El Ayuntamiento de Barcelona desahució por “uso fraudulento” de la vivienda al vecino de Bon Pastor que se suicidó
El Instituto Municipal de la Vivienda de la capital catalana pidió en febrero al juez que se ejecutara la sentencia de desalojo pese a que el afectado había recurrido la resolución
El Ayuntamiento de Barcelona desahució al vecino de Bon Pastor (Sant Andreu) que se suicidó este lunes durante la ejecución del desalojo debido al “uso fraudulento” que este hacía de la vivienda. La concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha explicado este martes que el piso, de propiedad municipal, estaba ocupado por el hombre tras la muerte de su madre, en 2018, que fue la última inquilina “legítima”. El Instituto Municipal de la Vivienda de B...
El Ayuntamiento de Barcelona desahució al vecino de Bon Pastor (Sant Andreu) que se suicidó este lunes durante la ejecución del desalojo debido al “uso fraudulento” que este hacía de la vivienda. La concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha explicado este martes que el piso, de propiedad municipal, estaba ocupado por el hombre tras la muerte de su madre, en 2018, que fue la última inquilina “legítima”. El Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona pidió en febrero pasado al juez que se ejecutara una sentencia de desalojo a su favor, pese a que el afectado había recurrido la resolución judicial.
Martín ha detallado que la persona residente en la vivienda, “un hombre adulto que vivía solo y no tenía personas a su cargo”, fue contactada desde 2018 por los servicios municipales para regularizar su situación. Según ha relatado, a principios de 2019 recibieron “quejas vecinales” que indicaban que en el piso tenían lugar “ruidos y peleas, además de entradas y salidas reiteradas” de individuos. Según la edil, se constató que en el piso se había realojado a dos personas. En 2020 se recibió la queja de un sujeto que “estaba viviendo de realquiler” en la vivienda y que “de un día para otro” había sido expulsado de la casa. Estos elementos, ha destacado la autoridad municipal, constituyen la base para afirmar que existía “un uso fraudulento de la vivienda”.
De acuerdo con la concejal, los servicios sociales municipales intentaron establecer un vínculo formal con el ocupante, pero este se negó en repetidas ocasiones a dar información que facilitase analizar su situación, o bien a solicitar ayuda. “En ese momento es cuando se presenta la demanda”, ha indicado Martín, que ha defendido que esta medida es “inhabitual” cuando se trata del parque público de vivienda. La edil ha explicado que el Consistorio gestiona un parque público de 11.000 viviendas. Durante 2021, ha agregado, se dieron 15 desahucios y 985 mediaciones.
El magistrado que se ocupó del caso sentenció que la vivienda fuera desocupada. Posteriormente, el ocupante del piso de Bon Pastor recurrió contra esa sentencia; aunque el Instituto Municipal de la Vivienda requirió la ejecución provisional de la misma, algo que –según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– puede llevarse a cabo a pesar de recurrirse una sentencia en primera instancia. La fecha del desahucio se fijó para el 12 de mayo.
Ese día los servicios municipales encontraron al ocupante de la vivienda en un estado “nervioso” y “exaltado”. De acuerdo con el TSJC, el lanzamiento fue pospuesto por la comitiva judicial debido a que el vecino de Bon Pastor alegó vulnerabilidad.
La nueva fecha estipulada, la del 30 de mayo, dio lugar finalmente al desahucio de la vivienda. Según Martín, esta se encontraba vacía, algo “habitual” en estos casos. Fue durante el cambio de puerta y cerradura cuando llegó el ocupante del piso, en la calle de Sèquia Madriguera.
En un comunicado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha criticado este martes que “el sistema de protección social ha fallado” en el caso de esta persona, que se suicidó lanzándose del balcón del piso donde había vivido hasta entonces. “Nuestra experiencia al atender a personas con problemas habitacionales nos demuestra que la atención social por parte de las diferentes administraciones es insuficiente”, ha destacado la PAH, que también ha subrayado que los protocolos tienen un defecto en común, que es “poner la responsabilidad para ponerlos en marcha sobre los hombros de la persona afectada”.
El documento también ha recordado el caso del vecino de Sants que falleció en circunstancias similares hace menos de un año; así como el de dos hermanas de 70 y 79 años que fueron encontradas muertas en Santander hace unos días, y que se enfrentaban a un desahucio inminente.
Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal