La asociación ‘fantasma’ que persigue a Ada Colau

Registrada en Madrid, con un despacho inactivo en el corazón de Barcelona y presidida, supuestamente, por un investigador de Granada. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que ha logrado llevar ante el juez a Ada Colau por subvenciones a entidades afines, se caracteriza por su opacidad. Carece de actividad conocida más allá de la pugna judicial que ha emprendido contra el Ayuntamiento de Barce...

Registrada en Madrid, con un despacho inactivo en el corazón de Barcelona y presidida, supuestamente, por un investigador de Granada. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que ha logrado llevar ante el juez a Ada Colau por subvenciones a entidades afines, se caracteriza por su opacidad. Carece de actividad conocida más allá de la pugna judicial que ha emprendido contra el Ayuntamiento de Barcelona: impugnó, también, la multiconsulta con la que Colau pretendía preguntar sobre la municipalización del servicio de agua.

La oficina de la ATCD está en un edificio contiguo a la Casa Comalat, una joya del Modernismo en la avenida Diagonal. El nombre y el logo de la asociación (un árbol blanco sobre un fondo azul) no aparecen en ningún sitio: ni en las placas del vestíbulo, ni en los buzones, ni en la puerta, donde una señal invita a “empujar”. En el mostrador, una recepcionista busca el nombre del presidente “el señor Benítez... Paco”. Se trata, según un portavoz externo de la asociación, de Francisco Luis Benítez, un experto en blockchain [conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, sin necesidad de la intermediación de terceros] y democracia digital de la Universidad de Granada.

La página web se actualiza poco, pero presenta un aspecto cuidado. Creada en abril de 2017, la asociación fue iniciativa de un “grupo de ciudadanos” preocupados por la democracia. Su primer objetivo declarado es “favorecer la participación” y proteger a los ciudadanos del “abuso de las administraciones”. Pero sus acciones se han centrado, paradójicamente, en torpedear procesos participativos, como la consulta de Colau o la iniciativa del Ayuntamiento de Valladolid para municipalizar el agua. María Sánchez, concejal del grupo Toma la Palabra, recuerda las presiones de la asociación y las amenazas de acciones judiciales. En una nota difundida en junio de 2017, la ATCD explicaba la demanda que interpuso en el juzgado contra la incorporación de la plantilla de Aguas de Valladolid en la nueva empresa pública. La nota la firmaba “Luis Benítez, presidente”. Su teléfono corresponde al de Francisco Luis Benítez, que el viernes no atendió las llamadas de este diario.

El equipo de Colau sospecha que detrás de la querella se esconde, de nuevo, la eterna batalla del agua. “La asociación es conocida por su actividad judicial, que consiste en denunciar a cualquier Ayuntamiento que ha querido abrir el debate sobre la gestión del agua”, explica Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación. Sospechas similares ha lanzado públicamente Ada Colau: “Para mí hay una pregunta sobre la mesa: ¿quién denuncia? No se les conoce actividad, no se sabe quiénes son, cómo se financian”. Pese a que el código ético de su partido, Barcelona en Comú, establece que cualquier cargo público debe dimitir si es imputado en un caso de corrupción, Colau ha rechazado presentar su renuncia.

La asociación, que ha declinado hacer comentarios a este diario, asegura en su página web que se sufraga con “aportaciones” de los socios, que ha renunciado a pedir ayudas públicas para “mantener la independencia” y que sus responsables (“profesionales liberales y funcionarios de la Administración”) trabajan 2, o sea gratis, una expresión del mundo jurídico que indica que está integrada sobre todo por abogados. Los que firman la querella son dos penalistas de postín de Granada: Cristina Pasquau y Ernesto Osuna, este último, abogado defensor en algunos de los grandes casos de corrupción de Andalucía, como el caso Malaya o el de los ERE.

Al nacer, la asociación prometió organizar “foros, seminarios, campañas de concienciación”. No hay noticia de ellos. También se comprometió a publicar online “toda la documentación legal”, incluidos sus estatutos. Han pasado cuatro años y nada de eso ha ocurrido. Resulta difícil conocer, ya no a los miembros de la junta directiva, sino discernir si Benítez es el presidente. Sus miembros justifican ese velo de misterio, siempre por boca de un portavoz externo, para “evitar personalismos”. La asociación por la transparencia prefiere mantenerse en el anonimato.

La entidad tampoco comenta la querella, que acusa a Colau de cinco delitos. La acusan de entregar una “lluvia de dinero” a entidades afines con las que ella y miembros de su equipo de gobierno habían mantenido relaciones laborales y afinidades ideológicas. Colau declarará como investigada el próximo 4 de marzo. Una querella de contenido casi idéntico, presentada por otra asociación, fue archivada el pasado junio por la Fiscalía, que descartó “trato de favor” de la alcaldesa.

“Está fuera de lugar el ataque a quien denuncia, sería más eficaz que diera una explicación”, afirma el mismo portavoz. La página web contiene ataques a Colau en noticias que aluden a reglamentos de participación de Pamplona o Madrid. Allí se mencionan las “tendencias manipuladoras en Barcelona por la tendenciosa manipulación de la ciudadanía del equipo de Colau para ganar en la calle (muy minoritariamente) lo que no gana en los escenarios democráticamente institucionalizados que garantizan la participación de todos y todas”. En otra noticia del blog se congratulan de que la macroconsulta de Colau se ha aplazado “en parte” por sus “esfuerzos”.