Los partidos, pendientes de la negociación de la Ley de Vivienda
Las formaciones políticas piden que la futura normativa habilite a las comunidades para regular el precio del alquiler, tanto de grandes tenedores, empresas o particulares
Con la regulación del alquiler tumbada por el Tribunal Constitucional, los partidos que apoyaron la normativa en Cataluña (ERC, Junts, la CUP y los comunes) están muy pendientes de cómo queda la futura Ley de Vivienda, que desde hace 10 días es un proyecto en trámite en el Congreso de los Diputados.
En síntesis, y con matices, reclaman dos cuestiones. Una, que la futura ley habilite a ...
Con la regulación del alquiler tumbada por el Tribunal Constitucional, los partidos que apoyaron la normativa en Cataluña (ERC, Junts, la CUP y los comunes) están muy pendientes de cómo queda la futura Ley de Vivienda, que desde hace 10 días es un proyecto en trámite en el Congreso de los Diputados.
En síntesis, y con matices, reclaman dos cuestiones. Una, que la futura ley habilite a las comunidades autónomas para regular el precio del alquiler (una cuestión que ahora no figura en el texto, aunque se ha instalado cierta sensación de que así acabará siendo). Y dos, que la regulación afecte a todos los pisos de alquiler, tanto si son de grandes tenedores, empresas o particulares, como era el caso de la ley catalana. El texto en trámite solo obliga a limitar rentas a los grandes poseedores. A los particulares les ofrece bonificaciones fiscales, si rebajan los precios.
La diputada de ERC en el Congreso Pilar Vallugera asegura que “no” permitirán “ninguna invasión competencial” y defiende una regulación catalana “en base al Código Civil propio”. “La ley catalana ha demostrado que es válida”, indica. También pide que la futura norma estatal habilite a las comunidades y recuerda que el Govern trabaja “en una LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos] catalana”.
Desde Junts, la diputada en el Parlament Glòria Freixa exige que la futura regulación delegue las competencias a Cataluña, tal y como prevé el artículo 150 de la Constitución, para que se pueda “regular el alquiler desde la experiencia de un año y medio”.
Por parte de los comunes y también desde la Cámara catalana, la diputada Susana Segovia apunta que el texto de ámbito estatal “es un punto de partida que hay que mejorar para que ofrezca las mismas garantías que la catalana, que se ha demostrado que funciona” y recuerda que no cuenta con un régimen sancionador.
Montse Vinyets, diputada de la CUP en el Parlament, tacha el texto que se tramita en el Congreso de “ley muy descafeinada, sin medidas efectivas”. “En cualquier caso la competencia para regular los arrendamientos es del Parlament”, apunta. “La CUP no esperará la aprobación de esta ley estatal y trabajará en una LAU catalana que vaya más lejos de lo que contemplaba la de contención de rentas”, declarando el conjunto de Cataluña como zona tensa, no solo las mayores ciudades.