La Mesa del Parlament de Cataluña avala la apuesta por la desobediencia de Borràs

La Mesa del Parlament de Cataluña redobla su desafío al poder judicial. El voto delegado del diputado Lluís Puig, huido a Bélgica, constará en las actas y la Mesa se compromete a asumir todas las responsabilidades judiciales que de su publicación se deriven, según un acuerdo del órgano rector del Parlament adoptado este jueves por la noche con los votos de los independentistas. La estrategia de desobediencia azuzada por Laura Borràs, líder de Junts y presidenta de la Cámara, empujó a Esquerra a acatar un desafío del qu...

La Mesa del Parlament de Cataluña redobla su desafío al poder judicial. El voto delegado del diputado Lluís Puig, huido a Bélgica, constará en las actas y la Mesa se compromete a asumir todas las responsabilidades judiciales que de su publicación se deriven, según un acuerdo del órgano rector del Parlament adoptado este jueves por la noche con los votos de los independentistas. La estrategia de desobediencia azuzada por Laura Borràs, líder de Junts y presidenta de la Cámara, empujó a Esquerra a acatar un desafío del que recelaba y contenta a la CUP. Los servicios jurídicos de la cámara habían advertido que formalizar la desobediencia al mandato del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nulo el voto delegado de Puig puede implicar un delito de desobediencia y otro de usurpación de funciones, lo que abre la puerta a posibles penas de cárcel, además de la inhabilitación. Puig es diputado por Junts. En la mesa hay mayoría independentista, Junts, ERC y la CUP, y la afrenta al mandato del TC prosperó pese al voto en contra del PSC.

Borràs maniobró para dirigir la reacción del Parlament frente al fallo del Constitucional, y buscó el compromiso de la Mesa para burlar el mandato judicial. Durante diversas reuniones de la Mesa, los partidos independentistas avalaron el plan para ignorar la orden judicial, pero decidir cómo hacerlo sin dar origen a una causa penal aparecía como un quebradero de cabeza. El texto acordado en una última y tensa reunión de dos horas de la Mesa del Parlament anoche sella el compromiso a asumir “las consecuencias jurídicas” que se puedan derivar de la publicación de las actas. Igualmente, se señala que la “responsabilidad” por el desafío será asumida por los políticos de la Mesa, en lo que busca ser un gesto para no arrastrar a los funcionarios de la Cámara. Sin embargo, el acuerdo no explica cómo piensan hacer esta maniobra, que entraña dificultades porque son decenas las votaciones que se celebran cada mes en el Parlament y se da por hecho que los funcionarios no querrán colaborar en dejar constancia del resultado de las mismas.

La votación causó cierta sorpresa en medios parlamentarios porque fuentes de ERC habían asegurado horas antes que no tenían intención de comprometer a sus dos representantes en la Mesa, Alba Vergés y Ruben Wagensberg, en la batalla por el voto delegado de Puig. “Ya basta de teatro y de forzar cosas que no conducen a nada”, manifestaba ayer mismo un alto cargo del partido republicano. La CUP —a pesar de que también apoyó la estrategia de desobediencia en la Mesa— avisó de que no pensaba avalar un enfrentamiento “simbólico”. Los anticapitalistas aún reprochan a Borràs la gestión que hizo del caso Pau Juvillà, diputado de la CUP a quien se le retiró el escaño tras ser inhabilitado.

El pleno del Parlament celebró el este miércoles una batería de votaciones sobre propuestas que iban desde la seguridad ciudadana a los derechos de las personas que ejercen trabajos sexuales o el impulso de políticas LGTBI. En todos los casos, el resultado que figuraba en la pizarra electrónica no casaba con lo que exponía oralmente la presidenta. Los 121 votos marcados en verde en el tablero crecían a 122 cuando los contabilizaba Borràs —porque ella sumaba el de Lluís Puig pero no lo registraba formalmente—, de la misma forma que las abstenciones aumentaban en otras ocasiones de 62 a 63. “El voto del diputado Lluís Puig será contabilizado en base al sentido de voto de la portavoz de su grupo parlamentario”, justificó la presidenta de la Cámara. En un ejercicio de agudeza visual y cálculo mental, Borràs contó por dos cada pronunciamiento de la diputada de Junts Mònica Sales.

Las dudas radican en los efectos que genera semejante proceder. Más allá de lo que ponga de relieve la presidenta durante el pleno, el contenido y la firmeza de cada votación se reflejan en las actas de las sesiones. Unas actas que deben incorporar la firma de un miembro de la Mesa que cumple funciones de secretario y que, a la postre, podrían constituir la principal prueba de un hipotético delito de desobediencia. De momento no se ha publicado ninguna acta que incluya el voto delegado de Puig.

Aurora Madaula, diputada de Junts y miembro también de la Mesa, hizo una intervención en la sesión de ayer en la que pareció postularse para asumir la responsabilidad de la firma. “Pese a que hacerlo nos suponga más represión de un Estado demofóbico”, dijo. Madaula es una de las personas de confianza de Borràs.

La socialista Alícia Romero puso de manifiesto que este asunto es otro ejemplo de la “instrumentalización” que hace el independentismo del Parlament.

El acatamiento de ERC a la táctica de Borràs coincide con la reunión que van a mantener hoy en Barcelona la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y el ministro Félix Bolaños, para fijar el marco de un encuentro entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez.

Mientras trata de guiar el choque del Parlament con el poder judicial, Borràs se halla a un paso de sentarse en el banquillo por diversos delitos de corrupción relacionados con su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2018. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la ha procesado por malversación, prevaricación, fraude y falsedad. Ella ha anunciado que no va a dimitir aunque vaya a juicio, en contra de lo que mandata el reglamento del Parlament.

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