno central.

Aragonès había anunciado el pasado abril, tras conocerse el caso Pegasus, que congelaba las “relaciones políticas” con el Ejecutivo central hasta que este diera explicaciones. Para buscar una salida, Sánchez aprovechó un breve encuentro durante las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona el 6 de mayo para apalabrar una reunión, cuya fecha se ha fijado finalmente dos meses después. El president Aragonès presentó esta semana una querella contra Paz Esteban, la exjefa del CNI, y contra la empresa NSO Group para que se investiguen judicialmente los pinchazos.

Sin noticias hasta ahora de la mesa de diálogo (que no se reúne desde septiembre del año pasado), Laura Vilagrà y Félix Bolaños han sido los encargados de mantener activa la vía de comunicación en estos meses de deshielo que hicieron tambalear la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez. Las asperezas empezaron a limarse el pasado 22 de junio en Madrid, cuando ambos interlocutores acordaron que se llevaría a cabo una próxima reunión entre ambos presidentes. A diferencia de lo ocurrido en una cita anterior en Barcelona, cuando pusieron una larga fila entre ambos, Vilagrà y Bolaños se reunieron este viernes en el sofá donde la consejera recibe visitas en su despacho.

Lea el acuerdo marco para el diálogo y la negociación suscrito por el Gobierno y la Generalitat este viernes. Si no puede verlo pinche aquí.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal