El Govern renuncia a defender a los ‘mossos’ heridos en la investidura fallida de Puigdemont

El juego de malabares del Govern para satisfacer a los sectores del independentismo más críticos con los Mossos d’Esquadra dejan situaciones surrealistas en los juzgados. Este jueves comienza el juicio contra siete hombres por su presunta participación en los incidentes ocurridos el 30 de enero de 2018 en los alrededores del Parlament, durante la investidura fallida de Carles Puigdemont. Cinco mossos resultaron heridos leves. Hasta hace dos semanas, los abogados de la Generalitat estaban personados en el procedi...

El juego de malabares del Govern para satisfacer a los sectores del independentismo más críticos con los Mossos d’Esquadra dejan situaciones surrealistas en los juzgados. Este jueves comienza el juicio contra siete hombres por su presunta participación en los incidentes ocurridos el 30 de enero de 2018 en los alrededores del Parlament, durante la investidura fallida de Carles Puigdemont. Cinco mossos resultaron heridos leves. Hasta hace dos semanas, los abogados de la Generalitat estaban personados en el procedimiento en defensa de los agentes y acusaban a los manifestantes de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Pero una orden del Departamento de Interior obligó a los letrados a retirarse de la causa penal.

La orden, firmada por el secretario general, Oriol Amorós, el 10 de noviembre —mientras Esquerra y la CUP negociaban la aprobación de los Presupuestos— afirma que en el caso del Parlament “no se ha podido individualizar los causantes de las lesiones que sufrieron” los cinco mossos. La argumentación, coinciden fuentes judiciales, no se sostiene y además es contraria al criterio mantenido hasta la fecha por Interior. Va, además, un paso más allá de lo pactado para que los anticapitalistas dieran su apoyo a la investidura de Pere Aragonès: entonces se dijo que la Generalitat solo ejercería la acusación cuando hubiera policías con lesiones acreditadas. Un requisito que se cumple en el caso del Parlament, aunque se trate de lesiones leves: contusiones en distintas partes del cuerpo y cervicalgias.

Durante las dos últimas semanas, los servicios jurídicos del Govern han remitido escritos a la Audiencia de Barcelona, algunos contradictorios entre sí, hasta el punto de que la celebración del juicio está ahora en entredicho. El 12 de noviembre, los abogados informaron al tribunal de que renunciaban a ejercer la acusación particular y se apartaban el procedimiento penal “de conformidad con la orden de la secretaría general”. El día 16 añadieron que dejaban de representar no solo a los cinco mossos lesionados, sino también a los otros siete que, sin sufrir daños, fueron objeto también de un delito de atentado a la autoridad. El 19, recularon: una vez “revisadas las actuaciones”, pidieron que la Generalitat no sea acusación particular pero sí mantenga la representación de la “defensa de los intereses” de los mossos afectados. Según fuentes judiciales, este viraje se debió a presiones internas: Interior pidió a los agentes que renunciasen voluntariamente a la defensa —a la que tienen derecho como funcionarios en el ejercicio de sus funciones— y estos se negaron.

Policías sin representación

El último escrito es del 23, dos días antes de la primera sesión del juicio. Lo firma ya no un letrado de Interior sino el director de la Dirección General de Asuntos Contenciosos, que depende de Presidència. Se vuelve al escenario ordenado por Amorós: no se puede “individualizar los causantes de las lesiones” y por tanto, “no se pide indemnización como responsabilidad civil”. “En coherencia” con la renuncia, el texto asegura que no es “viable seguir con la defensa de los intereses de los mossos”, a quienes se había “trasladado verbalmente” la renuncia. Y sugiere al tribunal que, si quiere, suspenda el juicio, algo que la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona ha rechazado hasta escuchar, este martes, a las partes. Uno de los mossos sí estará representado, pero por un abogado particular: José Antonio Bitos, del sindicato USPAC.

La Fiscalía pide penas de entre dos y cuatro años de cárcel para siete independentistas que participaron en las movilizaciones del 30 de enero por desórdenes públicos y atentado a la autoridad. En su planteamiento inicial (enero de 2019), la Generalitat solicitaba, por los mismos delitos, penas de hasta dos años de cárcel. El relato de los hechos de uno y otro es similar. Las entidades independentistas convocaron movilizaciones por la investidura y unas 5.000 personas se acercaron al parque de la Ciutadella, que alberga el Parlament.

Por la tarde, un grupo de “estética antisistema agitó a la masa y provocó tensión” con la policía, según la fiscal. Los manifestantes rompieron las cadenas en tres puntos del parque y trataron de “acceder al Parlament”, pero no lo lograron porque toparon con una segunda línea policial y vallas metálicas. Hubo “empujones”, “lanzamientos de objetos” y “puñetazos” a la policía, hasta que los antidisturbios cargaron. Entre estos manifestantes están presuntamente los siete acusados, incluidos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).