Un concejal armado en el muelle de los bitcoins

Eduardo Beltrán protagonizó hace dos meses uno de los crímenes más rocambolescos que ha cometido un político en España. La versión de la policía detalla que el pasado 4 de octubre, durante una operación de compraventa de criptomonedas, Beltrán amenazó con una pistola a tres hombres en el Puerto Olímpico de Barcelona, les robó 145.000 euros y sus teléfonos. Poco después fue detenido, geolocalizado por medio de uno de los móviles. Beltrán era entonces concejal del PSC en Cànoves i Samalús, un municipio de 3.000 habitan...

Eduardo Beltrán protagonizó hace dos meses uno de los crímenes más rocambolescos que ha cometido un político en España. La versión de la policía detalla que el pasado 4 de octubre, durante una operación de compraventa de criptomonedas, Beltrán amenazó con una pistola a tres hombres en el Puerto Olímpico de Barcelona, les robó 145.000 euros y sus teléfonos. Poco después fue detenido, geolocalizado por medio de uno de los móviles. Beltrán era entonces concejal del PSC en Cànoves i Samalús, un municipio de 3.000 habitantes en el cinturón industrial del Vallès Oriental (Barcelona).

El PSC suspendió de militancia a Beltrán, miembro del partido desde 2018 y concejal desde 2019. El Ayuntamiento aprobó su dimisión como edil el pasado 25 de noviembre en un pleno en el que el político, que no quiere hacer declaraciones a los medios de comunicación, no asistió alegando motivos médicos.

Muchas sombras cubren la poca luz que arroja el caso. EL PAÍS ha reconstruido lo que sucedió aquel día a partir de fuentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra y de siete testimonios de la reyerta. Los hechos se produjeron en el muelle más apartado del puerto, la Escullera del Poblenou. Se trata de un paseo protegido del mar por un dique de abrigo, con barcos amarrados y unos cincuenta locales de dos plantas, usados sobre todo como oficinas y para almacenar material de las embarcaciones. En algunos casos también se utilizan, de forma irregular, como viviendas.

A la hora del almuerzo de aquel 4 de octubre, una discusión rompió la habitual calma del muelle. El responsable de un almacén de tablas de surf, que avisó a la policía, y otros habituales de la zona se alarmaron al escuchar los gritos. Beltrán y otros tres hombres, dos españoles y otro de origen africano, salieron discutiendo de uno de los locales. El concejal subió a un taxi estacionado en frente y los tres hombres intentaron obligarlo a que bajara del vehículo, momento en el que Beltrán sacó un arma. Sus interlocutores se apartaron y el taxista abandonó el coche.

Beltrán se puso al volante. Mientras maniobraba el taxi para darse a la fuga, los tres hombres intentaron impedirle el paso y la emprendieron a golpes contra el vehículo. Fue en vano. El concejal consiguió escapar, pero apenas recorrió con él 300 metros. Al final del muelle dejó el coche bloqueado en un obstáculo y siguió huyendo a pie. Una patrulla de la Guàrdia Urbana, la policía municipal de Barcelona, lo arrestó en el barrio de Horta, a cuatro kilómetros del lugar donde se originó la discusión. En ese barrio viven familiares de Beltrán. El detenido, corroboran fuentes de los Mossos d’Esquadra, llevaba consigo una placa de Guardia Civil falsa con la que presuntamente se hacía pasar por agente de este cuerpo.

Los tres hombres con los que discutió le denunciaron por el robo de 145.000 euros. Llevaba encima, además, 147.400 euros de curso no legal en billetes de 200 euros que estaban identificados como facsímiles, según fuentes de la policía autonómica. Algunos medios de comunicación, incluido EL PAÍS, publicaron que Beltrán había sido denunciado por el taxista por el robo de 11.000 euros, pero las mismas fuentes policiales niegan este extremo. El Juzgado de Instrucción Número 31 de Barcelona dejó al detenido en libertad provisional con medidas cautelares (comparecencias periódicas ante las autoridades y retirada del pasaporte). Está investigado por un posible delito de robo con violencia, intimidación, hurto y uso de vehículo a motor.

Un “cajero humano”

El local donde se produjeron los hechos cuenta con dos plantas: en la de arriba hay una mesa en la que de vez en cuando se celebran reuniones, según indican vecinos del establecimiento; en la planta de acceso, según ha podido confirmar este diario, solo hay una caja fuerte, un sofá, una nevera y unas luces de colores que por la noche se mantienen encendidas. José Luis Flores, administrador de la sociedad domiciliada en el local, confirma que dos socios emplean este inmueble para operaciones de compraventa de criptomonedas. El administrador asegura que desconocía lo ocurrido con Beltrán.

En la Escullera del Poblenou, a pocos números del local donde sucedieron los hechos, hubo un cajero de criptomonedas, pero ya no está operativo. Era una franquicia de la compañía Group BTC, que ya no lo incluye en su página web. Estos cajeros son máquinas que permiten operaciones de compraventa de monedas digitales, como bitcoin o Ethereum. Group BTC es propiedad de Miguel Pavón, un empresario que ha sido objeto de denuncias por presuntas estafas con criptomonedas y otros productos de inversión.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió el pasado octubre una alerta avisando de que Group BTC no está autorizada para operar con divisas o en el asesoramiento de inversiones. Los Mossos no vinculan a esta empresa con los hechos del 4 de octubre. Una persona que mantiene un pleito con Pavón, con larga experiencia en criptomonedas y que pide permanecer en el anonimato alegando motivos de seguridad, explica que las particularidades del local donde se produjo el delito coincidirían con lo que se conoce como cajero humano. Por tal se entiende a un intermediario que reúne a las partes que quieren comprar y vender criptomonedas, y que se asegura de que el canje llegue a buen puerto. En opinión del consultado, el robo de los móviles podría obedecer al interés en tener acceso al monedero digital en el que se guardan las criptomonedas, y al registro de operaciones con este.

Beltrán se dedicaba formalmente al sector inmobiliario. El alcalde de Cànoves i Samalús, Josep Cuch, explicó tras los hechos que en una de las últimas conversaciones que ambos mantuvieron, el todavía concejal del PSC se congratuló porque los precios de la vivienda se estaban recuperando después de los peores momentos de la pandemia de la covid. Ninguno de sus compañeros de Consistorio había detectado nada inusual en la vida y la conducta del edil, hasta que aquel 4 de octubre tuvo su día de furia.